19 de Septiembre del 2019

Tía María: Análisis del conflicto posibles soluciones su trasfondo e impacto en la inversión minera peruana

A inicios del mes de Julio pasado, el estado peruano resolvió otorgar a Southern Perú Copper Corporation la respectiva licencia de construcción de la planta de beneficio del proyecto Tía María. Este hecho, que pronosticaba una inyección de inversión muy importante de capital para el estado peruano y sus fines sociales, desencadenó nuevas protestas enérgicas en la Provincia de Islay. Cabe resaltar, que estos desencuentros tienen larga data y se remontan a inicios del año 2009, recrudeciendo entre los años 2010 y 2011. Por este motivo, el proyecto minero Tía María, fue paralizado por primera vez el año 2011 y por segunda vez el año 2015[1], luego de férreas protestas durante los años previos. Las divergencias entre las distintas partes en conflicto en la actualidad parecen ser irreconciliables, siendo que a la fecha no encuentra puntos en coincidencia. Por un lado, podemos advertir el interés legítimo y válido de Southern Perú de llevar adelante la construcción de su planta de beneficio al haber transitado por un riguroso proceso para lograr la licencia de construcción; Mientras que de otro lado, están los derechos de los pobladores de Islay de resguardar su derecho de acceso al agua, a desarrollar el agro y gozar de un medio ambiente sin contaminación.

Claro está, que no toda oposición a un proyecto minero como el de Tía maría contiene fundamentos subjetivos, sino que puede deberse también a cierto grado de desconfianza en la empresa minera, así como a la desinformación de los pobladores. Obviamente, quienes se oponen a Tía María, señalan que esta operación producirá daños irreparables en la tierra de uso agrícola en el valle del Tambo y también se afectará el agua[2]. Incluso, muchos de los opositores del proyecto, han venido afirmando maliciosamente que Southern Perú no cuenta con Licencia Social, cuando saben con certeza y claridad que la mentada Licencia Social no es una figura consagrada en ley minera alguna, pero sí las certificaciones ambientales respetadas por la empresa minera[3]. Visto el panorama actual, parece que el presente escenario no es nada alentador, ya que desde el quince (15) de Julio pasado, facciones de pobladores del valle de Tambo y del distrito de Cocachacra vienen acatando un paro indefinido en señal de protesta al permiso de construcción del proyecto otorgado a Southern Perú, el mismo que se ha extendido a todo el departamento de Arequipa.

En este contexto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, enfatizó que no se ejecutará la construcción de Tía María, hasta no esclarecer todas las dudas que hay al respecto. Como se puede advertir que cada vez que la minera trató de acceder a la autorización de construcción de su proyecto minero, se enfrentó a una tenaz oposición de la población de Islay. Este hecho, en sí mismo, genera grandes dudas sobre la objetitivad de los reparos de los pobladores de Islay. Es innegable que el panorama es incierto y Arequipa en este instante es un verdadero polvorín. Por este motivo, y siendo un tema álgido que debe de evaluarse desde la posición de las distintas partes en conflicto, consideramos importante analizar este escenario. En virtud de ello, por medio del presente trabajo analizaremos brevemente el conflicto de Tía María, precisando la posición de las partes, su verdadero trasfondo y el impacto negativo que viene ejerciendo en la actividad minera.

De esta manera, queremos empezar el análisis afirmando que los actores principales del conflicto tienen intereses diametralmente contrapuestos a todas luces. Por un lado, tenemos al pueblo de Islay que es eminentemente agrícola y que precisa del agua y la agricultura para poder subsistir[4]. El motivo principal de sus protestas está dirigido a lograr que la minera desista de su propósito de explotar la mina de Tía María. Por otro lado, tenemos a una empresa de la gran minería con interés de ejecutar el proyecto como lo es Southern Perú; La misma que prometió recurrir a los más altos estándares socio-ambientales para operar su proyecto y asegurar una explotación limpia y viable en los yacimientos La Tapada y Tía María.

