Hace algunos años, precisamente en el año 2019, en el seno del congreso de la República, se pretendió abolir los beneficios tributarios de los que hasta ese entonces gozaba la exploración minera. Vale resaltar, que propuestas imprudentes e inconvenientes para la actividad extractiva, similares a las esbozadas hace algunos años, fueron invocadas hace varias semanas atrás por parte del Ex Ministro de Economía, Pedro Francke. Incluso, el referido funcionario, en dicha ocasión, se aventuró a deslizar que el estado peruano podría grabar a las grandes empresas mineras, así como a las denominadas sobreganancias mineras. Como podemos advertir, en los últimos años se han venido perfilando más de una propuesta efectista y demagógica con respecto a la actividad minera .De hecho, en más de uno de los últimos gobiernos, que antecedieron al actual del Presidente Castillo, se han visto tentados a echar mano de su inmenso poder político y gran aceptación social para inmiscuirse negativamente en asuntos mineros; Esto último, con fines populistas con el claro objetivo de legitimar un cambio en el régimen legal impositivo minero.
Como es fácil de inferir, estas propuestas impertinentes y poco meditadas por parte del gobierno peruano brindan mucha preocupación, inseguridad y desconfianza en el empresario minero extractivo. Decimos esto, porque toda interferencia política y el incremento de la presión tributaria, por su conformación, llega a tener efectos devastadores en el mercado y, en particular, sobre la actividad minero-extractiva. Ahora bien, y con nuestra breve introducción, resulta claro que las frases efectistas de alto impacto social, populista, de nuestras autoridades políticas no hacen más que traerse abajo nuestra imagen como país garante y promotor de la inversión minera en condiciones inmejorables. Es así, que la permanente amenaza de restringir derechos, recortar libertades y de suprimir ventajas impositivas, puede crear un tremendo pánico en la inversión aullentando probables inversionistas de nuestro país. Nos hemos referido a estos casos puntuales, porque creemos que estos ejemplifican las acciones que no deben ser adoptados por parte de nuestras autoridades políticas. De hecho, estas situaciones descritas, que ponen en entredicho las acciones del gobierno para con la actividad minera en el Perú, nos llevan a abordar a grandes rasgos los casos recientes y no tan recientes de intromisión del factor político en el marco legal minero y su regimen impositivo.
Es por este motivo, que por medio del presenta artículo intentaremos explicar muy sucintamente estas acciones de los gobierno, en especial del actual, las mismas que consideramos desacertadas y negativas para los objetivos ambiciosos de captar grandes flujos de inversión en el país y así garantizar el desarrollo del mismo. Luego, nos avocaremos a desarrollar los efectos e impactos de estas maniobras en la inversión minera peruana y el clima de negocios. Desde luego, y para efectos del presente desarrollo, queremos establecer que nos avocaremos a evaluar sólo lo concerniente a la derogación de los beneficios tributarios con respecto a la actividad minera, la propuesta de gravar sobreganancias; Así como gravar a las grandes empresas mineras esbozado por el Ex Ministro Francke. Si abordamos a grandes rasgos el proyecto de ley que se propuso en el año 2019, podemos decir que este abordaba la derogación de las Leyes Nº 27623 y Nº 27624, que disponía la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, entre otras normas relevantes. A grandes rasgos, podemos afirmar que la referida iniciativa, que fue propuesta por el fallecido ex congresista Manuel Dammert, sostenía que las devoluciones de impuestos reducían los recursos del Estado para la ejecución de proyectos. Según los promotores de la iniciativa , con la devolución del IGV y del Impuesto de Promoción Municipal, que se venía otorgando a las empresas mineras, el país dejó de invertir en obras de saneamiento básico, en educación, salud, entre otras, que beneficiarían a la ciudadanía.
Los promotores de la iniciativa audaz, y poco meditada, concluían, en nuestra opinión de forma errónea, que la inversión minera no se guiaba por el tratamiento tributario, sino por las ventajas comparativas de nuestros minerales[1]. Según los congresistas de la época, la decisión de retirar el beneficio tributario de devolución del IGV y del IPM(Impuesto de Promoción Municipales) se adoptó debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas no sustentaron las ventajas de devolver impuestos a estas actividades. Sin embargo, podemos establecer que aquel sustento sería discutible, dado que en su debido momento el Poder Ejecutivo se opuso a la derogación de beneficios tributarios mineros; Esto es, a través del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Como era previsible, esta iniciativa motivó sendas reacciones en el seno de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo & Energía (SNMPE). De hecho, dicho gremio argumentó que la supresión de dicho beneficio conllevaría a la disminución dramática de la inversión minera, a la contracción de las iniciativas de gasto e inversión operativa, asi como a la pérdida progresiva de nuestra condición como país receptor de inversiones con condiciones inmejorables para la actividad productiva. Felizmente, y luego de algunas idas y venidas, a través de la puesta en marcha de un pleno congresal extraordinario, se aprobó un nuevo Proyecto de Ley en el mes de Diciembre de 2019. En este acto, se dictaminó una prórroga de las Leyes N°27623 y N° 27624; De esta forma, se resolvió prorrogar el beneficio de devolución del IGV a la actividad minera durante la fase de exploración minera.
