Rafael Artieda Aramburú

Socio en Casahierro Abogados

17 de Enero del 2019

Reglamento de la Ley que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales

 

Mediante Ley N° 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2018, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otros aspectos, en la adecuación de la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la lucha contra la elusión y evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La delegación comprende también la facultad de legislar para garantizar la asistencia administrativa mutua con fines fiscales, como la adopción de estándares de acceso, disponibilidad e intercambio de información del beneficiario final de las personas jurídicas y entes jurídicos, previendo que los profesionales del derecho y de las ciencias contables y financieras deban proporcionar dicha información a la autoridad competente cuando accedan a ella en una condición o situación distinta al ejercicio profesional, respetándose los derechos y principios previstos en la Constitución Política del Perú.

En el marco de las facultades delegadas en virtud de la Ley Nº 30823, con fecha 2 de agosto de 2018 fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo N° 1372, que regula la obligación de las personas jurídicas y entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales y establece en su artículo 3º, numeral 3.1,  la definición del beneficiario final aplicable para el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como para la lucha contra la evasión y elusión fiscal:

“Artículo 3.- Definiciones y referencias

3.1 Se entiende por:

  1. a) Beneficiario Final:

Se refiere a:

a.1) la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos, conforme a lo previsto en el artículo 4; y/o,

a.2) la persona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre se realiza una transacción.

Para los efectos del literal a.2) entiéndase por “cliente” a la definición prevista en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF – Perú).

Las expresiones “finalmente posee o controla” o control efectivo final utilizadas en el presente Decreto Legislativo se refieren a situaciones en que la propiedad y/o control se ejerce a través de una cadena de propiedad o a través de cualquier otro medio de control que no es un control directo.

Las acepciones de beneficiario final contenidas en el presente literal son aplicables, según corresponda, para los efectos del presente Decreto Legislativo, las normas complementarias aplicables y las referidas a la asistencia administrativa mutua en materia tributaria, así como las que regulan el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

(…)”

 

El Decreto Legislativo en mención regula, asimismo, los criterios para determinar el beneficiario final de las personas jurídicas y entes jurídicos, así como los mecanismos para obtener y conservar la información del beneficiario y su utilización, y las medidas para asegurar la presentación de la información del beneficiario final.

La Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1372, dispuso que el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días, debía emitir un Decreto Supremo en el que se regule el detalle de la información que se debe recolectar y declarar sobre el beneficiario final, así como las acciones que deben realizar e implementar las personas jurídicas y/o entes jurídicos obligados a presentar la declaración del beneficiario final para acceder, proporcionar y conservar dicha información.

En ese contexto, con fecha 8 de enero de 2019, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 003-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1372, a través del cual se regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del Reglamento, se encuentran obligadas a presentar la declaración del beneficiario final:

 

 

Las personas Jurídicas domiciliadas en el país, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta y los entes jurídicos constituidos en el Perú.

 

Las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero, en tanto:

a). Cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta.

b). La persona natural o jurídica que gestione el patrimonio autónomo o los fondos de inversión del exterior o la persona natural o jurídica que tiene la calidad de protector o administrador esté domiciliado en el país; y,

c). Cuando cualquiera de las partes del consorcio esté domiciliada en el Perú, o, de acuerdo a las normas que rigen el Impuesto a la Renta.

Según el Reglamento, los criterios que determinan la condición de beneficiario final de las personas jurídicas son los siguientes:

  1. La persona natural que directa o indirectamente (cadena de titularidad), a través de cualquier modalidad de adquisición, posee como mínimo el 10% del capital de una persona jurídica.

 

  1. Una persona natural que, por medios distintos a la propiedad, ostente facultades, por medios distintos a la propiedad, para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o tenga poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se adopten, o que ejerza otra forma de control de la persona jurídica.

 

  1. Cuando no se identifique a ninguna persona natural bajo los criterios señalados anteriormente, se considera como beneficiario final a la persona natural que ocupa el puesto administrativo superior.

Cabe indicar que las mencionadas en los puntos 1 y 2 que anteceden, no son opciones alternativas, sino medidas graduales, de modo que respecto de una misma persona natural se utiliza cada una de ellas cuando el criterio anterior ya se haya aplicado y no se le hubiera identificado como beneficiario final.