La pregunta que circula por nuestra mente en este instante es si esta oposición cerrada al proyecto por parte de la provincia de Islay es justificada o no. Interrogante que intentaremos explicar en las siguientes líneas, luego de evaluar la posición de ambas partes, cruzarlas y evaluar su pertinencia, razonabilidad y objetividad. Algunos opositores férreos y firmes del proyecto, basan su posición en el hecho de que a Southern Perú se le atribuyen algunos episodios de contaminación en el pasado[5]. A simple vista, estos hechos, en el historial de la transnacional podrían explicar por qué la población del valle del Tambo en Arequipa se opondría tenazmente al proyecto Tía María. Pero, para rechazar una inversión minera o de cualquier naturaleza, no sólo basta un temor aparente o subjetivo basado en prejuicios o antecedentes, sino que se requiere consideraciones sólidas, razonables y objetivas que justifiquen una acción legal impugnatoria o una revisión formal. Southern Perú, en los últimos años ha empeñado todos sus esfuerzos y oficios para remediar distintas zonas afectadas por su actividad minera en el pasado como la Bahía de Ite y Quebrada Honda para tratar los relaves de su actividad minera.

Naturalmente, Southern Perú tiene un interés marcado y profundo en desarrollar Tía María. Con respecto al impacto del proyecto Tía María, Southern Perú se ha comprometido a ceñirse escrupulosamente a los más altos estándares de calidad ambiental y reafirman su posición de ceñirse escrupulosamente a su EIA. En tal sentido, debemos señalar que el instrumento ambiental sostiene que no se producirá humos, porque se utilizará un proceso de electrólisis. Tampoco, se producirá relaves porque no se realizará trabajos de concentración, sino que se ejecutará procesos de lixiviación y Oxidación[6]. De este modo, no llegará a contaminar ríos ni mares con vertimentos[7]. Alegan, que no se usará agua de ríos ni lagos, sino que esta será extraída del agua del mar a través de una planta de desalinización. Siguiendo este orden de ideas, otra de las ventajas que se desprenden del proyecto son los beneficios comprometidos por la empresa como la inversión en educación, salud, servicios de saneamiento y en la generación de puestos de trabajo[8]. Atendiendo a lo señalado, no debería de haber temor o duda alguna en la ejecución del proyecto para el pueblo de Islay.

Sin duda alguna, nos enfrentamos a un problema serio, porque objetiva y legalmente no existiría razón suficiente ni criterio técnico para no reconocer el derecho administrativo concedido a Southern Perú; Peor aun, si lo que se pretende es anular la licencia a la empresa minera. Por este motivo, si nos guiamos por las secuencias propias del curso normal de un procedimiento administrativo de licencia de construcción, no habría causa para denegar los permisos de Southern Perú. En los últimos años, las prácticas socio-ambientales de la minera Southern Perú se han venido adecuando a los más altos estándares de calidad, con métodos modernos de explotación, logrando evolucionar de manera muy positiva, mostrando avances alentadores en remediación ambiental y en el fomento de la protección de los ecosistemas que en el pasado podría haber dañado presuntamente. En este punto, lo que corresponde es preguntarnos si la posición de la población opositora al proyecto, que entendemos no es mayoritaria, es razonable y amparable a tal extremo de paralizar el proyecto y expulsar a la minera Southern Perú del lugar de ubicación del proyecto Tía María? Pues, debemos afirmar categóricamente que no es procedente; Ya que Southern Perú se reafirma en su compromiso de utilizar procesos limpios y preservando el recurso hídrico[9]. Es así, que para fijar acciones claras, y disminuir la preocupación de la población con relación a la fertilidad de sus tierras y el potencial acuífero, Southern Perú podría comprometerse a construir la planta desalinizadora de manera previa a la ejecución del proyecto.

