La Necesidad de Dinamizar el Proceso de Otorgamiento de Derechos Petroleros.



Autores:

Giancarlo Guardia y Susana Ramos

La industria petrolera está en crisis. La producción petrolera en nuestro país ha descendido de cerca de 130,000 barriles diarios en el año 1993 a cerca de 60,000 barriles en el presente año[1]. Ello genera que Perú sea un importador neto de petróleo crudo. Así, en el año 2013, se importó 84,700 barriles de crudo por día, lo que equivale a  3,355 millones de dólares en dicho año.[2]

Dicha crisis también se refleja en el número de Contratos de Licencia y Servicios, los mismos que sirven como  instrumentos legales a través de los cuales el Estado les entrega a los particulares el derecho de explorar y explotar hidrocarburos. Así, en el año 2009 existían 87 contratos de licencia, mientras que actualmente únicamente existen 66 contratos[3]. Dicho dato se vuelve más dramático si tenemos en consideración el número de contratos que a la fecha se encuentran en fuerza mayor. En tal sentido, de los 66 contratos vigentes, 30 de ellos se encuentran en fuerza mayor, ya sea por la falta de aprobación de los permisos correspondientes o por conflictos sociales[4].

Para completar este panorama, debemos considerar el número de pozos exploratorios que se perforan anualmente en Perú. Así, en los últimos 5 años se perforaron, en promedio, solamente 10 pozos anuales. Dicho dato resulta sumamente preocupante si tenemos en consideración que, durante un periodo similar, en Colombia se perforaron en promedio cerca de 120 pozos exploratorios por año[5]. Este dato es particularmente relevante en la medida que sin perforación exploratoria es imposible aumentar la producción nacional.

Ante dicha coyuntura negativa, resulta necesario preguntarnos qué cambios se deben implementar en la actual regulación hidrocarburífera, de forma tal que el sistema legal peruano resulte verdaderamente promotor de las actividades de exploración y producción petrolera.

Ello, no solamente es importante para incrementar la inversión privada en el país (aproximadamente el 9% de los ingresos por impuesto a la renta de tercera categoría en el 2013 correspondieron al sector hidrocarburos[6]), sino por cuanto la existencia de producción petrolera local resulta fundamental para asegurar nuestra independencia energética, y que, en consecuencia, no estemos sujetos a la volatilidad de los precios internacionales o el suministro externo de crudo.

De tal forma, sin perjuicio de las valiosas propuestas brindadas hasta la fecha por los diferentes gremios empresariales del sector, hay un punto al que deberíamos prestarle particular atención y que impacta en forma directa en el número de empresas participantes en la actividad petrolera, así como en el desarrollo de sus actividades: la dinamización de los procesos de contratación.

Actualmente, el sistema de asignación de lotes petroleros funciona de la siguiente forma: Perupetro es el encargado de definir el área de los lotes petroleros, e iniciar un concurso público para la adjudicación de tales lotes. Para tal efecto, el postor deberá  acreditar ante Perupetro que cuenta con la capacidad técnica, económica y financiera para llevar adelante las actividades comprendidas en los Contratos de Licencia bajo licitación, proceso al cual se le denomina “calificación”. Solo los postores que hayan sido calificados por Perupetro podrán acceder a dichos lotes petroleros.

Una vez llevado a cabo el concurso público y elegido al postor ganador, se inicia el complejo sistema de suscripción del Contrato de Licencia. Dicho proceso se inicia con la aprobación del contrato por parte de Perupetro. Luego, dicho acuerdo debe ser aprobado por los Ministerios de Energía y Minas (MEM) y de Economía y Finanzas (MEF), para luego ser aprobado por el Presidente de la República. Así, cada contrato petrolero es aprobado mediante un Decreto Supremo suscrito por el Presidente de la República y los Ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas.

