31 de Mayo del 2016

Los Notarios en Política

Desde hace varios lustros nos hemos acostumbrado a que algunos notarios lleguen a ser congresistas. Tal ha sido el caso en el período parlamentario que está terminando, de los notarios Fredy Otárola, Ana Jara y Marisol Pérez Tello, quienes dejarán en el mes de julio de este año la labor de representación política al no haber postulado nuevamente para la reelección. En el período que comenzará con el cambio de gobierno ingresarán como nuevos congresistas los notarios Francisco Villavicencio y Alberto Quintanilla.

Como sabemos, el notario en el Perú es un profesional independiente que ejerce una función pública. Es, por sintetizar las ideas, un redactor especializado de documentos jurídicos en calidad de tercero imparcial. Un jurista a quien por delegación el Estado confía la fe pública, para que los documentos que formalice tengan plena eficacia, certeza y fecha cierta ante las entidades públicas y privadas que los requieran, así como para asegurar las titularidades y proteger las relaciones jurídicas, en particular las que nacen de los contratos. La labor del notario implica imparcialidad, cercanía y diligencia constante y permanente durante toda su labor. Finalmente, el notario debe ser un paradigma de virtudes éticas deontológicas y personales, pues solo así es digno de ejercer la función que se le confía.

Se nos ocurre a primera vista que el ejercicio de la función de notario con el de congresista es incompatible. A diferencia del notario, el congresista es un funcionario público aunque no esté sujeto a mandato imperativo; si bien representa a la nación, es miembro de una colectividad política que responde a una ideología determinada y que mantiene niveles de conflicto con las de los otros grupos también presentes en el Congreso. No es por lo tanto imparcial. No se precisa que sea un jurista aunque su labor principal esté orientada a la formación de las leyes de la República y la redacción de documentos con fe pública. No le corresponde, siendo por lo demás su actuación funcional en exceso visible y polemista, el defender ideas y posiciones en el debate dialógico propio del entorno democrático.

¿Cómo es posible entonces que los notarios lleguen a ser congresistas? La Ley del notariado (Decreto Legislativo Nº 1049) establece que el notario, a fin de ejercer los cargos para los que haya sido elegido mediante consulta popular (entre ellos el de congresista), deberá solicitar la licencia correspondiente. Es decir no podrá ejercer ambas funciones al mismo tiempo, pues deberá consagrarse solo a su labor parlamentaria a partir de la fecha de su juramentación, suspendiendo su actuación como notario hasta que aquella termine, todo lo cual es muy juicioso y conveniente.

Lo que no resulta ni juicioso ni conveniente ni siquiera aceptable, es que durante todo el tiempo que dure su representación política, el notario mantenga su oficio notarial abierto a cargo de otro colega notario que lo reemplace. Esto es absurdo y sin embargo ha sido la práctica durante los últimos años debido a que la Ley del notariado no obliga al cierre temporal del oficio en ese período. Por ejemplo los notarios Fredy Otárola y Ana Jara mantuvieron (y aún mantienen) el oficio notarial abierto durante ¡diez años! pese a que no pudieron autorizar instrumento público alguno en esa década, y la notaria Marisol Pérez lo ha mantenido abierto durante los años que ha durado su relevante carrera congresal.

Desde el punto de vista estrictamente notarial es  imposible que un notario cuyo oficio se encuentra a kilómetros del que le corresponde al notario ahora congresista, al cual está reemplazando, pueda cumplir adecuadamente su función de dar fe a larga distancia durante períodos tan prolongados. Esto además de contradecir el capital principio de inmediación, que es primordial para la función notarial, en la práctica termina entregando todo el manejo del oficio notarial a los empleados del notario que está de licencia (el congresista), implicándose en la práctica una innegable delegación de la función pública que, al menos formalmente, se encuentra drásticamente prohibida por la legislación notarial. Pero desde la perspectiva congresal o parlamentaria la cosa no mejora, pues hemos sido testigos cómo los notarios congresistas no han podido votar y hasta se les ha restringido su facultad de intervenir en los debates parlamentarios, precisamente cuando en el Congreso se han debatido proyectos de ley vinculados con la función notarial, con el lamentable argumento de que, al ser notarios con oficios abiertos y en actividad, tienen intereses directos y particulares que les impiden comportarse como congresistas en los proyectos de ley sobre las materias que seguramente más dominan y donde su aporte realmente resultaría valioso: los referidos a las modificatorias de los textos legales que regulan la función notarial en el país.

Así pues, se impone la necesidad urgente de que se modifique la Ley del notariado para que se incluya la obligación de que la licencia implique el cierre temporal del oficio del notario. De continuar con la regulación tal como es hasta hoy, daremos el espectáculo de notarios que ejercen a control remoto la función en despachos que ni siquiera pisan y de congresistas incapaces de aportar en los asuntos en los que son verdaderamente peritos y entendidos.

Oswaldo Arias Montoya

Notario Público

Comentarios