A su vez, sería importante para administrar de manera más eficiente este u otros conflictos mineros, el contemplar en un futuro conceder participación a los pobladores de la zonas afectas a los proyectos mineros poder participar como accionistas limitados a sus derechos comunitarios y de propiedad sobre el área superficial; Esto último sin intervenir en la gestión del negocio. Algunas voces, proponen que se les conceda a los pobladores afectos a los proyectos mineros la propiedad del subsuelo como EEUU para así negociar con más agilidad, incentivos y condiciones más ventajosas con la empresa minera interesada en el proyecto. Incluso, saltan a la vista propuestas audaces como la del notable y prestigioso Economista peruano Hernando de Soto, que propone que se capitalice al pequeño minero legalizando su legítimo derecho de propiedad sobre la superficie para conectarlo con la globalización. Todas estas medidas, de seguro, serán debatidas y sustentadas en su oportunidad a través de los canales correspondientes en el momento oportuno.

Toda reforma destinada a gestionar mejor los conflictos mineros será bienvenida siempre y cuando mantenga un equilibrio entre el legítimo derecho de explotar recursos naturales del sector privado y los derechos socio-ambientales y al desarrollo de las comunidades en conflicto. Desde luego, vientos de reforma en estos aspectos tan álgidos pueden generar ciertos temores e incertidumbre en el inversionista, ya que se viene proponiendo ajustes a las normas que regulan los derechos mineros y los derechos de las comunidades en un momento de gran tensión que no permite ver el asunto desde una perspectiva técnica y profesional, sino bajo criterios políticos y subjetivos. En este escenario, sólo resta afrontar los conflictos dentro del marco legal que actualmente impera en nuestro país. En este orden de ideas, y de manera complementaria a medidas corporativas, legales, entre otros compromisos socio-ambientales, podría ser interesante y muy apreciable que Southern Perú comprometa otras concesiones hacia el proyecto para hacerlo aun más atractivo para los pobladores, como ya lo realizó en otros casos, como lo es el establecimiento de fideicomisos, habilitación de fondo de contingencias, fondos de ayuda social, adelanto de ejecución de obras por impuestos (proponiendo la construcción de represas importantes en el eje sur peruano junto a otros operadores mineros), entre otros aportes solidarios.

Otras medidas de contingencia ante un caso más crítico, y para garantizar la ejecución del proyecto, podría ser la alternativa de asociarse con un segundo operador minero que respalde el proyecto para operar conjuntamente el mismo y finalmente vender un porcentaje significativo de participación en el mismo cediendo la gestión del negocio y manteniendo el capital, entre otras medidas. En esta fase, cualquier forma de asociación empresarial para gestionar el proyecto podría ser óptima. La lista es abierta en este punto y no pretendemos formular la medida mágica ni ofrecer el remedio ideal. Todo dependerá de la voluntad real de la minera, el estado y el pueblo involucrado en la controversia. Lo más importante, es arribar a un consenso que haga viable este y otros proyectos mineros. Lógicamente, la relación tirante o conflictiva que puede presentarse entre las comunidades aledañas a los proyectos mineros y los empresarios del sector minero, no es siempre por responsabilidad de la gestión del proyecto por parte de la compañía minera, sino que puede obedecer a problemas con trasfondo político más complejos.

