Un punto medio…

En estos días, el Congreso se encuentra debatiendo una modificación al sistema de multas previsto en el Decreto Legislativo N° 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (en adelante, Ley de Libre Competencia). No obstante ello, de forma paralela, se viene tramitando otro proyecto de ley que también pretende modificar la Ley de Libre Competencia[1], mediante el cual se busca ampliar las facultades de la Secretaría Técnica y la Comisión de Defensa de la Libre Competencia para suspender el procedimiento durante su tramitación.

¿Cuál es su origen? En el año 2016, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N° 1272 que modificó (y agregó) disposiciones de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Entre ellas, se incorporaron reglas vinculadas a la caducidad del procedimiento administrativo sancionador cuya aplicación también comprende los casos de libre competencia seguidos en el INDECOPI.

Dicha entidad sostiene –entre otros aspectos- que la complejidad inherente de cada caso y el uso de recursos (de apelación) por parte de los administrados no permiten resolver los procedimientos de libre competencia dentro del plazo (ampliado y máximo) de 12 meses, antes de que las reglas de caducidad puedan ser invocadas.

Por ello, el proyecto de ley[2] tiene como objeto habilitar a la Secretaría Técnica (órgano que investiga y acusa) y a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (órgano decisor) a suspender el plazo del procedimiento en los siguientes supuestos:

  • Cuando una de las partes apele una decisión que rechaza la confidencialidad de un documento y dispone su inclusión en el expediente público, hasta que la Segunda Instancia emita su pronunciamiento.
  • Ante el requerimiento a terceros u otras entidades públicas para que aporten documentos relevantes para la determinación de una infracción.
  • Cuando el administrado tenga que subsanar o ampliar las respuestas a los pedidos de información.
  • Ante las notificaciones de actos en el extranjero que dependan de la participación de otra entidad del Estado o de la colaboración de autoridades en el extranjero.

En mi opinión, este inconveniente debe solucionarse y, si bien la suspensión del procedimiento por un tiempo limitado es adecuada, la propuesta del INDECOPI abarca supuestos innecesarios.

Si el problema es que el órgano decisor (Comisión de Defensa de la Libre Competencia) no cuenta con tiempo suficiente para resolver los casos, la solución debe limitarse a dicho inconveniente. En tal sentido, el proyecto de ley únicamente debiera facultar a la Comisión a suspender el procedimiento hasta que finalice la apelación presentada por los administrados en la Segunda Instancia [punto (i)].

El resto de supuestos contemplados en el proyecto de ley son ajenos al ámbito de decisión del caso y se vinculan al trámite del procedimiento a cargo de la Secretaría Técnica, por lo que pueden ser solucionados en la investigación preliminar, fase previa al procedimiento sancionador, y que no está sujeta a las reglas de caducidad, sino al plazo de prescripción de las infracciones a la libre competencia que es de 5 años.

En la actualidad, esta situación ya ocurre.

Las investigaciones preliminares en trámite superan el año y en esta etapa, se envían los requerimientos de información cuya preparación demanda mayor tiempo a las empresas investigadas y terceros (incluidas, las entidades públicas). A partir de la información recopilada y durante la investigación, es que se determina la necesidad de realizar pedidos adicionales o notificaciones en el extranjero. Todo ello, previo al inicio del procedimiento y sin necesidad de que plazo de caducidad inicie su conteo.

Incluso, en el escenario de requerimientos de información (a terceros y entidades) o cuando esté pendiente que el administrado subsane o amplíe su respuesta, la Ley de Libre Competencia faculta a la Secretaría Técnica a imponer sanciones de hasta 1,000 UIT a aquellos que no colaboren con sus investigaciones ya sea destruyendo, ocultando o negándose a entregar información. Esta facultad es bastante utilizada por la Secretaría Técnica en los casos que los administrados son renuentes a entregar información.

En el caso de las notificaciones en el extranjero, sea información relevante para el análisis de la presunta infracción o para determinar la responsabilidad de un tercero, la Secretaría Técnica ya habrá podido dilucidar ello en la investigación y la mejor forma de canalizar las notificaciones (sea de forma directa o apoyándose en las agencias de competencia con acuerdos de cooperación), sin encontrarse sujeta al plazo de caducidad de 1 año, sino por el plazo de la investigación preliminar (5 años).

¿Por qué ello ocurriría en la investigación preliminar? El artículo 21 de la Ley de Libre Competencia exige que la resolución de inicio del procedimiento identifique al agente económico imputado, lo cual, evidentemente, se verifica en la investigación preliminar. Así pues, previo al inicio del procedimiento, también podría dilucidarse este supuesto.

Por ello, la alternativa propuesta también reforzará que la Secretaría Técnica acuse una vez tenga los aspectos de trámite (notificaciones, confidencialidades y plazos de envío de información) dilucidados.

Más allá de que el proyecto de ley atienda un problema que merece ser solucionado, el Congreso debe advertir que esta solución sea puntual –solo habilitando a la Comisión a suspender el procedimiento- y que la modificación no debilite las reglas de caducidad que obligan a la autoridad a iniciar casos en que cuente con indicios razonables de una presunta infracción y con los aspectos del trámite de la investigación preliminar ya clarificados. A fin de cuentas, la figura de la caducidad es parte del Principio del Debido Procedimiento Administrativo, pues evita la existencia de procedimientos administrativos de duración indefinida que perjudica directamente a los administrados.

Notas del autor:

[1]           Proyecto de Ley N° N° 2271/2017-PE.

[2]       El 12 de junio pasado, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos –con ligeras modificaciones- aprobó dicho proyecto de ley, por lo que será evaluando por el Pleno.

Abogado por la Universidad de Lima. Asociado del Estudio Lazo, De Romaña & CMB Abogados.

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