La Ley de Garantía Mobiliaria en la circulación de los derechos crediticios

Autor: Diego Becerra Farje

La Ley 28677, ley de Garantía Mobiliaria, se publicó el 1 de marzo de 2006 y entró en vigencia el 1 de junio del mismo año. El propósito de su creación fue reemplazar el sistema que existía en materia de garantías sobre bienes muebles. Debido a ella se derogó el derecho real de Prenda regulado en el Código Civil y todas las prendas contenidas en la legislación especial.

La mayor parte de la doctrina se ha centrado en estudiar los efectos de la creación de la ley de garantía mobiliaria, (en adelante LGM), en materia de derechos reales. Sin embargo, dicha ley también ha incidido ampliamente en el mundo de las obligaciones.

En el presente artículo estudiaremos, brevemente en razón al espacio concedido, la garantía mobiliaria y como ésta ha afectado a los derechos crediticios, específicamente en la cesión de derechos.

  1. La garantía mobiliaria y los derechos de crédito

De acuerdo al artículo 3 de la LGM[1], la garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble mediante acto jurídico que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de una obligación.

Con el pasar de los años, se ha ido desvaneciendo la creencia de que los bienes inmuebles tienen mayor valor que los bienes muebles, y es que hoy en día se ven muchos más casos en que los precios de los segundos llegan a ser tan altos como los primeros. En ese sentido, era de imaginarse que más temprano que tarde, acreedores buscaran asegurar sus créditos con los bienes muebles.

El Código Civil no define lo que es jurídicamente un bien, pero sí hace una enumeración sobre cuáles son bienes inmuebles y cuáles son muebles. La mayor parte de la doctrina diferencia las cosas de los bienes, siendo los primeros el género y los segundos la especie [2]  [3]. Bien, es toda entidad de la cual podemos valernos para satisfacer un interés económico debido a su contenido patrimonial, nos produce un bienestar; de ahí proviene su nombre. El sol, el aire y las estrellas son cosas, pero no son bienes por su falta de contenido patrimonial. [4]

Más bien, el artículo 2 de la LGM nos brinda una definición de bien mueble:

Artículo 2º.- Términos empleados en esta Ley

Para los efectos de esta Ley se entiende por:

  1. Bien mueble: cualquier bien mueble o conjunto de bienes muebles, de acuerdo a la enumeración que contiene el Código Civil y la presente Ley. (…)

Ahora, dentro de la LGM encontramos su artículo 4, el cual establece cuáles son los bienes muebles que pueden ser objeto de garantía mobiliaria:

Artículo 4º.- Bienes comprendidos en esta Ley

La garantía mobiliaria a que se refiere la presente ley puede constituirse sobre uno o varios bienes muebles específicos. (…)

Pueden ser objeto de la garantía mobiliaria:


(…) 10. Los créditos, con o sin garantía mobiliaria.

De acuerdo a lo señalado, la LGM define bien mueble como los que se encuentran enumerados en el Código Civil y la presente ley. En ese sentido, al decir luego que los derechos de crédito pueden ser objeto de garantía mobiliaria, nos está indicando que dichos derechos deben ser considerados como bienes muebles; de otra forma no podrían ser objeto de garantía mobiliaria. Podrá ser luego materia de discusión si en efecto los derechos de crédito deben ser catalogados como bienes muebles, pero por lo pronto no podemos obviar el precepto legal y tener en cuenta que una cosa es lo que nos gustaría que diga la ley y otra es lo que dice ésta.

  1. El registro mobiliario de contratos y la cesión de créditos

El artículo 32 de la LGM establece que los actos jurídicos inscribibles que recaigan sobre bienes muebles registrados en un Registro jurídico de bienes, se inscribirán en la correspondiente partida registral. En caso contrario, se inscribirán en el Registro Mobiliario de Contratos, en adelante RMC.

En ese sentido, cuando se requiera inscribir una garantía mobiliaria que recaiga sobre un carro, los cuales son bienes que se inscriben en el registro vehicular, el acto se inscribirá en su respectiva partida y no en el registro mobiliario de contratos.

Dicho artículo también realiza un listado de cuáles son los actos que son inscribibles en el RMC, siempre y cuando éstos recaigan sobre bienes comprendidos en su artículo 4. Entre estos actos se encuentra la cesión de derechos. Creemos que esto se debe a lo siguiente: al ser considerados los derechos de crédito como bienes muebles, es inteligible  que la LGM se ponga en el supuesto de que se puedan inscribir las cesiones de derechos, ya que se está inscribiendo un acto jurídico que afecta un bien mueble (los derechos de crédito), como quedó determinado en el acápite anterior.

Ahora, por la sexta Disposición Final de la LGM se derogó el artículo 1217 del Código Civil, el cual establecía lo siguiente:

“Artículo 1217.- Si un mismo derecho fuese cedido a varias personas, prevalece la cesión que primero fue comunicada al deudor o que éste hubiera aceptado”.

