El derecho de acceso a la justicia ambiental en el Perú y el paradigma de la naturaleza

El derecho de acceso a la justicia ambiental en el Perú y el paradigma de la naturaleza

“Jorge Basadre decía que el Perú es problema y posibilidad. Pero el asunto está en que nos hemos revolcado en los problemas y hemos olvidado las posibilidades”

Antonio Brack

Los paradigmas en el derecho ambiental y el concepto de Acceso a la Justicia Ambiental.

En la realidad peruana, resulta sumamente complicado poder encontrar un concepto claro respecto al término “justicia”, y más aún, poder aplicarla de una forma adecuada y sin ambigüedades. Ello a su vez, se ve influenciado por las múltiples definiciones y acepciones de cómo nos la han presentado durante nuestra formación como profesionales del derecho, dejándonos, en muchos casos, más dudas que certidumbres.

Es entonces, cuando nos damos cuenta que definir el concepto de justicia es una tarea de verdad tediosa; esto se agrava al tratar de relacionarlo con lo concerniente al medio ambiente, el cual guarda una estrecha relación con el concepto de naturaleza y el paradigma que podamos tener respecto a ella. Bien señala Ricardo Luis Lorenzetii, cuando menciona al paradigma ambiental como “la preeminencia al contexto por sobre la norma. El procedimiento habitual es subsumir un término legal en un contexto que le da sentido, y que no es el ordenamiento, sino el modelo de decisión adoptado por el intérprete de antemano”[1].

Es en ese sentido, traigo a colación la investigación que realizó el Dr. Edgar Sánchez Velarde en su artículo “¿A qué paradigma de gestión de la naturaleza adscribe la normativa peruana sobre calidad ambiental?”[2], en el cual centra su investigación en 23 dispositivos legales que cubren el periodo 1991 – 2013, dando como resultado la identificación de 60 conceptos, de los cuales los 20 primeros corresponden a más del 90% de citas del análisis. Cabe señalar que Diversidad es el término que más aparece (10.71%). Le siguen los conceptos de Gestión y Proceso participativo (gubernamental), dando entre estos tres un total de 27.68% de citas totales.

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De este modo, se podría afirmar que en la normativa ambiental peruana está parcializada a la gestión de la diversidad y con una fuerte injerencia de los diferentes entes gubernamentales o tomadores de decisión. Además, Sánchez nos menciona que “existe un grupo de 14 conceptos que no han sido citados ni una sola vez. Estos conceptos son: Máquina (el ecosistema entendido como una máquina), Simplicidad, Retroalimentación, Emergencia (de propiedades), Uniformidad, Homogeneidad, Heterogeneidad, Óptimo (Rendimiento), Múltiples atractores, Perturbaciones (Control), Perturbaciones (Promoción), Impactos (Promoción), Predecibilidad (predicción) y Aprendizaje. Como se ve, algunos de estos conceptos atañen a la naturaleza del ecosistema que se quiere gestionar (Emergencia, Predecibilidad, Uniformidad, a modo de ejemplo) mientras que otros se refieren a los objetivos de dicha gestión (obtener Óptimos Rendimientos, controlar las Perturbaciones, a modo de ejemplo). Evaluación global de los conceptos agrupados por los objetivos generales de la gestión, por la naturaleza del ecosistema y por las herramientas y metas usadas en la gestión.”, es entonces que, por un lado,  comprendemos que la naturaleza es compleja y por el otro, no llegamos a incorporar conceptos en nuestras normas a miras a un mejor gestión de la naturaleza, quedando en deuda la construcción del vínculo que debe existir entre la ciencia y la formulación de las normas en el Perú.

Ahora bien, considerando estas premisas, resulta necesario sentar posición respecto a lo que podemos entender sobre el término de justicia ambiental, es así que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos lo define como “el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas, independientes de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo  y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales[3].

Al deconstruir este concepto, podemos darnos cuenta con diversas categorías jurídico – ambientales, contemplando tanto las acciones por parte de los tomadores de decisión y la administración de justicia, como la inclusión a toda la ciudadanía con el objeto de incorporarse, sin ningún tipo de limitación (principio de no discriminación), en la aprobación de políticas y normas, así como a su adecuada aplicación sobre los recursos naturales, medio ambiente y naturaleza.

De igual manera, la profesora María Elena Guerra Cerrón señala al derecho de acceso a la justicia ambiental como “un mega derecho o mega garantía, para la realización de los derechos, tanto sustantivos como subjetivos. Se trata de asegurar el camino o la vía hasta llegar al Sistema de Justicia, evitando barreras, asegurar el ejercicio de la tutela jurisdiccional y finalmente obtener una tutela jurisdiccional efectiva. Es por ello que este mega derecho exige posturas totalmente distintas a las convencionales de parte del Estado y principalmente de los magistrados”[4], siendo el concepto, en nuestra literatura nacional, que más se acerca a la realidad de nuestro ordenamiento jurídico.

En tal sentido, identificamos que a pesar de que tanto en el derecho internacional como en nuestra legislación, han logrado ponerse de acuerdo en conceptualizar lo que respecta al derecho de acceso a la justicia ambiental; esto no sucede al considerar un problema de fondo, el cual es aterrizar en nuestra legislación los términos que configuran la complejidad del ambiente y más aún, la repetición masiva de conceptos como el de calidad ambiental, el cual tiene un significado distinto entre las normas nacionales que la contemplan. Siendo ello, un error recurrente, presente en la formulación de normativas y políticas públicas en materia ambiental.