Esta disposición, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado. De acuerdo a esta realidad, es pues particularme incierto el panorama; Ya que al día de hoy este beneficio tributario venció para las empresas de exploración minera. Aunque, debemos reconocer, que este beneficio se sigue aplicando en la dinámica tributaria. Como es evidente, este hecho conllevará más preocupación y angustia para el inversionista; Sobretodo, ante la permanente interferencia e intromisión política en los destinos de los proyectos y operaciones mineras. Así, en este estado de cosas, sólo queda confiar en que el actual gobierno del Presidente Castillo, permitirá la prórroga de este beneficio tributario esencial e importante para la exploración minera. Un segundo caso que podríamos reseñar a modo de reflexión, es el referido a la propuesta esbozada por el ex premier Guido Bellido, el mismo que fuera ratificado por el actual Ministro de Economía Pedro Francke, mediante el cual el gobierno nacional mostraba su interés de crear tributos adicionales para las mineras en base a sobreganancias en actividades extractivas[2]. Con respecto a esta iniciativa legislativa, que forma parte de una de tantas promesas de campaña presidencial del actual Presidente Castillo, podemos decir que esta se sustentaba en la noción de que los costos de producción de cobre en el Perú suelen se los más bajos del mundo. Además, se postulaba, de forma equivocada y sesgada, que las empresas mineras trasnacionales se encuentran generando ganancias excepcionales. El grupo promotor de la iniciativa desarrollada por Francke, afirmaba que las sobreganancias no están asociadas con nuevos compromisos de inversión ni desembolsos por tecnología, sino que se sustentan en las variaciones de la cotización de los minerales en el mercado internacional.
Un aspecto que llama mucho la atención, con respecto a esta propuesta y sus motivaciones, es el hecho de que un sector del gobierno peruano consideraba que las empresas mineras no aportan lo suficiente al estado y que obtienen abundantes ganancias; Hecho que consideramos, por supuesto, muy alejado de la verdad. Cabe resaltar, que este grupo de funcionarios parte de una premisa inexacta de que las empresas mineras están para aportar más considerando que en el pasado ya lo hicieron. Ahora bien, un tercer y último caso, es el esbozado propiamente por el Ex Ministro de Economía Pedro Francke, el mismo que señalaba que aquellas operaciones mineras con ganancias más altas deben tener un incremento en su tasa impositiva para así forzarlo a invertir en obras por impuestos. Según el Sr. Francke, el ente recaudador está buscando un sistema impositivo más equitativo. Además, sostenía, de forma muy entusiasta, que las empresas mineras estaban en condiciones de aportar más. El mismo Sr. Francke, añade, a nuestro juicio, de forma apresurada y errónea, que se debe de realizar un cobro mayor a las mineras para conducirlas a invertir en obras por impuestos para desarrollar obras de agua y saneamiento, obras de infraestructura y demás obras fundamentales en zonas del entorno de la empresa minera[3]. Al respecto, creemos pertinente señalar que al parecer el gobierno no parece tener claro el protagonismo del sector minero en nuestra cadena productiva nacional, su impacto en la recaudación y su condición de ente generador de riqueza, desarrollo y trabajo.
Siguiendo esta línea, no podemos más que afirmar que el Ex Ministro, en su confusión, se olvidaba de que la minería es uno de los sectores con más regulación desde el aspecto tributario y que sobre el mismo existen un tratamiento preferencial, así como la presencia de contratos de estabiidad jurídica. Asimismo, vale resaltar que el Ex Ministro Francke, al hacer su análisis, perdía de vista de que uno de los sectores que más presión tributaria soporta es el minero. Al mismo tiempo, cabe resaltar que el sector minero es uno de los sectores más expeditivos, eficientes y promotores de la modalidad contractual de obra por impuestos. Por último, queremos establecer que el sector minero es uno de los sectores sobre el que recaen los más variados impuestos y contribuciones. Por este motivo, no se entiende la línea de pensamiento del gobierno peruano, el mismo que pretende la creación de nuevos impuestos, el incremento de la tasa del impuesto y suprimir beneficios tributarios. En este orden de ideas, queremos hacer hincapié que aunque el proyecto de ley presentado hace algunos años, ni las actuales propuestas del MEF del gobierno del Presidente Castillo, llegaron a ver la primavera, hasta ahora, debido a los efectos negativos que proyectaría a la inversión minera en exploración y explotación minera; Creemos que nos merece una reflexión con relación a cual es el rumbo, y al verdadero horizonte, que debe de tomar el Perú frente al tratamiento económico y tributario de la minería.
Siendo esto así, en las siguientes líneas nos enfocaremos en los probables impactos que podrían producir medidas impositivas impertinentes, anti-técnicas y confiscatorias sobre el horizonte minero peruano. Para empezar, queremos destacar que a la fecha las perspectivas de promoción minera, recepción de capitales de trabajo y de mejorar nuestra calificación como receptor principal y atractivo para la inversión minera, son muy alentadoras y promisorias. En base a lo expuesto, es que creemos prudente subrayar que de acogerse interferencias políticas o recoger propuestas legales tributarias inviables, abiertamente confiscatorias, en actividades económicas promotoras del desarrollo, como la minería, se podría generar efectos sumamente perjudiciales para la sociedad, el estado y la inversión. Siguiendo este mismo orden de ideas, consideramos prudente expresar que de acogerse medidas tributarias irresponsables, sólo se lograría desincentivar la inversión, reducir la recaudación y contraer la economía e iniciativa de gasto en minería. Siguiendo este curso, vale decir que si pretendemos mantener nuestra imagen y reputación como país promotor y garante de la inversión minera, debemos de prescindir de hechos que afecten la confianza del inversionista minero, evitando distorsiones legales que resten seriedad, predictibilidad y coherencia al sistema legal minero. En este punto, creemos sensato añadir que toda disposición legal, más aun en materia tributaria, debe de ser consensuada, coherente, razonable y que conlleve a una evaluación costo-beneficio para el país.
