Implementando un procedimiento de evaluación de impacto ambiental Integral: Certificación Ambiental Global

Autor: Miguel Ángel Soto 

De cara a la implementación de proyectos mineros y energéticos, el Cuarto Paquete de Reactivación Económica prevé, entre otras, la posibilidad de integrar distintos permisos sectoriales en el EIA, a fin de que la Certificación Ambiental autorice la ejecución de ciertas obras, así como regula el procedimiento de otorgamiento de servidumbres sobre terrenos eriazos de propiedad estatal.

Las estimaciones de crecimiento de nuestra economía para el 2015, proyectadas hacia fines del año pasado en 5.5% y a inicios del presente en 4.8%, han sido drásticamente reducidas a menos del 4% –y con miras a cerrar en alrededor de un 3%– debido, principalmente, a una contracción de las inversiones producto de cautelosas decisiones corporativas que observan con recelo el emprendimiento de nuevos proyectos. Así, en el primer bimestre del año, las inversiones mineras disminuyeron en 11.8% con respecto al período similar del 2014.

En respuesta a dicha coyuntura, ha sido promulgada la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible No. 30327 (“Ley”), que pretende influir en el crecimiento de la economía a través de la implementación de disposiciones que –entre otras– optimicen los procedimientos y tramitación de los permisos con incidencia ambiental requeridos para el inicio de la ejecución de un proyecto.

El Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental

La Autoridad Ambiental Competente se encuentra a cargo de la evaluación y aprobación de los EIA; sin embargo, como parte de dicho procedimiento resulta necesario requerir la opinión técnica de otras autoridades respecto de materias que sean de su especialidad y competencia. Dichas opiniones, dependiendo de su vinculatoriedad, serán merituadas al momento que se elabore la Resolución que aprueba el EIA.

En tal sentido, la evaluación de un EIA se rige por un procedimiento administrativo complejo en donde confluyen una serie de autoridades (ANA, SERNANP, MINAG, SERFOR, DICAPI, DIGESA, entre otras), siendo su aprobación el resultado de la colaboración específica de órganos de consulta, técnicos y profesionales, con competencia para emitir opiniones en asuntos administrativos y gubernamentales, los mismos que asesoran con sus dictámenes, opiniones y pareceres a la Autoridad Ambiental.

Caber precisar que –a la fecha– la aprobación del EIA únicamente certifica la viabilidad ambiental (y social) de un proyecto, no constituyendo un título habilitante que autorice la ejecución de actividades. Por ello, posteriormente debe iniciarse una serie de procedimientos ante  diversas autoridades –muchas de las cuales opinaron en el procedimiento de evaluación del EIA–, a fin de obtener permisos constructivos.

Lo anterior es de suma importancia, toda vez que –a la fecha– en la evaluación de los EIA las autoridades intervinientes valoran la información contenida en dicho instrumento ambiental presentado por el inversionista y emiten su opinión, razón por la que esta herramienta tendría que ser potenciada para lograr la implementación de lo que, como se desarrollará a continuación, es la Certificación Ambiental Global.

Optimizando el Procedimiento: Certificación Ambiental Global

Bajo el escenario antes descrito, la Ley introduce la herramienta de la Certificación Ambiental Global, la cual permite que como parte del proceso de evaluación del impacto ambiental se incluyan al EIA (Categoría III) determinados títulos habilitantes que emiten otras entidades sectoriales, articulando en un único procedimiento administrativo hasta 11 permisos y autorizaciones exigidas por la legislación nacional, permitiendo así tramitarlos de manera simultánea a fin de obtener una autorización única e integrada emitida por el SENACE, que faculte el inicio de la ejecución de determinadas obras de un proyecto.

Los permisos susceptibles de integración son: Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico, Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, Autorización de Uso de Agua, Autorizaciones de Vertimiento y Reúso, Autorización de Desbosque, Autorización Sanitaria para Tanque Séptico, Opiniones Técnicas del Sistema de Tratamiento y Disposición de aguas residuales, Opiniones Técnicas para Vertimiento y Reúso, Derecho de Uso de Área Acuática, y la Opinión técnica vinculante para el otorgamiento de autorizaciones de extracción de materiales de acarreo en cauces naturales de agua. La Ley considera los Estudios de Aprovechamiento Hídrico; sin embargo, ello actualmente puede ser incluido en el EIA. Asimismo, se consideran dos permisos únicamente aplicables al sector hidrocarburos y que actualmente ya han sido incorporados al EIA: Plan de Contingencias y Estudio de Riesgo.

Lo que se busca con dicho instrumento es la eficiencia de los procedimientos administrativos, evitando duplicidades innecesarias e irrazonables, sin comprometer la calidad de los estudios ambientales y los trámites vinculados, ni la rigurosidad que demanda la evaluación de impacto ambiental, dentro de un marco regulatorio que pueda alentar la planificación anticipada.

