El pasado 14 de noviembre, miles de personas se manifestaron en contra del gobierno de Manuel Merino, alegando que este sería inconstitucional y solicitando su salida del cargo como Presidente de la República.
Independientemente de las opiniones sobre la vacancia a Martín Vizcarra y la constitucionalidad o no de los hechos posteriores, desde Equipo AGNITIO, conformado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, señalamos las irregularidades que se habrían cometido.
- El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero este uso se encuentra estrictamente regulado y limitado.
- Efectivamente, el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (“PNP”), establece una serie de parámetros para el uso de la fuerza por parte del personal de la PNP que usa la fuerza en defensa de la persona, de la sociedad y el Estado.
- El Decreto establece que, entre otros:
- El uso de la fuerza debe ser progresivo
- El uso de la fuerza debe ser proporcional, y proporcional implica que el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona intervenida.
- El único supuesto en el que el personal de la PNP puede hacer uso de las armas de fuego, es contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas.
- El hecho que existan personas fallecidas y heridas como consecuencia de una protesta, que no configura un hecho ilícito, salvo que se cometa delito flagrante, resulta preocupante y evidentemente desproporcionado.
- La protesta no es un delito, y su ejercicio pacífico se encuentra protegido por el numeral 24 del artículo 2º de la Constitución. Las fuerzas del orden no son ajenas al respeto irrestricto de la Constitución y de los derechos humanos.
- Esperamos que se realicen las investigaciones necesarias que determinen la legalidad de los actos por parte de las fuerzas del orden, y determine las responsabiliades del caso.