Esta claro, en este curso del análisis, que si el estado desea dotar de las mejores y más efectivas herramientas de control y supervisión a SUNAT, lo que debe buscar es asegurar una adecuada simplificación administrativa, mejorar la recaudación con acciones eficientes recurriendo a medios digitales y adoptando acciones de control permanente. Además, en lo que concierne a la inversión, el estado debe de buscar desregulación, favorecer la actividad económica por medio de incentivos tributarios e incrementar exoneraciones. De lo que se trata, es promover trabajo, desarrollo e inversión para asegurar el desarrollo. Recordemos, que el mayor problema tributario para el gobierno son los casos de informalidad, la evasión y elusión tributaria, que son aspectos donde más debe de enfocarse el estado. Estamos en un momento, en el cual no podemos interrumpir ni perturbar la cadena de valor productivo, la cadena de pagos, la dinámica económica del país y afectar así un sector promotor del desarrollo como es el minero. De hecho, toda medida legal y tributaria, con relación a la minería, debe de formularse con responsabilidad, sensatez y razonabilidad para no afectar derechos legítimos y libertades económicas de aquellos quienes invierten decididamente en el país. Desde luego, frente a estas iniciativas legislativas, propuestas audaces sin reflexión previa y declaraciones demagógicas, los gremios empresariales, la sociedad organizada y los organismos no gubernamentales deben de poner en marcha acciones claras y definidas orientadas a contrarrestar confusiones, versiones sesgadas y maniobras perjudiciales frente a la minería; Las mismas que proyectan efectos nocivos al panorama de inversiones mineras. De esta manera, se requieren acciones concretas que permitan difundir los beneficios, oportunidades y opciones de desarrollo y bienestar que reporta la actividad minera.
En esta mismo orden de ideas, constituye un imperativo, tanto para los gremios empresariales y los organizaciones sociales, abordar con detenimiento el impacto de estas permanentes intromisiones del elemento político en una actividad técnico-profesional como es la minería, la misma que requiere fluidez, simplificación administrativa, promoción gubernamental y privada. Por parte del gobierno, se requiere mesura y un lenguaje articulador capaz de buscar consensos con la minería. El sector minero, más que cualquier otro sector productivo, sabe lo que le concierne al país y está siempre presto a contribuir decidida y enérgicamente en acciones benéficas, en acciones de desarrollo, en la entrega de aportes voluntarios, en la realización de obras básicas de infraestructura, agua, saneamiento y en proporcionar herramientas útiles, trabajo y capacitación para las áreas donde opera; Así como en cualquier otra iniciativa en la que gobierno desee incluirlas. Es un hecho, y creemos que nadie podría negarlo, de que el sector minero cooperó activamente con recursos humanos, equipos, unidades móviles y recursos dinerarios en el periodo crítico y de mayor tensión de la pandemia del Covid-19. Por tanto, no es tan cierto que la elevación de impuestos, necesariamente constituya un detonante que obligará a las mineras a invertir en obras por impuestos. Para complementar lo anterior, debemos tomar en cuenta que la intervención de la empresa minera no se agota en los compromisos de inversión con su área de influencia, sino que se extiende a distintas formas de colaboración y/o contribución con obras de la más variada naturaleza y en iniciativas del gobierno de turno. Debemos recordar, que la minería proyecta efectos directos en la inversión, en el desarrollo y la generación de trabajo. Es por este motivo, que propuestas legislativas irreflexivas e insensatas, lejos de lograr una mejor y más fluida recaudación, sólo logran impedir una adecuada generación de trabajo, que esté en condiciones de producir renta y que se traduzca en más ingresos para el estado.
Asimismo, medidas anti-técnicas e intervencionistas, sólo logran ahuyentar capital y frustrar iniciativas de inversión en ampliaciones de operaciones y en el desarrollo de nuevos proyectos mineros[4]. Lo más importante, en un país que se precia de ser promotor de inversión, es el asegurar a la inversión la debida predictibilidad, buscar la simplificación administrativa, promover las libertades económicos y trabajar por fortalecer la institucionalidad democrática. En este mismo orden de idas, el estado debe de concentrarse en generar esquemas legales-tributarios amigables, flexibles y eficientes que garanticen inversión permanente hacia el país con reglas claras y estables en el tiempo[5]. En tal sentido, es especialmente desconcertante e inquietante que el gobierno actual en vez de transmitir una conducta pro-inversión, promoviendo políticas claras, estables y atractivas hacia la inversión minera, intente poner en agenda nuevos impuestos y contribuciones de cargo del gremio minero. Lógicamente, implementar impuestos en función a criterios tales como el precio de los metales, la ganancia operativa, el propósito de forzar una mayor contribución para obras por impuestos, entre otras motivaciones, no contribuye a lograr la finalidad de hacernos interesantes e irresistibles para la inversión. En este orden de ideas, aplicar impuestos como los postulados por el gobierno peruano actual, podrían impactar muy negativamente en la inversión minera; Toda vez que conduciría al empresario minero a desistir o recortar planes de inversión para nuestro país.
