El pasado 15 de noviembre del 2017 ingresó por mesa de partes del Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 2133/2017-CR presentado por el congresista Mauricio Mulder Bedoya, representante del Partido Aprista, bajo el título de Proyecto de Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano. La iniciativa busca prohibir toda publicidad en medios privados a todas las entidades públicas, incluidas las de derecho privado y las que estén en regímenes especiales, así como las empresas del estado, los gobiernos locales y los regionales.
Jorge del Castillo, vocero de la bancada aprista se pronunció en contra del proyecto, e incluso llamó a la propuesta como antidemocrática mientras que la Defensoría del Pueblo, sostiene que el proyecto representaría graves restricciones al derecho de los ciudadanos a acceder y recibir información sobre asuntos de interés público.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que su gobierno no está de acuerdo con el proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder, que le prohíbe a las instituciones del Estado publicar en medios de comunicación privados. Agregó que el Ejecutivo respetará la decisión que adopte el Parlamento al respecto.
“Consideramos que es oportuno que el gobierno pueda dar información a través de los medios de comunicación. Por eso, es que este proyecto que le prohíbe al Estado usar los medios para dar a conocer lo que estamos haciendo no nos parece adecuado, no estamos de acuerdo con esa medida (…) pero (la aprobación o el archivo de esta iniciativa)es una competencia que le corresponde al Congreso de la República, podemos discrepar respetuosamente, no estamos de acuerdo, pero finalmente si lo deciden lo respetaremos”, manifestó Vizcarra.
Por su parte, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Villarán, calificó como un golpe para la democracia y “una herramienta para ejercer presión” contra los periodistas críticos.
“Es clara la intención que hay detrás de este proyecto. Lamentamos que se utilice al Parlamento como un mecanismo para ejercer presión a los periodistas y medios de comunicación (…) estamos en un escenario que se asemeja cada vez más a la Venezuela de (Nicolás ) Maduro y al Ecuador de(Rafael) Correa”, señalo Villarán.
Además, Villarán recordó que, hace unas semanas, ya el presidente del Congreso, Luis Galarreta, había lanzado amenazas a los medios de comunicación que informaron las compras de televisores y frigobares del Parlamento. En aquella oportunidad, añadió, el legislador mostró su intención de “enviar una señal clara” contra los periodistas críticos. Finalmente, el representante del CPP puntualizó que la norma atenta contra la libertad de prensa y el derecho de las personas a acceder a información de interés público.
El pasado 12 de junio, la Comisión de Transportes del Congreso aprobó la insistencia de la autógrafa de ley, a pesar de haber sido observado por el Ejecutivo y cuestionado por expertos y organizaciones que defienden las libertades de expresión y de información.
La norma impulsada por el congresista aprista solo establece las siguientes excepciones: los casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia y las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales una vez convocados las elecciones.
“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las entidades públicas, incluidas las de derecho privado y las que estén en regímenes especiales, así como las empresas del Estado, los gobiernos locales y los regionales podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios de comunicación del Estado a tarifa de costo”, señala el texto.
“Viola el derecho constitucional de los ciudadanos a tener información de asuntos públicos, a pesar de que plantea algunas excepciones. Cotidianamente, la gente requiere conocer las decisiones y la política del Ejecutivo“, señaló el constitucionalista César Landa.
Una opinión similar tuvo Samuel Abad, quien también resaltó la falta de sustento existente en el dictamen de la ley que está a punto de ser aprobada por insistencia si obtiene los votos en el pleno del Congreso.
“Usan como argumento que este vacío se puede solucionar con el canal del Estado, con los medios de comunicación públicos y redes sociales, pero no tienen sustento para decir que eso será equivalente a los medios de comunicación privados“, dijo.
Ambos especialistas coincidieron en que la propuesta del congresista Mauricio Mulder atenta contra el artículo 2 de la Constitución, específicamente a los numerales 4 y 5.En primer lugar, considera que atenta contra el numeral 4 porque las personas requieren la “libertad de información” a través de cualquier medios de comunicación social “sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos“.
También incluyen el numeral 5 porque, al privar de información al ciudadano, no respetan la protección que tiene en su derecho de “solicitar sin expresión de causa” información que requiera por parte de las autoridades.
El ministro de Justicia, Salvador Heresi, aseguró que el Ejecutivo presentó su acción de incosntitucionalidad en contra de la Ley Mulder. La norma fue publicada el pasado lunes 18 de junio y entro en vigencia el pasado 19 de junio, pese a que fue observada por el Ejecutivo en marzo y tuvo que ser debatida nuevamente en la Comisión de Transporte y Comunicaciones y, posteriormente, ante el pleno del Parlamento.
“Buscamos el consenso con toda las fuerza políticas desde el Ejecutivo, pero es evidente que, en algún momento, vamos a tener discrepancias como en este caso contreto con esta ley que el propio Presidente Martín Vizcarra ha llamdo “Ley mordaza””, añadió Heresi.
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada el pasado jueves 21 de junio. El documento señala que la Ley Nº 30793 planetada en el 2017 y aprobada con el voto en bloque de Fuerza Popular “contraviene de forma directa y manifiesta la Constitución”, así como la Convención Americana de Derechos Humanos. El documento fue presentado ante el Tribunal Constitucional por el ministro de Justicia y Derecho Humanos, Salvador Heresi, señalando que las principales violaciones de la norma son contra los derechos de información y acceso a la misma, así como la libertad de expresión y la libre contratación.
“El Gobierno (…) está presentando ante el TC la demanda de inconstitucinalidad contra la ley que hemos denominado ley mordaza”, manifesto el ministro.
El Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume Fortini, afirmó el pasado 23 de junio que su institución resolverá “con independencia, autonomía y objetividad” las demandas que interpusieron el Ejecutivo y la bancada de Peruanos por el Kambio en contra de la ley en cuestión.
“Le garantizó a todo el Perú que el Tribunal Constitucional resolverá con independencia, con autonomía, con objetividad, con ponderación y con consiencia patriótica y va a adoptar una decisión acorde a nuestra Constitución y sobre todo con el espirítu y filosofía de esta”, manifesto Blume Fortini.
Blume estimó que el TC dará a conocer su fallo en tres o cuatro meses, y que el lunes 25 de junio el colegiado decidirá si admite o no a trámite las demandas de inconstitucionalidad en contra de la llamada “ley mordaza” o “Ley Mulder”. Explicó que si se admite a trámite, el Congreso tendrá 30 días hábiles para responder.