Sobre el particular, y de cara a la reglamentación de la Ley, debe quedar claro que la inclusión de los permisos, licencias y/o autorizaciones al EIA debe ser una prerrogativa del inversionista, pudiendo éste optar si integra o no determinados permisos a su certificación ambiental o si tramita una certificación ambiental tradicional. Ello dependerá de las necesidades y consideraciones propias de cada proyecto de inversión, puesto que en determinados casos podrá ser más conveniente tramitar los permisos con independencia del EIA. En ese sentido, resulta importante que con la reglamentación de la Ley se dote a este instrumento de la mayor flexibilidad posible para que sea el inversionista quien pueda optar entre un instrumento y otro.

Ahora bien, ¿por qué un proyecto de generación hidroeléctrica menor a 20MW o un proyecto de exploración minera no podrían beneficiarse de la Certificación Ambiental Global? Sin perjuicio de lo positivo que resulta la introducción de dicha herramienta en nuestra regulación, debe incidirse en que la misma se limita a los EIA Categoría III a cargo del SENACE, lo cual resulta poco razonable tomando en cuenta que podría ser perfectamente aplicable a proyectos categorizados en la Categoría II (Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado) y Categoría I (Declaración de Impacto Ambiental). Ello es un aspecto que debería ser modificado en el corto plazo.

Autorizaciones para el Levantamiento de Líneas Base

La Línea Base es un aspecto esencial de toda evaluación ambiental pues describe, en base a información levantada en campo, el estado actual del área de actuación previa a la ejecución de un proyecto, con la finalidad de identificar las medidas idóneas para la prevención de impactos.

Ahora bien, el levantamiento de la Línea Base supone en muchos casos la colecta de recursos forestales, de fauna o hidrobiológicos, razón por la que el titular de un proyecto –una vez aprobados los Términos de Referencia (“TdR”) del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”)– debe obtener autorizaciones de investigación de parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR o el Ministerio de la Producción – PRODUCE, según corresponda.

En ese sentido, la Ley establece que en dichos casos la Autoridad Ambiental solicitará la emisión de opiniones técnicas a las referidas autoridades, como parte del procedimiento de clasificación ambiental del proyecto; lo cual permitirá que con la aprobación de la clasificación ambiental y de los TdR, a través de un único procedimiento, pueda elaborarse el EIA, incluyendo las investigaciones, extracciones y colectas respectivas para la Línea Base.

Uso Compartido de Líneas Base

Otra de las novedades de la Ley, es que se prevé la posibilidad de que el titular de un proyecto opte por el uso de la información de las Líneas Base de EIA aprobados, para la elaboración de un nuevo instrumento de gestión ambiental, sujeto a que: (i) la actividad prevista en el nuevo proyecto se encuentra íntegramente ubicada en el área física de la Línea Base preexistente; y, (ii) no hayan transcurrido más de 5 años desde la aprobación del EIA que contiene la Línea Base que se pretende utilizar.

Si bien el uso compartido contribuye al proceso de evaluación del impacto ambiental, es claro que –en la práctica– el empleo de dicha herramienta será parcial, toda vez que en la mayoría de los casos las áreas de influencia ambiental y social de los proyectos no son las mismas. A ello habría que sumarle el hecho del recelo que podría generarse en aquellas empresas que habiendo invertido en el levantamiento de su Línea Base, ven que la misma es aprovechada para otro proyecto, evitándole o reduciéndole dicho costo al titular de éste último.

A Modo De Conclusión

La evaluación de impacto ambiental es una herramienta idónea para optimizar la actuación de todas las autoridades que, aún cuando intervienen en dicha evaluación, posteriormente a la aprobación de un EIA otorgan permisos sectoriales. Sin embargo, ello no será suficiente si la Autoridad a cargo de su implementación carece de los recursos suficientes –técnicos y económicos– así como de profesionales con experiencia en sectores tan complejos como el minero y energético. Es importante que los futuros evaluadores del SENACE se nutran de las experiencias de la Direcciones del MINEM, porque será un error tratar de hacer un borrón y cuenta nueva.

Asimismo, urge la implementación de la Ventanilla Única Ambiental, la cual debe funcionar como un sistema integrado que permita a las partes involucradas gestionar, a través de medios electrónicos, los trámites requeridos para el otorgamiento de la Certificación Ambiental Global, además de buscar garantizar la atención oportuna de los procedimientos con el soporte informático requerido para asegurar una adecuada gestión de la información así como una eficiente coordinación intersectorial.

Asociado de Rubio Leguía Normand

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