El título de este artículo es muy ostentoso para el limitado espacio que corresponde al mismo; sin embargo, quisiera abarcar algunas ideas en el marco del bicentenario.
Estos 200 años de República del Perú han estado marcados por guerras con otros países, guerras civiles, militarismo, caudillismo y dictaduras, épocas de bonanzas, de inestabilidad y de crisis, terrorismo y corrupción, y de la misma manera el poder judicial se ha visto afectado por los cambios de la República, y principalmente por la intervención política por parte de los gobiernos y actualmente también por los medios de comunicación, todo ello reflejado en la provisionalidad de nuestros magistrados, interferencia constante en la labor del Poder Judicial, y/o presión mediática sobre las decisiones de éste .
La historia de nuestro poder judicial se remonta al año 1787, cuando se implantó en los territorios de los virreinatos americanos, las denominadas Reales Audiencias, creándose la Real Audiencia del Cusco, luego de la rebelión de Túpac Amaru II. El Cusco fue la única ciudad en la época del dominio español que tuvo el privilegio de contar con una Real Audiencia.
En la independencia del Perú, con la proclama del general don José de San Martín en el año 1821, la denominada Real Audiencia del Cusco, pasa a ser la Cámara de Justicia del Cusco. Ese mismo año el Libertador creo la Cámara de Apelaciones, con el objetivo de reemplazar a la Real Audiencia española y con jurisdicción sobre el recién creado departamento de Trujillo, que abarcaba los territorios de los actuales departamentos de Cajamarca, Piura, Lambayeque, Amazonas, y la Libertad. Luego, en 1822 el Primer Congreso Constituyente del Perú dio las Bases de la Constitución Política de 1823, que establecía que el “Poder Judiciario” sería independiente, con magistrados inamovibles y vitalicios. Dicha Constitución fue sin embargo suspendida para dar paso a la dictadura de Simón Bolívar. En 1824 se creó la primera Corte Superior de Justicia que tuvo la República del Perú, como máximo tribunal de justicia, con atribuciones de Corte Suprema, bajo la denominación de Corte Superior del Norte y con sede en la ciudad de Trujillo.
Ahora bien, analicemos la finalidad nuestro poder judicial y veamos si en los últimos tiempos cumple con este objetivo. Para ello, partamos por la definición constitucional que en su art. 138 establece: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las Leyes.” De esta manera, el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado y tiene a su cargo administrar justicia, debiendo resolver los conflictos de intereses de la población. Su ejercicio es autónomo e independiente.
Asimismo, el artículo 139° de la Constitución Política del Perú señala que el Poder Judicial, a través de sus Órganos Jurisdiccionales: “es el único llamado a administrar justicia en todo el territorio nacional, con excepción de la extensión jurisdiccional y el derecho consuetudinario, precisado en el artículo 149° de la Carta Magna”.
Es así entonces, que el Poder Judicial tiene como fin supremo “Administrar Justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la Constitución y a las leyes, garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, para contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de la paz social y al desarrollo nacional”, finalidad indispensable en un estado de derecho, y esta finalidad ¿se ha venido cumpliendo en los últimos 200 años? Mi modesta opinión es que no.
No se requiere de muchas estadísticas para reconocer que el Poder Judicial se encuentra desacreditado, que es percibido por la población como una institución débil, burocrática, paquidérmica, corrupta y poco confiable, y que, por ello, los peruanos desconfían en acudir a un juzgado en caso de presentarse un conflicto de interés. De la misma manera, se debe tener en cuenta los problemas y deficiencias que enfrenta el poder judicial, como el bajo presupuesto, escasos o inexistentes sistema informáticos eficientes, lo cual se ha agudizado y se ha puesto en evidencia durante el Estado de Emergencia por la propagación del COVID-19, la sobrecarga judicial, la corrupción de funcionarios y abogados que colaboran con ello, los procedimientos engorrosos, el incumplimiento de los plazos establecidos por ley para la resolución de los procesos judiciales, la pobre infraestructura, y otros. En los años noventa se inició un proceso de reforma judicial, no obstante, esta tarea quedo inconclusa, habiendo intentos posteriores sin mayores resultados.
Sin embargo, hay que reconocer esfuerzo de muchos jueces y vocales por contrarrestar esta situación.