En esta línea, vale hacer hincapié que no todos los proyectos mineros en exploración, y con estudios avanzados, suelen desembocar en una operación minera. Por ello, los proyectos mineros suelen tener largo aliento, altos riesgos y altísimos niveles de inversión. Es por este motivo, que al encontrarnos en una coyuntura en la cual se requiere reactivar la economía, generar empleo, fomentar servicios, atraer más capital para actividades mineras y posicionar mejor nuestra producción de metales preciosos, es que se hace imperativo formular políticas económicas transparentes y razonables, reglas fiscales claras, procesos sencillos e instituciones fuertes[6]. De hecho, la minería no sólo reporta trabajo, desarrollo, progreso y bienestar, sino que promueve la industria nacional, la ejecución de obras, la expansión productiva y capacitación constante en los lugares donde proyectan sus operaciones. Siguiendo esta misma línea, de lo que se trata es contar con políticas tributarias, económicas, administrativas y legales lo suficientemente claras que puedan calar hondo en el empresariado nacional e internacional. Así, nuestro estado podra transmitir mensajes claros, convincentes y seguros a la inversión. En este mismo orden de ideas, lo que debe de buscar el estado peruano es procurar el desarrollo, tecnificación y expansión de la actividad productiva manteniendo la fuente. El objetivo central, es generar estímulos para invertir y no crear reparos que afecten el producto interno del país, la recaudación y demás indicadores económicos. En este propósito, medidas tributarias que busquen aumentar la presión tributaria no hacen más que afectar la competitividad, eficiencia, calidad y el ingreso de mayores volúmenes de capital minero[7].
En este punto, nos podemos aventurar en afirmar que el problema de la recaudación óptima de ingresos por tributos en el país no se debe a los pequeños, medianos y grandes contribuyentes de tributos, sino al sector informal y a las actividades tales como la minería ilegal, minería informal, comercios y profesionales independientes para quienes el ente recaudador se encuentra fuera de su radar[8] (o los suele fiscalizar sin mayor control ni eficacia). Como se puede percibir, la solución a los problemas de recaudación no está en imponer más cargas y gravámenes a sectores como el minero, ya que suelen aportar sumas cuantiosas por tributos al estado. Bajo esa línea, creemos conveniente establecer, que sólo podremos tener mayores niveles de capital, ingresos y recaudación tributaria siempre y cuando preservemos la competitividad de nuestro marco legal minero, brindando reglas claras, asegurando una política económica responsable y respetando los convenios de estabilidad tributaria y la seguridad jurídica. De esta manera, lo que se tiene que asegurar no es sólo que se genere inversión y que se registren grandes inversiones, sino que se sepa cómo se van a usar los recursos principales y adicionales que se requieran captar. Muchas veces, el problema real en lo que concierne a la incapacidad del estado de cubrir las crecientes necesidades de la población, no se debe en estricto a la recaudación sino a la falta de competencia, eficacia en la ejecución del gasto, eficiencia y transparencia del gasto que se distribuye en los distintos niveles de gobierno. A ello, debemos agregar la falta de cuadros profesionales y competitivos que sepan canalizar el recurso hacia obras relevantes para su región, distrito o provincia, así como la permanente corrupción inserta en la contratación pública y demás problemas estructurales propios de nuestra burocracia estatal.
Es en esta línea, que la solución para el problema de la falta de asignación de fondos desde el gobierno central, a las áreas que lo requieren, no pasa por realizar incrementos inconvenientes y temerarios de los tributos, y las contribuciones a las empresas mineras con fines efectistas y políticos, sino que se debe de asegurar que se garantice una adecuada distribución de los recursos que se recaudan y que estos sean debidamente gastados en función a cronogramas claros y serios con compromisos de inversión. Sólo basta recordar, que actualmente en nuestro país, el esquema impositivo minero es por demás muy oneroso. Actualmente, en el Perú las empresas del sector minero-extractivo asumen el pago de distintos impuestos y contribuciones, tales como: La Regalía Minera (Ley 29788º), el Impuesto Especial a la Minería (Ley 29789º) y el Gravamen Especial a la Minería (Ley 29790º), entre otros pagos como producto de la concesión. Aquí, no estamos detallando los grandes caudales de dinero que aportan por impuestos las empresas mineras, compromisos de inversión, aportes extraordinarios y demás compromisos sociales que también son elevados. En este orden, vale afirmar que el régimen tributario minero debe de ser predictible para garantizar, al propio Estado y la comunidad, una participación equitativa, oportuna y sostenible de la renta generada. Cabe resaltar, que el sector minero es hoy por hoy el motor de la economía peruana y un gran vehículo de desarrollo. Por este motivo, iniciativas como las propuestas por parte del MEF, y del congreso del año 2019, así como las demás propuestas efectistas de años anteriores, lejos de promover la inversión, ahuyenta cualquier iniciativa de desarrollo e iniciativa privada al transmitir una idea de falta de claridad económica, inestabilidad política y falta de predictibilidad impositiva.