El artículo derogado se planteaba la siguiente situación: un acreedor A es titular de un derecho de crédito sobre B, luego A le cede su crédito a C, como la única formalidad para la cesión es que sea por escrito (artículo 1207 C.C), será muy difícil que alguien se entere que A cedió su crédito. Entonces, A se aprovecha de esto y vuelve a ceder su crédito, pero en esta oportunidad a D y de la misma manera vuelve a ceder el crédito a E.

Ni C, D o E tienen como saber que el crédito fue cedido anteriormente, entonces la solución que adoptaba el código era preferir al que comunicaba primero al deudor.

Sin embargo, con la derogación de esta norma por la LGM nos encontramos con la imposibilidad de aplicar dicho artículo, lo cual nos coloca ante dos situaciones:

  1. Cualquiera de los cesionarios, C, D o E, amparados en el artículo 32, inscribió su cesión en el registro mobiliario de contratos. Por lo que desde ese momento se presume que ya es de conocimiento del deudor y no sería necesaria la comunicación (artículo 2012 C.C).
  2. Ninguno de los cesionarios inscribió su cesión.

No parecería haber mayor problema en el primer supuesto porque al inscribir su cesión, se presume que el contenido de las inscripciones es conocido por todos, por lo que en el escenario de que el deudor le pagara a alguien más, éste (el deudor) no podría alegar el desconocimiento porque la cesión había sido inscrita. En consecuencia, nos encontraremos ante un pago indebido.

No llegamos al mismo final feliz respecto del segundo supuesto: si ninguno inscribe y no se puede aplicar el derogado artículo 1217 del código sustantivo, ¿Qué cesionario será el prevaleciente? Somos de la opinión de que la LGM al haber incluido a los derechos de créditos dentro de la categoría de bienes muebles, debiera ser de aplicación el artículo 1136 en el caso de concurrencia de acreedores; por supuesto, no podríamos aplicar el supuesto de la tradición, pero sí podríamos aplicar la regla de la prevalencia a favor de aquel acreedor que tenga el documento con fecha cierta más antigua, y en su defecto, el título de fecha anterior.

  1. A manera de conclusión

Mediante el presente artículo hemos querido esbozar algunas consideraciones que creemos meritorias de atención respecto de la influencia que ha tenido la LGM en materia de derechos crediticios y no sólo en lo referido a derechos reales por la derogación de las normas referentes a la Prenda.

Son muchas más las inquietudes que nacen a partir de esta norma, entre ellas, ¿es que acaso al permitir que se inscriban las cesiones de créditos los deudores deben estar más alertas y acudir a los registros públicos para saber que su derecho no haya sido cedido y de esta manera evitar un pago indebido?, ¿Ha cambiado la naturaleza del registro? ¿No es que solo los derechos reales acceden al registro por su carácter oponible erga omnes y excepcionalmente los de crédito (por ejemplo el arrendamiento?

Será tarea de los estudiantes de Derecho promotores de la cultura y de la investigación jurídica plantear alguna respuesta a estas dudas; por lo pronto tendremos que dejarlo para una próxima oportunidad.

Lima, 21 de junio de 2015.

­­­­­­­­­­­­­­­

Bibliografía citada:

[1]  Artículo 3º.- Garantía Mobiliaria
3.1 La garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble mediante un acto jurídico, destinada a asegurar el cumplimiento de una obligación. La garantía puede darse con o sin desposesión de bien mueble. En caso de desposesión, puede pactarse la entrega del bien mueble afectado en garantía al acreedor garantizado o aun tercero depositario.

[2]             Néstor Jorge Musto, en Derechos Reales: Tomo I, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2000, pp. 105 y ss.

[3]             Al respecto, Gunther Gonzales Barrón, en Curso de Derechos Reales, Jurista Editores, Lima, 2003, pp. 106 y ss. 

[4]             Héctor LaFaille – Jorge Horacio Alterini, en Derecho Civil Tratado de los Derechos Reales, editorial Ediar, Buenos Aires, 2011, pp. 19 y ss., en particular pp. 20 – 23.

Bibliografía consultada

[5]             Massimo Paradiso en, La circulación de las obligaciones, lectura seleccionada por Leysser L. Leòn en, Derecho de la relaciones obligatorias, Jurista Editores, Lima, 2007, pp. 235 y ss.

[6]             Raúl Ferrero Costa en, Curso de Derecho de las Obligaciones, 3º edición actualizada, Editora jurídica Grijley, Lima 2004, pp. 194.

[7]             Luis Díez – Picazo y Antonio Gullón en, Sistema de Derecho Civil, vol. II, Novena Edición, editorial Tecnos, España, 2001, pp. 237 y ss.

Director de Relaciones Públicas de la revista ADVOCATUS

Related Posts

Podcast más reciente