Una vez suscrito el Contrato de Licencia, cualquier modificación del mismo, incluyendo los programas de trabajo exploratorios, o la incorporación de nuevos socios, requerirá que se lleve adelante el mismo proceso descrito en forma previa: calificación, aprobación por parte del Directorio de Perupetro y Decreto Supremo aprobado por el Presidente de la República, con el referendo del MEF y el MEM.

En tal sentido, cada vez que una empresa desea acceder a un lote de exploración y explotación petrolera o buscar a un socio para sus operaciones, no solo deberá pasar por un proceso de calificación a cargo del Estado, sino que posteriormente deberá obtener la aprobación de diversas entidades estatales, incluyendo al mismo Presidente de la Republica.

Se podría tratar de justificar dicho esquema señalando que es necesario controlar qué empresas participan en dicho sector, dados los efectos ambientales o sociales que sus actividades pueden producir. Sin embargo, lo mismo podría argumentarse de otros sectores productivos en el país, y en particular del sector minero, los cuales no cuentan con el complejo sistema de contratación existente en la industria petrolera.

De tal forma, basta tener en consideración el proceso seguido por un inversionista minero, para darse cuenta que el esquema usado por el sector petrolero requiere una pronta modificación para dotarlo de mayor dinamismo.

Así, para obtener derechos de exploración y producción de minerales, el interesado deberá solicitar una concesión minera ante la Dirección General de Concesiones Mineras del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (“INGEMMET”).

La solicitud de concesión puede ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, con o sin experiencia minera previa, y no se requiere entregar información financiera respecto del solicitante, únicamente debe contener un formulario de petitorio minero (en un formato preparado por INGEMMET) incluyendo los datos de la concesión minera que se solicita, e indicando el área solicitada en base a la cartografía elaborada por el propio INGEMMET.

El procedimiento puede tomar entre 6 a 8 meses aproximadamente, y el título de concesión minera es otorgado mediante una resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del INGEMMET. Asimismo, en caso se requiera una transferencia de las participaciones de un proyecto minero no se requiere una aprobación gubernamental, sino que bastará con la celebración de un contrato de derecho privado y su inscripción  en el Registro de Derechos Mineros de Registros Públicos.

Como se puede apreciar, el proceso para la obtención de derechos de exploración y explotación minera resulta mucho más ágil que el proceso para la obtención de derechos similares en el sector hidrocarburos. Ello podría estar colaborando a que el número de inversionistas y de actividades exploratorias en el sector minero superen largamente las existentes en la industria petrolera.

Así, de acuerdo con el Boletín Estadístico del Subsector Minero publicado por el MEM, el número de solicitudes de petitorios mineros a nivel nacional entre Enero de 2014 y Abril de 2015 ascendió a 9069. Asimismo, los títulos otorgados por el INGEMMET durante dicho periodo ascendieron a 3838. Dichas cifras contrastan duramente con los números del sector hidrocarburos. Así, en dicho sector, durante el periodo comprendido entre Enero de 2014 y Abril de 2015 únicamente se suscribieron 2 contratos.

En el 2013, Perú superó el record histórico de inversiones en el sector minero al alcanzar los US$ 9,400 millones, especialmente en los rubros de exploración e infraestructura minera. Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 63,000 millones[7].

Las causas de la crisis de la industria petrolera nacional son múltiples, y dependen de factores internos y externos, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, pero es probable que exista una oportunidad de mejora en los procesos existentes para el otorgamiento de derechos de exploración y explotación petrolera.

Resulta necesario reevaluar dicho proceso de contratación, de forma que se le otorgue una mayor libertad y dinamismo al mismo, y que el marco legal realmente promueva la inversión en hidrocarburos. Caso contrario, la producción nacional seguirá declinando, y nos volvemos cada vez más dependientes de los factores externos para el abastecimiento de energía a nuestro país.

[1] Fuente: Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía.

[2] Fuente: Sociedad Peruana de Hidrocarburos

[3] Fuente: Perupetro S.A.

[4] Idem.

[5] Fuente: Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros.

[6] Fuente: Sociedad Peruana de Hidrocarburos

[7] Fuente: Ministerio de Energía y Minas.


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