Como ya lo detallamos líneas atrás, en promedio, de cada 100 iniciativas de exploración, una se convierte en yacimiento minero rentable. Además, consideramos crucial señalar que la minería es un sector altamente sensible, profundamente técnico y especializado, marcadamente riesgoso, costoso y fuertemente volátil. A su vez, el precio de los metales, insumos y el comportamiento del sector minero es muy sensible a los movimientos del mercado internacional, motivo que dificulta aún más su dinámica bajo condiciones normales sin incentivo alguno. Estos sucesos, indudablemente, nos llevan a cuestionar medidas poco prudentes y razonables que pretenden agregar más grávamenes y cargas impositivas a la actividad minera. En esta instancia, nos atrevemos a formular esta afirmación, debido al hecho de que en una coyuntura tan favorable y propicia para la actividad minera, debido a la mayor producción eficiente y los altos precios de minerales como el cobre, oro, hierro, molibdeno, zinc, estaño, plata, plomo, se deberían de proscribir maniobras negativas que puedan sabotear la actividad y reducir considerablemente nuestro clima favorable para la inversión minera. En tal sentido, el supremo gobierno, en vez de buscar entorpecer e ir en desmedro de la actividad minera, por el contrario, debería proponer medidas administrativas favorables, exoneraciones e incentivos tributarios a la actividad extractiva y no más trabas y gravámenes que encarezcan la inversión en este sector. Conforme a los datos que obran en el Ministerio de Energía & Minas, la inversión minera acumulada al noveno mes del año 2021 ascendió a US$ 3513 Millones. Esto último, representó un aumento de inversiones que alcanza el 21.3% en contraste con el mismo periodo del año 2020 (US$ 2897 Millones). Las cifras del reciente año que terminó, representan un avance significativo en nuestros intentos por recuperar los niveles de eficiencia, producción y de inversiones del sector minero. Desde luego, con este gran paso, se ha logrado continuar con el ventajoso camino de una producción sostenida y eficiente que permita dinamizar nuestra economía y fortalecer nuestra imagen de receptor inmejorable de inversión.
Esta recuperación significativa del sector minero, es bastante positiva, alentadora y va a representar un gran reto frente a los demás países mineros con quienes nuestro país compite; Esto último, con la finalidad de hacerse más flexible a la inversión, lograr captar mayor y mejor flujo de capital e incentivar la puesta en marcha de nuevos proyectos, la expansión de algunos existentes y estimular una inversión agresiva en exploración minera. En este punto, creemos sensato expresar que el año 2020 la inversión experimentó una caída considerable que ascendió 29,6% debido a la emergencia sanitaria; Esta coyuntura desoladora, obligó a reconfigurar o redefinir los cronogramas de inversiones. No obstante, debemos hacer hincapié que no es sino recién a partir del segundo semestre del 2020 que nuestra inversión y producción minera se lograron estabilizar hasta recuperarse. Como se puede advertir, en esta recuperación económica, intervinieron distintos factores como el alza del precio de los metales tales como el oro y cobre y las demandas de nuevos metales alternativos. Ahora bien, si nos concentramos en actividades tan relevantes como la exploración minera, debemos expresar que el sector minero en el Perú alcanzó un nivel de inversión total que ascendió a más de US$ 390 Millones en el año 2021. Siguiendo este orden de ideas, creemos prudente añadir que la cifra de inversión alcanzada el 2021 representa un aumento de alrededor del 5% con respecto al 2020. Cabe subrayar, que el monto de inversión en exploración comprometida el año 2021, sólo representaba el 3,5% del presupuesto mundial de exploraciones que asciende alrededor de US$ 11.200 Millones con los cuales contó la exploración minera en este año. Vale precisar, que el 2017 nuestro país alcanzó el mejor nivel de inversión minera que alcanzaba el 6,5%. Lo especialmente inquietante, es el hecho de que desde el año 2017 se ha venido registrando una fuerte caída en la inversión en exploración minera. Es así, que de llegar a alcanzar los 6.5 (2017) desdendió hasta el 4,5% (2020). Entre los factores que produjeron la caída de la inversión en exploración, podemos identificar algunos como la alta conflictividad social, la constante inestabilidad política y los permanentes riesgos de cambio normativo de los que no es ajeno el sector minero.
No obstante, y pese a algunos datos estadísticos y crecientes factores negativos, el sector minero pudo recuperar sus niveles de operación, inversión y productividad, pese a hacerle frente a la fuerte arremetida de la pandemia del coronavirus y otras dificultades propias del mercado financieros y de minerales. Pero, lo único con lo que el sector minero no podría lidiar de manera satisfactoria es con sendas interferencias e intromisiones políticas que puedan afectar su régimen legal, perturbar sus convenios de estabilidad jurídica y dañar el sistema impositivo que debe ser predictible, seguro y garantista (evitando mayor presión tributaria y crear impuestos confiscatorios). Siguiendo este mismo orden de ideas, resulta necesario añadir que uno de los factores que podría explicar mejor la reducción, no solo de la inversión minera en explotación (promoción, desarrollo e impulso de nuevos proyectos mineros, ampliaciones, modernizaciones de plantas de beneficio, refinerías e inversiones en maquinarias, sistemas y demás), sino de la inversión minera en exploración, es la permanente injerencia e intromisión política, la constante amenaza contra las libertades económicas, la citada inestabilidad política, los referidos conflictos sociales, así como la falta de garantías a la propiedad y seguridades a la inversión del empresario minero. A ello, hay que agregar la ineficiente gestión de la pandemia de la COVID-19 realizada por los últimos gobiernos, la misma que desde luego contrajo la inversión privada en el sector minero, fomentando incertidumbre e indefiniciones políticas frente al tratamiento de la inversión. Ante este panorama preocupante, queremos expresar que para devolver la confianza a los actuales inversionistas del sector minero, y generar confianza en potenciales inversionistas, depende mucho de las acciones que el Estado lleve adelante para poder transmitir estabilidad, seriedad, confianza y seguridad a la inversión minera. De este modo, podrá revertir esta situación en un corto plazo.