El Reglamento establece que se entiende por “cadena de titularidad” a los supuestos en que ostente la propiedad indirecta a través de otras personas jurídicas. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe propiedad indirecta en los siguientes casos:

a). La propiedad indirecta de una persona natural es aquella que tiene por intermedio de sus parientes o cónyuge, o al otro miembro de la unión de hecho de ser aplicable; así como la propiedad, directa o indirecta, que corresponde a la persona jurídica en la que la referida persona natural o sus parientes o cónyuge o miembro de la unión de hecho, de ser aplicable, tienen en conjunto una participación mínima del 10%.

b). La propiedad indirecta de una persona jurídica es la propiedad que tiene por intermedio de otras personas jurídicas sobre las cuales la primera tiene participación mínima del 10%; así como la propiedad indirecta que estas últimas tienen, a su vez, a través de otras personas jurídicas, siempre que en estas también tengan una participación mínima del 10%. Este criterio se aplica de manera sucesiva, siempre que exista una cadena de titularidad y una participación mínima del 10%.

c). También se considera que existe propiedad indirecta cuando se ejerce a través de mandatarios, que ostentan mandato sin representación conforme a lo previsto en el artículo 1809° y siguientes del Código Civil, cuyo nombramiento y facultades constan en algún documento de fecha cierta y cuyo mandato se encuentra vigente; así como, cuando se ejerce la propiedad indirecta a través de un mandato, o cualquier acto jurídico por el cual se otorguen facultades en similares condiciones de acuerdo a la legislación extranjera.

Asimismo, el Reglamento define como “control” a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una persona jurídica, a aquel quien ostenta facultades para adoptar e imponer decisiones, con independencia de que ocupe o no cargos formales en la persona jurídica, incluso cuando lo realice a través de un pariente, cónyuge, miembro de unión de hecho o mandatario.

Asimismo, el Reglamento establece que existe “cadena de control”, cuando se ostente el control indirectamente a través de otras personas jurídicas o entes jurídicos. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe:

a). Control directo, cuando la persona natural ejerce más de la mitad del poder de voto en los órganos de administración o dirección, o equivalente, que tenga poder de decisión, en una persona jurídica.

b). Control indirecto, cuando una persona natural tiene la potestad para designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros de los órganos de administración o dirección o equivalente de la persona jurídica, según corresponda, para ejercer la mayoría de los votos en las sesiones de dichos órganos y, de esta forma, aprobar las decisiones financieras, operativas y/o comerciales o es responsable de las decisiones estratégicas en la persona jurídica, incluyendo decisiones sobre la consecución del objeto de la persona jurídica y continuidad de esta.

Finalmente, el Reglamento considera como “puesto administrativo superior” a la Gerencia General o al Directorio, o quien hagan sus veces; o al órgano o área que encabece la estructura funcional o de gestión de toda persona jurídica. En el caso de órganos colegiados u órganos con más de un miembro o de un cargo, son considerados beneficiarios finales cada uno de sus miembros.

Comentarios

MÁS DE ESTE AUTOR

Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes

En el mes de noviembre del año 2013 entró en vigencia el nuevo “Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” que...

Reglamento de la Ley que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales

 

Mediante Ley N° 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de...

Impugnación y nulidad de acuerdos societarios

 

Uno de los principales derechos de los accionistas en una sociedad anónima es el de impugnación de los acuerdos societarios contrarios al...

Responsabilidad solidaria de los representantes legales de personas jurídicas en supuestos de elusión tributaria

El artículo 177º, primer párrafo, de la Ley General de Sociedades, dispone que los directores responden, ilimitada y solidariamente, ante la...

El régimen legal de la Sociedad Anónima por Acciones Simplificada

Con fecha 12 de septiembre de 2018, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1049, que promociona la...

Delitos de corrupción en el ámbito privado

En un artículo anterior[1] comentábamos lo dispuesto por la Ley N° 30424, “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas...

Régimen legal de las acciones de inversión

En el año 1998 se aprobó la Ley N° 27028 – “Ley que sustituye las acciones del trabajo por las acciones de inversión”, derogando...

La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas...

El contrato de licencia de marca

En el Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se regulan los...

Sobre los recursos de Interpretación e Integración del Laudo Arbitral

El artículo 58º del Decreto Legislativo Nº 1071, que regula el Arbitraje (en adelante, Ley de Arbitraje), establece lo siguiente:

Artículo...

Reorganización de sociedades

 

El proceso de concentración empresarial, que es el fenómeno económico en el cual se inserta, posteriormente, la reorganización de sociedades...

Preguntas y respuestas sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Autora: Claudia Seminario Gómez

Todo empleador debe contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de modo que...

