El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, señaló sobre la pasada audiencia : “Fue una audiencia larga, compleja […] La duración fue en función a la participación de cada una de las partes y por el esfuerzo que tuve que hacer para estudiar el caso”. Tras la precitada audiencia, tomó la decisión de aprobar los 18 meses de prisión preventiva contra los ex directivos de las empresas consorciadas de Odebrecht en el Caso Interoceánica[1].
Asimismo, asegura que su decisión fue autónoma y que no actuó bajo algún tipo de presión. Ello a pesar de que actualmente algunas denuncias se encuentran en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Uno de los indicios usados por la Fiscalía para involucrar a las compañías mencionadas anteriormente en la supuesta coima para la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, es el cambio en la distribución de las utilidades que generó este proyecto.
Así, la Fiscalía encontró que Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales variaron el porcentaje que les correspondía de utilidades, a cuenta del concepto denominado “riesgos adicionales”. Esto generó que US$ 15 millones extras fueran a manos de Odebrecht. Según la tesis de la Fiscalía, este monto sería parte del soborno pagado por la compañía brasileña a Alejandro Toledo.
Al respecto, Diego Marrero, Gerente de Inversiones de AFP Habitat, indicó que este tipo de operaciones “no es usual” en los consorcios.
Mario Velásquez, Gerente de Administración de Patrimonios del BCP, explicó que normalmente los “riesgos adicionales” se van provisionando año a año, conforme estos van ocurriendo, y no al final del proyecto, como se habría convenido en este caso.
“Por ejemplo, en una carretera te encuentras con roca dura y tienes que bordear el cerro. Al final de cada año vas haciendo provisiones de estos mayores costos. Lo que genera cuestionamiento es que el reconocimiento de los riesgos adicionales (en el caso Odebrecht) se han producido varios años después de que se produjeran”, señaló Velásquez.
Por otro lado, Velásquez restó responsabilidad a la empresa auditora de los estados financieros de Graña y Montero, por no detectar estas irregularidades. Señalando que: “el rol del auditor no va tanto por allí. Un auditor no es un Fiscal, no va a ir a ver si la carretera hizo el giro adecuado”.
[1] El juez dictó 18 meses de prisión preventiva, a pedido del fiscal Hamilton Castro, contra José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA). También ordenó arresto domiciliario en una clínica de San Isidro y bajo medidas restrictivas contra Gonzalo Ferraro Rey (ex gerente de Infraestructura de Graña y Montero).