Cabe precisar, que de acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú, se estima que las inversiones del sector minero para este año 2022 experimentarán recortes debido a la incertidumbre económica. Tal como se presenta el panorama en el país, debido a la inestabilidad política y a la contracción económica, las proyecciones arrojan inversiones limitadas y conservadoras para este año. En esta línea, en vez de enfocarse en nuevos hallazgos de mineral, invertir en producción eficiente, invertir en equipos sofisticados para asegurar mayores volúmenes de producción, adquirir nuevos proyectos mineros e invertir a gran escala, los inversionistas solo se limitaran a atender proyectos en operación y de mejora que permitirán mantener flujos e ingresos con la gran ayuda del alza del precio de los metales, de la demanda de hierro, carbón y de minerales como el cobre, el litio y demás involucrados en la producción de tecnología, equipos eléctricos y de cómputo. Este panorama no deja de generar preocupación, porque de no ser incentivada y promovida la inversión, podría generar una expansión y crecimiento discreto y limitado del sector minero. Es así, que en este año 2022 la inversión minera podría verse bastante golpeada, sino se inician nuevos proyectos mineros de gran envergadura. En este escenario, debería constituir un imperativo para el gobierno peruano el destrabar y priorizar proyectos mineros pendientes e impedir más postergaciones. Para lograr este fin, el estado necesita fijar una posición más clara con relación a la inversión y las libertades económicas. Del mismo modo, el estado debe de adoptar medidas que favorezcan la actividad asegurando transparencia, predictibilidad, simplificación administrativa que garanticen un régimen legal tributario y económico estable.
En esa línea, se debe de erradicar toda amenaza de injerencia en la actividad minera y tener más definido el marco legal tributario minero. Es así, que nos resulta difícil entender como se pueden proponer iniciativas dirigidas a encarecer la iniciativa privada y ahuyentar la inversión[9] ; Más aun, considerando todos los beneficios auspiciosos que se desprenden de la actividad, tales como: la generación de innovación, desarrollo, bienestar, promoción del empleo, las inversiones comprometidas y la gran recaudación que genera esta actividad minera. En este punto, consideramos pertinente resaltar que al año 2021 el país contabilizó una cartera de 46 proyectos mineros[10]. No cabe duda alguna, que la minería es una actividad productiva indispensable para la marcha económica del país[11]. En esta línea, si hablamos en términos de exportaciones, índices de inversión, índices tecnológicos, porcentaje de participación en el PBI (en la producción total del país), y en la generación de empleo (directo e indirecto) como lo afirman distintos gremios empresariales, el sector minero aporta grandes beneficios. Cabe resaltar, que los más de 46 proyectos mineros representan una inversión que asciende a US$ 56,158 Millones; Esto último, de acuerdo a los datos propalados por el Ministerio de Energía & Minas (Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera)[12]. Otro dato que creemos importante destacar, es el hecho de que con respecto al tipo de mineral a extraer, obran en cartera cerca de veintitres (23) proyectos de cobre que representan el 68.7 % de la inversión total del íntegro de la cartera. Asimismo, existen seis (06) de oro, tres (03) de hierro, seis (06) de zinc, tres (03) de plata, uno (01) de litio y uno (01) de uranio. Para este año, 2022, se espera el inicio de la construcción de siete (07) proyectos mineros por una inversión conjunta que asciende a US$/.4,417 Millones.
Dentro de estos proyectos, se destacan los siguientes: Chalcobamba Fase I, Corani, Optimización de la Unidad Minera Inmaculada, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros. Luego de lo expuesto con elocuencia y firmeza, creemos conveniente afirmar que que en un país como el nuestro no podemos vernos relegados de acoger la inversión minera y ahuyentar cualquier iniciativa privada, al privilegiar medidas antitécnicas y demagógicas. Naturalmente, si el propósito central del país es captar inversión minera, atraer mayor flujo de capital y trabajo, destacar al Perú como destino inmejorable para la inversión y ejecutar obras trascendentales para al país, entonces una de sus acciones principales debe ser la de emitir normas que promuevan la estabilidad de la inversión, asegurando un régimen impositivo claro y fijo, sin aplicar progresiones de impuestos que puedan resultar discriminatorios ni confiscatorios, entre otras facilidades para el tratamiento de la inversión. Siguiendo este mismo orden de ideas, y para ser competitivos, y diferenciarnos de nuestros países competidores, es que debemos promover normas y políticas que nos diferencien de otras economías y países mineros, a través de: Normas que otorguen mayor seguridad jurídica a la inversión, instituciones fuertes dirigidas por personal técnico experto en el sector[13], normas predictibles, políticas económicas que fomenten las libertades económicas, políticas que atraigan inversión en exploración y desarrollo de proyectos mineros y una política fiscal prudente y racional.
Desde luego, esta posición privilegiada con respecto a la inversión minera, sólo se logrará privilegiando las libertades económicas, seguridad jurídica, y la tan ansiada estabilidad política que hoy se requiere más que nunca en el país; Esto último, sin demagogias ni populismos que encarezcan la iniciativa privada y desplacen al Perú de su actual sitial como país de condiciones inmejorables para la inversión. A estas alturas, hace falta ser bastante insensatos o especialmente ciegos como para desconocer los incontables y cuantiosos beneficios de la inversión minera; Más aún si existen no sólo testimonios de su gran beneficio, sino que abundan datos estadísticos sobre su obra, producción, ventas, así como el permanente aporte al progreso y desarrollo tangible que proyecta al país y a la sociedad. Desde luego, nos estamos refiriendo a la minería formal. Como es lógico, aquella minería clandestina, ilegal y altamente contaminante, que no debe de ser promovida por el estado ni incentivada por el capital privado, lejos de traer beneficios, sólo reporta miseria, delitos de evasión tributaria, delitos ambientales y la promoción de explotación en todas sus formas. En este sentido, no negamos que pueda haber personas que consideren que la minería ilegal, e irresponsable, no aporta lo suficiente al país, contamina y se enriquece con los recursos de la nación; Pero, despotricar de una minería limpia, promotora del desarrollo y beneficiosa para la sociedad y el fisco, sinceramente no tiene sentido ni es coherente.