Penosamente, la solución del conflicto Tía María no pasa sólo por otorgar concesiones y aportes mineros, sino que se requiere del consenso entre las partes. En este punto, queremos resaltar que la presencia de grupos con intereses subalternos, que suelen oponerse a proyectos mineros sin sustento aparente y de manera irracional, dificultan cualquier posibilidad de diálogo. A la fecha, vemos con profundo pesar que en la zona sur de nuestro país, eminentemente minera, se encuentra seriamente golpeada y acechada por las protestas mineras. En Moquegua y Arequipa persiste un paro indefinido general. El panorama parece encenderse cada vez más con espirales de violencia y vandalismo descontrolado. Desde Julio pasado, se han ido sumando otros conflictos a los ya existentes en los departamentos de Puno, Cusco y ahora Tacna. Ya no se trata sólo de cuestionar u oponerse a Tía María, sino que cierto sector de manifestantes enardecidos y violentos vienen fomentando la paralización, el caos y el desorden atacando otras inversiones mineras como Arasi, Constancia, Antapaccay Quellaveco, Cuajone, Toquepala, entre otras tal como sucedió con Beer Creek en Puno el año 2011. Es vergonzoso ver como autoridades regionales en vez de poner los paños fríos y actuar con sensatez, contravienen el mandato constitucional de representar con legalidad y responsabilidad a sus pobladores de la zona sur del Perú al favorecer protestas violentas e incontrolables, poniéndose del lado contrario a los intereses de la nación.

Ante los graves hechos delictivos, y el desgobierno que azotan a nuestra patria, resulta difícil pensar que todas estas paralizaciones en la zona sur del Perú, en especial en Islay (así como en Moquegua y otros departamentos del sur peruano) tengan sólo motivaciones lícitas.  Dada la coyuntura actual, no podemos hablar del conflicto minero Tía maría sin detenernos a comentar la participación del estado peruano. Lastimosamente, los últimos gobiernos en el Perú no han podido implementar una política general clara y efectiva frente a los conflictos sociales[10]. La inacción de los gobiernos y el avance de grupos radicales fanáticos ha golpeado la institucionalidad del mismo estado y ha generado una sensación de impunidad generalizada. Sólo hace unos días, el estado peruano, ante el acecho de manifestantes enajenados, ha dado marcha atrás en su labor de ejecutor de sus decisiones, suspendiendo por 120 días el proyecto minero encareciendo la inversión[11].

Creemos fervientemente, que toda protesta y malestar de la población frente a un hecho o decisión con la cual no concuerda debe de realizarse enmarcada en el ordenamiento jurídico, fijando los puntos concretos que sustentan un reclamo. Lo que no podemos permitir en un país civilizado y democrático, es el desorden, subversión, desgobierno y anarquía absoluta que tanto daño le hacen al país al crear un clima hostil frente a la ciudadanía y la inversión nacional y extranjera. Esta tensa coyuntura por la que atravieza el país, proyecta una imagen muy negativa de nuestro nación frente a la comunidad internacional, exponiéndonos a la fuga de capitales y a demandas millonarias frente a organismos de promoción de las inversiones de los que el Perú es parte. Sinceramente, y ante este clima fiebril y de confrontación entre peruanos que polariza más el país, no podemos más que expresar nuestro pesar por esta férrea oposición al proyecto, entre otros proyectos a nivel nacional, pues creemos que no es razonable, objetiva ni justificada.

Muy a pesar del clima adverso, y aunque se crea que un conflicto minero como el de Tía María acarrea diferencias irreconciliables, somos de la opinión que puede llegarse a buen puerto siempre y cuando exista real y franca voluntad de las partes para encontrar consenso y canales de diálogo libre de prejuicios, sesgos, incentivos perversos, entre otros factores que dificultan la comprensión y la paz. Toda negociación, va de la mano de un estado activo capaz de articular el diálogo y los intereses de las partes en conflicto, creando programas de desarrollo, creando oportunidades e imponiendo el estado de derecho.

En buena cuenta, si hubiese habido voluntad de resolver el conflicto dentro de lo razonable, ya se habría superado el entrampamiento y estaría en operación. Bajo una estrategia articulada de resolución de conflictos y un acercamiento sincero de las partes en conflicto, otras inversiones en entredicho habrían sido canalizadas favorablemente. Que duda cabe, ante los hechos expuestos, que la voluntad de Southern Perú siempre fue llevar adelante el proyecto Tía María dentro del marco legal, con consenso, sin violentar derechos, respetando los derechos al desarrollo de los pobladores afectos al proyecto y prometiendo llevar desarrollo integral a Arequipa y al Perú. Es una tragedia, y vaya que lo es, que en pleno siglo XXI estemos hoy en día ante un verdadero diálogo de sordos incivilizado que tarde o temprano el país lamentará, al cerrarle el paso a inversión minera seria, productiva, formal y deseosa de dejarnos un legado de prosperidad, desarrollo productivo y bienestar social.

