En los anales de la historia política de nuestro país se registrará la última semana como antológica. Si pudiéramos subirnos a un dron para mirar el Perú entero de lejos, veríamos, a distancia, los verdaderos problemas que vivimos. Las regiones enfrentan un proceso electoral para elegir a sus gobernadores, en medio del desinterés más marcado de los últimos tiempos; mientras en Lima los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se enfrentan entre si por su supervivencia. Aunque para la ciudadanía la vida de uno sea menos auspiciosa que la de los otros.
El pasado 19 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra, escribió en su cuenta de Twitter: “Aquí no hay ganadores ni vencidos. Solo ha ganado el Perú”. Así celebraba los 82 votos que aprobaron la cuestión de confianza que su Primer ministro, César Villanueva, había formalizado esa misma mañana en el recinto parlamentario.
El domingo anterior a esa fecha, el Presidente, a través de un mensaje a la Nación propalado por todos los canales de televisión, había recurrido a la prerrogativa constitucional que le otorgan los artículos 132-135 de la Constitución Política del Perú, para plantearle al Congreso la cuestión de confianza por razones de Estado.
Hace 40 días, dijo el Presidente, enviamos al Legislativo la solicitud de revisión y aprobación de cuatro reformas urgentes, que deben someterse a una consulta popular, para sanear la corrupción que campea en el sistema judicial y en el régimen político vigente. En ese contexto, planteó la cuestión de confianza, su objetivo es que el Referéndum se realice junto a la segunda vuelta de las elecciones regionales que se celebrarán el 9 de diciembre próximo. Y agregó: “Pongo a los peruanos de testigos”.
Desde que aparecieron lo audios bautizados como de “La Vergüenza”, el país no ha tenido sosiego; jueces supremos y superiores hablando con fiscales supremos y superiores, los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, todos en los enjuagues más escabrosos.
Ahora, más que nunca, el desencanto de la gente ha desbordado los límites del desafecto que la gran mayoría siente y demuestra por sus autoridades civiles y municipales y por sus representantes en el Parlamento. La encuesta de IPSOS Perú realizada el mes de septiembre revela que el 60% de lo peruanos no iría a votar si el voto no fuera obligatorio. Y hoy mismo, a pocos días de las elecciones municipales y regionales, el 56% aún no ha decidido por quién votará. La mayoría sostiene que ningún partido político lo convence. Que no les cree a los políticos.
La desconfianza en las instituciones también ha crecido preocupantemente, el repudio hacia los funcionarios que administran justicia desde altas colocaciones, también.
Según IPSOS el 84% desconfía de los partidos políticos, el 86% del Congreso, el 78% del Poder Judicial, el 74% del Ministerio Público, el 62% del Tribunal Constitucional y, solo el 45% confía en la Defensoría del Pueblo.
La calle está lista para la anarquía que los radicales y extremistas proponen sobre todo al interior del país. El riesgo es muy grave.
Las medidas propuestas por el presidente Vizcarra indican que el Ejecutivo ha tomado el pulso de la ciudadanía. La mayoría de congresistas no se había detenido a evaluar la magnitud del descontento; entrampados en los problemas judiciales que gran parte de sus líderes políticos enfrentan, los parlamentarios del Apra y Fuerza Popular concentraron sus esfuerzos en mantener el statu quo en la Fiscalía de la Nación y aun en el Poder Judicial, dando la impresión de que algunos de sus dirigentes ya habían arreglado con “Los Cuellos Blancos”.
A partir de los audios se ha establecido que la banda de jueces y fiscales corruptos, descubierta gracias al trabajo de un equipo de élite de la Policía Nacional y de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, se había constituido para vender sentencias e intervenir en investigaciones y procesos de gran magnitud; a ellos se los conoce como “Los Cuellos Blancos”. Hasta el momento, se ha probado su interferencia en las investigaciones que se siguen contra la banda del narcotraficante “Caracol” y contra la de los “Wachiturros del Norte”.
La ansiedad que causa en algunas fuerzas políticas la necesaria defenestración del actual Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, ha despertado dudas y sospechas en la opinión pública: La investigación por Lavado de Activos que afronta Fuerza Popular y las indagaciones que las fiscalías especializadas realizan sobre los vínculos que se establecieron entre los funcionarios de Odebrecht –caso Lava Jato- y los responsables políticos del segundo gobierno de Alan García y el Apra ¿son acaso la razón de la irracional defensa de un Fiscal que sostenía vínculos innegables con la mafia enquistada en el sistema de justicia?
Entre tanto, en el interior del país, el discurso de la extrema izquierda avanza y crece disfrazado de reivindicación y propuesta alternativa a la necesidad de un cambio que erradique la corrupción en las altas esferas. Las versiones políticas de Sendero Luminoso, que ahora se hace llamar Movadef o Puka Llacta, han logrado alianzas con otras agrupaciones extremistas: todas utilizan nombres eclécticos que no refieren ni a la izquierda ni al comunismo en el que se basa su verdadero pensamiento.
Si Fuerza Popular, aprovechando que todavía tiene mayoría en el Congreso, pretende una venganza contra Martín Vizcarra y el gabinete que lo acompaña y encuentra la manera de boicotear alguna de las reformas políticas que la ciudadanía quiere votar en el referéndum del 9 de diciembre, la de la no reelección de los congresistas, por ejemplo; pondría el destino del Perú en riesgo, los extremistas podrían aprovechar la frustración que esa noticia provocaría en la ciudadanía.
Desatender un reclamo de una población indignada por la corrupción y el abuso y patear un tema que encarna de manera reivindicativa la amplia decepción que aqueja a los electores, sería un error garrafal que el país pagaría con creces.
El mensaje del Presidente ha calado en la gran mayoría de peruanos a los que él mismo ha puesto como testigos.
El Congreso ya aprobó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que se convertirá en la Junta Nacional de Justicia, y también le ha dado paso a la bicameralidad. La no reelección de los parlamentarios debe tener el mismo trámite.
