Luego de escuchar los alegatos del fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, y el descargo del abogado Heriberto Benítez, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción, ordenó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo Manrique, ex presidente del país.
Esta medida se da luego de que se encontraran indicios del pago de US$ 20 millones a Alejandro Toledo por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Este soborno serviría para que Odebrecht gane las licitaciones de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur. De esta manera, los delitos que habría cometido Toledo Manrique serían los de lavado de activos, en la modalidad de conversión, y tráfico de influencias.
Por otro lado, esta medida también implica una orden de captura a nivel nacional e internacional. Según el juez Concepción, dicho mandato tiene como finalidad garantizar la presencia de Alejandro Toledo durante el proceso de investigación en su contra.
Según sostuvo la fiscalía, los pagos de estos sobornos se habrían realizado a través de depósitos a las cuentas de Josef Maiman, entre el 26 de julio de 2006 hasta el 3 de julio de 2010.
Durante la audiencia, el abogado Heriberto Benítez exigió una detención domiciliaria para su patrocinado debido a la edad avanzada del ex presidente (70 años). Sin embargo, el Juez Concepción desestimó el pedido, ya que el expresidente se encuentra fuera del país y sin trabajo acreditado, por lo que no garantiza sujeción al proceso.
El Ministerio Público mostró conformidad con dicha medida. Pero por su parte, Heriberto Benítez interpuso recurso de apelación.
Finalmente, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ordenó incluir al expresidente Toledo en la lista de los más buscados, y ante ello ha ofrecido una recompensa de S/ 100.000 para quien pueda dar información sobre su paradero. Además, Interpol Perú envió toda la documentación necesaria a Interpol de Francia para que esta última lance la alerta roja, lo que implicaría que 190 países estén en su búsqueda.