Definitivamente, hay mucho desconocimiento, ignorancia y sesgo en el juicio a la actividad minera. De hecho, este rechazo forzado por intereses ocultos o subalternos, los mismos que muchas veces se presentan debido a versiones antojadizas de quienes se oponen neciamente a esta actividad sin fundamentos consistentes, ha venido haciendo eco en ciertos lugares del país bajo concepciones erróneas. Lamentablemente, estas grandes contribuciones sociales, técnicas y tributarias que arroja la actividad minero-extractiva, muchas veces son soslayadas y poco reconocidas desde el plano político; Toda vez, que en vez de eliminar obstáculos o cargas para facilitar la misma, por el contrario se empeñan en generar más problemas para esta. Con todo lo descrito, no podemos sino colegir que es un hecho que la actividad minera tiene una gran importancia inusitada en la marcha económica del país. En esta línea, queremos puntualizar que la única forma de doblegar o derrotar a quienes se oponen a la actividad minera de forma injustificada, será a través de la promoción de ideas consistentes que ratifiquen el rol crucial que ejerce esta actividad en el quehacer nacional. Pero, este camino no será fácil ya que se requerirá de la confluencia de los gremios productivos, los empresarios mineros, una sociedad organizada y del propio estado peruano como promotor y receptor de inversión minera. En este tránsito, existe la necesidad de articular el interés social del estado con el progreso y desarrollo económico que brinda la minería al país. Indudablemente, aun en nuestros días, a pesar de todo el progreso y desarrollo que nuestro país ha alcanzado con la inversión minera, el camino a la integración, inclusión social, el combate a la pobreza y la consolidación económica del país es aun retador pues el trayecto requiere de esfuerzos y trabajo conjunto para ir con armonía.
Para este fin, como es incuestionable, se requiere un estado fuerte, sólido y promotor de la inversión con políticas administrativas serias y transparentes, reglas tributarias claras y estables y normas jurídicas garantistas y transparentes. Al mismo tiempo, se necesita empresas mineras dispuestas a cooperar al máximo en el desarrollo de proyectos mineros en armonía con el medio ambiente, el desarrollo de actividades sociales en cooperación con el estado y la permanente búsqueda de la competitividad, eficiencia y calidad en sus operaciones, en el respeto de los derechos humanos, en su búsqueda de la paz social, así como en la constante protección de los grupos de interés. No queremos terminar el presente ensayo, sin antes hacer mención a un hecho, sin precedentes, que creemos conveniente compartir, se trata de la denegación de facultades tributarias que efectuó el Congreso de la República del Perú al Poder Ejecutivo con respecto al régimen impositivo minero. Sucede, que el Poder Ejecutivo pretendía, entre otras cosas, incrementar tributos y cargas al sector minero. Desde luego, este suceso descrito representa un hito importante que permite ratificar la supremacía del sistema de contrapesos constitucional, fijando límites de actuación al Poder Ejecutivo, el mismo que garantiza orden y seguridad jurídica, lo que da cuenta de un país en el que la institucionalidad funciona a pesar de los distintos problemas políticos. De hecho, al menos por ahora, ya no se permitiría al Ejecutivo realizar cambios dentro de nuestro garantista y sólido régimen fiscal minero peruano. Desde luego, acciones positivas como estas, en el plano legislativo, en resguardo de las libertades económicas, de una política fiscal responsable y de la estabilidad jurídica, entre otras acciones del estado en su conjunto, le permiten a nuestro país ratificar su imagen como destino inmejorable para la inversión, proyectar señales auspiciosas para la industria minera y generar confianza y seguridad jurídica para el inversionista.
Bibliografía:
- Rumbo Minero. Exploración Minera y Petrolera quedarían sin Beneficios Tributarios. Rumbo Minero. Julio 2019 https://www.rumbominero.com/peru/noticias/economia/quitarian-beneficios-tributarios-exploracion-minera-y-petrolera/
- Prialé, Javier. Quitarían Beneficios Tributarios a Exploración Minera y Petrolera. Gestión. Economía. 2019. https://gestion.pe/economia/quitarian-beneficios-tributarios-exploracion-minera-petrolera-272070-noticia/
- Tecnología Minera. Congreso Exceptúo cambios al sector minero tras aprobación de dictamen de facultades tributarias. 2021 https://tecnologiaminera.com/noticia/congreso-exceptuo-cambios-al-sector-minero-tras-aprobacion-de-dictamen-de-facultades-tributarias-1639633131
- Kishimoto, Fidel. Sector Minero: Cuales son las Proyecciones para el 2022. ConexiónESAN. Actualidad. Minería. 2021 https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2021/10/15/sector-minero-cuales-son-las-proyecciones-para-el-2022/
- Ministerio de Energía&Minas. Boletín Estadístico Minero. Estamin. Edición Nº 09. 2021. http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/VARIABLES/2021/BEM09-2021.pdf
- En 2022 Iniciarían Operaciones 29 Proyectos con Inversiones Superiores a 38, 000 Millones de Dólares según MEM. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). 2021. Actualidad Minera.