Recordemos el actuar de nuestro poder judicial en algunos casos no resueltos o resueltos sin mayores pruebas, en 1971 se ejecutó la última sentencia a pena de muerte al sr. Victor Apaza Quispe en Arequipa por el feminicidio de su cónyuge, incluso se comentaba que habría violado a una de sus hijas; sin embargo, por no haberse actuado debidamente la pruebas, por la actitud pasiva del homicida y asumo que además por la cultura machista, en la época los pobladores consideraron que se estaba cometiendo una injusticia y era inocente, incluso actualmente es una de las tumbas más visitadas en Arequipa.
En 1976 se presentó el caso Challapampa una joven pareja, estudiantes de la Universidad Católica de Arequipa fueron asesinados, la chica fue violada por cuatro o cinco hombres según la pericia forense; sin embargo, sólo se apreso a una persona que trabajaba para Cerro Verde y cuya boleta de pago estaba debajo de los cadáveres, que luego fue liberado por falta de pruebas, la chica tenía entre sus uñas restos de sangre y cabello que no fueron analizados, se sospechaba de jóvenes acomodados de Arequipa, no se les citó y nunca se determinó quienes fueron los asesinos.
Regresando al presente, en Lima hay 57 casos emblemáticos por corrupción pendientes de resolver. La Procuraduría Anticorrupción cuenta con denuncias de colusión, tráfico de influencias, corrupción de funcionarios y delitos similares contra el Estado. Varios de estos procesos están vinculados a compras irregulares o uso indebido de insumos durante la pandemia. Los casos también involucran a altos funcionarios, entre ellos a los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, y a magistrados investigados en Los Cuellos Blancos del Puerto.
Los casos durante la pandemia, se iniciaron en el 2020 con la vacunación secreta de políticos y funcionarios, y corresponde a la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, también a la presunta sobrevaloración, retraso e incumplimientos en la compra internacional de ventiladores volumétricos, compra de mascarillas, a la compra de Estado 200 monitores de funciones vitales para la implementación de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) , presunta orientación de precios y sobrevaloración en la adquisición de pruebas rápidas y moleculares de la Covid-19, entre otros. Una de las entidades agraviadas fue la Policía Nacional del Perú (PNP), se investiga a 20 proveedores, funcionarios y directivos que estuvieron a cargo de los procesos de selección, por los delitos de negociación incompatible, colusión agravada y aprovechamiento indebido del cargo. Se presume la sobrevaloración en la compra de 22.900 raciones de comida, más de 700.000 mascarillas, guantes, alcohol en gel y desinfectantes para los agentes policiales que trabajaron durante el Estado de Emergencia.
Aquí solo algunos ejemplos casos que el poder judicial debe resolver y que esperamos no queden impunes por interés.
La reforma del sistema de justicia peruano es una tarea impostergable, que debe ser asumida de manera decidida por el gobierno, poco o nada han ofrecido los anteriores gobiernos en la reforma judicial en el país, lamentablemente nuestra justicia está, al igual que muchas instituciones públicas y privadas, infectada por la corrupción y crimen organizado. Es importante comentar también en este análisis que la pandemia ha generado un retraso en la atención de los procesos judiciales, por ello, el uso de la tecnología también debe ser una prioridad para modernizar y hacer más eficaz a la administración de justicia.
De esta manera, considero que es una tarea primordial, de este gobierno y de los que vengan, ofrecer a los ciudadanos el acceso a una administración de justicia eficiente, transparente y rápida, lo cual redundará en una mayor confianza y credibilidad del poder judicial, y para ello es necesario una real reforma judicial que brinde una solución integral que permita que el Poder Judicial cumpla con su finalidad principal, que es la de administrar justicia a la población. De modo, que los peruanos volvamos a creer que la justicia existe sin distinción de razas y etnias, género, discapacidades, edad, opción sexual, poblaciones vulnerables en general, poder o poder económico, simpatizante del gobierno de turno u opositor, y asistan al Poder Judicial con la confianza de que el fallo que recibirán al final del proceso judicial se encuentra basado en la ley y la justicia.
Bibliografía:
La reforma del sistema de justicia. 2006.Javier de Belaunde López de la Romaña.
La justicia en el Perú. Cinco grandes problemas. Gaceta Jurídica 2015. Walter Gutiérrez Camacho
Ojo Público. Revista Virtual. 2021. Elizabeth Salazar Vega.
