11 de Mayo del 2020

Posible demanda de inconstitucionalidad por la ley de suspensión del cobro de peajes

El jueves 7 de mayo, el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley 31018º, que suspende el cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia. Está ley había sido aprobada por este mismo poder el pasado 3 de abril y remitida tres días después al Palacio de Gobierno, donde el Presidente de la República observó la ley después de los 15 días hábiles que tenía para hacerlo. Si bien antes de su publicación varios peajes habían dejado de funcionar por el estado de emergencia, ahora con esta ley ninguno estará disponible.

 

La oficialización de la ley, generó una disconformidad en el ejecutivo. Tanto así, que esta semana la ministra de Economía, María Antonieta Alva, afirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). “Nosotros con la responsabilidad de salvaguardar el interés de todos los peruanos y del Perú vamos iniciar una demanda de inconstitucionalidad en los próximos días”, estas fueron las palabras que la ministra dijo en RPP noticias.

 

En este mismo medio, Vicente Zeballos, Presidente del Consejo de Ministros mencionó el artículo de la constitución que se estaría violando con la nueva ley: “Esta norma quebranta unilateralmente los contratos contractuales, queramos o no esta es una concesión sujeta a un contrato de dos partes, y lo otro más delicado es que contraviene abiertamente al artículo 2 de la Constitución, y esto puede motivar que el Gobierno sea denunciado a un tribunal arbitral”.

 

A parte del hecho que la ley pueda ser calificada inconstitucional, también podría traer consecuencias negativas al estado peruano. En RPP noticias, la ministra comentó las posibles repercusiones de esta ley: “hay efectos muy concretos en los ciudadanos sin considerar todas las contingencias que vamos a tener en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). No solamente hay posibilidades de que nos denuncien, no solamente nos va a costar todos los procesos, los abogados. Vamos a tener que pagar indemnizaciones”. Estos pagos podrían costarle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta S/. 700 millones de soles. Esperemos que esta situación se lleve a cabo de la mejor manera, por el bien y estabilidad del país.

 

Por: Doménico Fonseca Ramírez (Redacción Agnitio)

 

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