El Régimen de Transparencia Fiscal Internacional y su aplicación en el Perú

El Régimen de Transparencia Fiscal Internacional (RTFI) es un mecanismo que se encuentra vigente en nuestro país desde el 1º de enero de 2013,...

Sobre la necesidad de preservar las facultades de los Centros de Arbitraje. A propósito del Proyecto de Ley Nº 1088-2016-CR

Con fecha 17 de marzo del presente año, el Congresista de la República, señor Glider Agustín Ushñahua Huasanga, integrante del Grupo...

¿Los árbitros deben ser considerados como funcionarios públicos?

Rafael Artieda Aramburú[1]

Mediante Oficio remitido con fecha 11 de agosto del presente año, el señor Fiscal de la Nación, doctor Pablo...

Elección de directores en la sociedad anónima y presencia notarial en sesiones de directorio

Con fecha 4 de noviembre de 2015 fue publicada en el diario oficial El Peruano la Ley N° 30354, Ley que modifica la Ley Nº 26887, Ley General de...

Sobre la Metodología para Determinar Caudales Ecológicos y el impacto en las inversiones

Autora: Cinthya Escate Asociada del Estudio Lazo, de Romaña & CMB Abogados

A mediados de junio del año pasado, la Autoridad Nacional del Agua...

El Abogado de hoy y su llamado a la protección del medioambiente

Autor:

Juan Diego Mujica Filippi

Hace 43 años, el 5 de junio de 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que a partir de...

Sociedades de Beneficio: un nuevo paradigma en el Derecho Empresarial

Autor: 

Juan Diego Mujica Filippi

En la actualidad, el Derecho Empresarial es testigo del surgimiento de un fenómeno societario reciente,...

La indispensable especialización de los inspectores de trabajo

Autora: Claudia Seminario Gómez

La seguridad y salud en el trabajo no es un tema nuevo pero, indiscutiblemente, ha tomado fuerza en los últimos...

Los emprendimientos de interés social bajo el Derecho peruano: ¿cómo estructurar una empresa social en el Perú?

Autor: 

Paolo Robilliard D’Onofrio

En el Perú viene despertando poco a poco el interés por migrar de un esquema de apoyo social basado en la...

Fiscalización Laboral - Deber de Vigilancia: ¿Cajón de sastre para la imposición de multas?

Autora: Claudia Seminario Gómez

Todo aquel que ha visto de cerca una inspección laboral a cargo de la SUNAFIL, que involucra a una empresa...

El Decreto Legislativo N° 1272 y cómo "optimizar" el Procedimiento Sancionador

Autor: Ernesto Soto

El Decreto Legislativo N° 1272 modificó la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para “optimizar la...

Una acertada aplicación del principio de indivisibilidad por parte del SENACE

Autor: Juan Manuel Pazos

Durante el presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)...

Justicia: Las dos caras de Jano

Autor: Nelson Ramírez Jiménez  Abogado por la Universidad Federico Villareal 

El Dios Jano posee dos caras debido a su capacidad para abrir o...

El silencio de los insolventes y el “período de sospecha”: ¿Qué riesgos se asumen al contratar con quien podría estar a puertas de un procedimiento concursal?

Autor:

Paolo Robilliard D’Onofrio

Existe un riesgo obvio al contratar con quien es o podría estar próximo a ser insolvente, y es que esa...

Los nuevos vientos en la comercialización de Microseguros en el Perú

Autor: Gianfranco Iparraguirre

En el mercado de seguros existen una variedad de productos destinados a cubrir riesgos que, de sucederse, podrían...

¿NOS ASEGURAMOS LOS PERUANOS ANTE NUESTROS PRINCIPALES TEMORES?

Autor: Gianfranco Iparraguirre

Hace unos días revisaba una presentación, en el sitio web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (

“La ley es la ley”: ¿Puede corregirse un acuerdo mal adoptado por una persona jurídica, sin sufrir las consecuencias del error?

Autor: 

Paolo Robilliard D’onofrio

Los cuestionamientos que actualmente se vienen haciendo a ciertos partidos políticos, por presuntamente no...

¿Subsidiaria o Sucursal? Una mirada más allá de la responsabilidad limitada

Autor: 

Paolo Robilliard D’Onofrio

Cuando, desde una perspectiva de negocios, llega el momento de que un grupo empresarial extranjero establezca...

La Necesidad de Dinamizar el Proceso de Otorgamiento de Derechos Petroleros.

Autores:

Giancarlo Guardia y Susana Ramos

La industria petrolera está en crisis. La producción petrolera en nuestro país ha descendido de...