Conclusiones

Se debe reconocer el avance significativo que ha tenido el desarrollo del derecho de acceso a la justicia ambiental en nuestro país, un proceso de mejora continua que no solo ha contado con participación del Estado, sino también por parte de la sociedad privada, el sector académico, y desde luego, la participación de la ciudadanía en general, elemento fundamental de la Gobernanza Ambiental.

Así como se han tenido aciertos y avances, también existen retos que están pendientes de ser cumplidos, ejemplo de ello podemos tener que hasta la fecha en la regulación nacional, no existe una acción ambiental específica que se dedique a velar por la prevención de riesgos o daños ambientales, así como la rehabilitación de los daños generados.

Existe una suerte de paradoja en la materia penal ambiental, dado que por una parte se considera la necesidad de actualizar de manera constante la tipificación de los delitos ambientales, y por otro lado, la penalización del derecho administrativo, entendiéndose que todo lo que el derecho administrativo no puede resolver se derivará al campo penal, teniendo como consecuencia que hasta la fecha existan más de diecisiete mil quinientos procesos penales por delitos ambientales, es decir una carga procesal que sobrepasa la capacidad de las entidades jurisdiccionales.

El manejo de información ambiental que importe al derecho de acceso a la justicia ambiental, es limitado. Esfuerzos puntuales a nivel mundial tenemos el Environmental Justice Atlas[5] presentado por el Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente, el cual nos muestra conflictos ambientales surgidos en distintos países del mundo y que podría, a través de protocolos de interoperabilidad, comunicarse con el Sistema de Información Ambiental (SINIA). A nivel nacional debemos destacar el trabajo del Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (Sinada) del OEFA y la implementación de mecanismos de acceso a la información ambiental por parte de múltiples instituciones públicas. Pero a pesar de estos avances, aún queda pendiente el sistematizar, difundir y analizar la jurisprudencia en materia ambiental para una mejor fundamentación de forma y fondo de los procesos judiciales entablados en materia ambiental.

Existe una tarea pendiente en el fortalecimiento de la labor jurisdiccional a través de la capacitación constante a los jueces y fiscales, por parte de la Academia Nacional de la Magistratura en sinergia con los sectores competentes, así como evaluar la creación de tribunales ambientales especializados.[6]

Finalmente, es importante crear mecanismos adecuados e institucionalizados que acorten la brecha entre las comunidades y las personas de bajos recursos con la actuación Estatal, todo esto en miras de tutelar efectivamente, el ejercicio del derecho al acceso a la justicia ambiental, convirtiéndose en un pilar para el sostenimiento de la igualdad en el Perú.

Bibliografía

  • FOY VALENCIA, Pierre. 2014. Derecho Ambiental y Empresa. Universidad de Lima.
  • LORENZETTI, Ricardo Luis. 2008. Teoría del Derecho Ambiental. México. Editorial Porrúa.
  • MORALES CASTILLO, Fabiola.  2008. Hacia la justicia ambiental. Lima. Fondo Editorial del Congreso del Perú.
  • OCDE y COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 2016. Evaluaciones del desempeño ambiental Perú 2016. Aspectos destacados y recomendaciones. Santiago.
  • https://www.oecd.org/environment/country-reviews/16-00313%20Evaluacion%20desempeno-Peru-WEB.pdf
  • SANCHEZ, Edgar y  FALERO, Mariza. 2015 ¿A qué paradigma de gestión de la naturaleza adscribe la  normativa peruana sobre calidad ambiental?. Revista de Ecología Aplicada.

Notas del autor:

[1] LORENZETTI, Ricarlo Luis. Teoría del Derecho Ambiental, Editorial Porrúa, México. P. 7

[2]  SANCHEZ, Edgar y  FALERO, Mariza. ¿A qué paradigma de gestión de la naturaleza adscribe la  normativa peruana sobre calidad ambiental?. Revista de Ecología Aplicada. P. 164

Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/307734172_A_QUE_PARADIGMA_DE_GESTION_DE_LA_NATURALEZA_ADSCRIBE_LA_NORMATIVA

_PERUANA_SOBRE_CALIDAD_AMBIENTAL

[3] MORALES CASTILLO, Fabiola. Hacia la justicia ambiental. Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2008, p. 42.

[4] FOY VALENCIA, Pierre, “Derecho Ambiental y Empresa”.2014.U de Lima.

[5] Disponible en: https://ejatlas.org/

[6] Recomendación N° 18 de la Evaluación del desempeño ambiental PERÚ 2016 – OCDE

Disponible en:

https://www.oecd.org/environment/country-reviews/16-00313%20Evaluacion%20desempeno-Peru-WEB.pdf

Formación profesional en derecho ambiental por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Becario en el Magister Governance of Risk and Resources por la Universidad de Heidelberg de Alemania. Asistente de cátedra de los cursos de Derecho Procesal Constitucional y Filosofía del Derecho (UNMSM). Ocupé los puestos de consultor externo en el Ministerio del Ambiente y supervisor en minería en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

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