 

[1]  Según reportes de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo en el Perú, el conflicto minero Tía María se encuentra muy activo desde octubre del 2013.

[2] Carlos Bedoya y Víctor Torres Lozada. Comunicación Intercultural para un mundo más humano y diverso – Servindi(2010 )Tía María: Minería y conflicto por el agua. https://www.servindi.org/actualidad/32488

[3] Lo que sí existe en nuestro marco legal, y la empresa minera respetó a lo largo de los años, más allá de todo cuestionamiento, es una Licencia Ambiental, que tiene un procedimiento administrativo con una decisión final de otorgamiento o no de la Licencia.

[4]  Cooper Acción, Fedepaz y Grufides(2018) 22° Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2018. Primera Edición. http://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/Revista-Informe-de-Conflictos-Mineros-VII.pdf

[5]  Sociedad Peruana de Derecho Ambiental(2015). Diez puntos que debes de revisar para entender el conflicto por el Proyecto Tía María. https://www.actualidadambiental.pe/tia-maria-todo-lo-que-debes-saber-para-entender-el-conflicto/

[6]   Conforme lo manifiesta el Diario El Montonero, el proceso de lixiviación es considerado, en todo el mundo, como la técnica de explotación minera más amigable con el medio ambiente, y se ha convertido en tendencia mundial en las inversiones mineras.

[7]  El Montonero(2018). Economía. Tecnologías limpias y amigables en inversión minera. Lixiviación sin contaminación en Tía María. https://elmontonero.pe/economia/lixiviacion-sin-contaminacion-en-tia-maria

[8] Proyecto Minero Tía María(2015). Tía María.pe.Conociendo el Proyecto Tía María.

http://www.southernperu.com/ESP/opinte/TiaMaria/index.html

[9] Presidencia del Consejo de Ministros Perú(2015). Lampadia. Proyecto Minero Tía María: Diálogo e Información. Absolviendo preguntas despejando dudas y eliminando temores.

https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/db0ff-folleto-tia-maria-0515.pdf

[10] Sociedad Peruana de Derecho Ambiental(2015). Diez puntos que debes de revisar para entender el conflicto por el Proyecto Tía María. https://www.actualidadambiental.pe/tia-maria-todo-lo-que-debes-saber-para-entender-el-conflicto/.

[11]  Por ello, es indispensable, hoy en día, construir una política que armonice la búsqueda del crecimiento socio-económico que requiere el país, que asegure el cumplimiento de la ley y que a la par, promueva los más exigentes estándares técnico-ambientales para la mejora de las condiciones de desarrollo de la población. Los conflictos sociales han paralizado y siguen frenando grandes proyectos mineros, los mismos que sumarían una inversión de US$ 8,700 millones y que debido a este clima de inestabilidad y falta de gobernabilidad se encuentran en grave riesgo de no ser ejecutados. Es sorprendente la oposición obstinada y cerrada a una opción de inversión productiva que podría abrir la puerta a un gran caudal de desarrollo e inversión social para el país y Arequipa.

Juan Zevallos Roncagliolo

Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) especializado en Derecho Minero, Derecho Corporativo, Derecho Laboral y Negociaciones. Cuenta con más de 9 años de experiencia profesional asesorando empresas mineras, constructoras, consultoras legales, instituciones de salud, ONG´S y compañías industriales. Es Instructor en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos acreditado ante el Ministerio de Defensa del Perú. Cuenta con especialización adicional y experiencia profesional en Derecho Procesal Laboral y Derecho Procesal Penal (nueva y anterior ley vigente).

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