- https://iimp.org.pe/raiz/en-2022-iniciarian-operaciones-29-proyectos-con-inversiones-superiores-a-38000-millones-de-dolares-segun-mem
[1] Los promotores de la iniciativa legislativa, señalaban que entre los años 2005 y 2017 se registraron devoluciones de IGV e IPM por exploración ascendientes a S/. 403 millones.
[2] Las sobreganancias mineras, sostienen los promotores de la iniciativa legal, será aplicada en aquellos casos donde los precios internacionales de los minerales se incrementen considerablemente.
[3] Según dijo, Francke, el gran problema es la gran contradicción entre las comunidades que han sido postergadas y la empresa que en contraste es muy fuerte. “Entonces hay que facilitar que las grandes empresas mineras puedan hacer esas inversiones”.
[4] En este punto, creemos pertinente afirmar que estos permanentes vaivenes, amenazas de cambio e intentos permanentes de afectar el régimen impositivo del estado, aplicable a sectores estratégicos, y motores del desarrollo, sólo genera el efecto inverso al buscado por el ente recaudador. Decimos esto, porque lejos de generar confianza en el empresario y brindar seguridad jurídica y garantías a la inversión minera, sólo se logra desincentivar compromisos de inversión en investigación, exploración y desarrollo de proyectos mineros.
[5] El gobierno peruano, no parece tener presente que las empresas mineras formales en nuestro país tienen una carga fiscal o impositiva que asciende al 57% de sus ganancias. Esto último, fue señalado a un periódico local por parte del ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez Pinillos. Siguiendo este orden, el Sr. Gálvez Pinillos, añadió que a la dantesca carga de gastos, contribuciones e impuestos se debe de tomar en cuenta el gran caudal de inversiones de las mismas empresas mineras con la finalidad de sostener la producción. Es así, que señala que los inversionistas mineros suele encarecer las ganancias de las empresas mineras. De este modo, los inversionistas mineros llegan a quedarse, como utilidad, entre el 20% o 30% de la ganancias.
[6] La idea, en lo que concierne a la inversión minera, es hacernos fuertes en normas que favorezcan la actividad minera de exploración, explotación y demás labores que requieran concesión. En esta línea, es que debemos proscribir o descartar disposiciones que busquen hacer retroceder al sector, ahuyentar capital y afectar la cadena productiva.
[7] La finalidad del sistema económico, y de una política fiscal responsable, debe ser la de formalizar los sectores económicos con normas que ofrezcan simplificación administrativa y facilidades para formalizar a los profesionales y comerciantes, luchar contra la evasión y elusión tributaria y fiscalizar actividades como la minería informal, la minería ilegal y demás actividades productoras de riqueza que se encuentran fuera del radar de la SUNAT.
[8] No es un secreto, que en el Perú tenemos elevados niveles de incumplimiento tributario, el mismo que según datos del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) se ha estimado en el 7% del PBI. Cómo es lógico, este alto nivel de incumplimiento tributario encuentra su explicación en el alto grado de informalidad, la gran complejidad y falta de recursos del sistema tributario, en problemas de gestión y recaudación de SUNAT, así como en la falta del uso de mecanismos digitales, electrónicos y de normas que promuevan la simplificación administrativa.
[9] En vez de promoverlo y dictar medidas que incentiven la inversión, eliminen trámites innecesarios, simplifiquen trámites, flexibilicen el acceso al crédito y brinden menos carga impositiva. Lastimosamente, en el Perú aun persisten corrientes ideológicas y políticas, las mismas que buscan desprestigiar al sector y echar sombras sobre esta noble y productiva actividad como es la minería. En ese sentido, algunos sectores, con abierto sesgo contrario a la minería que buscan satanizarla, suelen propalar información falaz y sin sentido que induce al error a la población con respecto a los efectos de la minería.
[10] Es un hecho, que esta información ha generado gran expectativa de inversión y desarrollo para este y el próximo año. Sobretodo, por los precios de metales, demandas de mineral y el mejor comportamiento de los mercados(carbón, hierro, níquel, estaño, cobre, oro, plata y demás metales).
[11] En este punto, resulta indiscutible que la minería formal y responsable ofrece grandes caudales de oportunidad de crecimiento económico, mejora en el bienestar y desarrollo del país, así como en opciones de generación de mano de obra especializada, en la industrialización del país y la gran posibilidad de contar con obras de envergadura que nos dejen como saldo una importante red de infraestructura en el país.
[12] De esta relación se ha anunciado que para este año iniciarían obras 7 proyectos, los cuales representan una inversión de más de US$3 500 millones, y están ubicados en las regiones de Ica, Puno, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Moquegua. Estos proyectos son Ampliación Shouxin, Chalcobamba Fase I (proyecto de reposición de Las Bambas) y Pampacancha (proyecto de reposición de Constancia), así como los proyectos Corani, Yanacocha Sulfuros, Optimización Inmaculada y San Gabriel, que estaban previsto comenzar en el 2020, sin embargo debido a la pandemia fijaron su inicio de construcción para este 2021. Cabe precisar que de estos 7 proyectos tres son auríferos, dos cupríferos,uno de Hierro y otro de Plata, de los cuales tres se encuentran actualmente en la etapa de Ingeniería de Detalle. De acuerdo a la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina presentado por el Minem se indica que Reino Unido es el país con mayor participación en la inversión Global con US$ 12,066 millones, seguido de China con un total de US$ 10,425 millones, y en la tercera posición figura Canadá con US$ 8,574 millones. También se señala que de los 46 proyectos, 36 de ellos son proyectos de minas nuevas o greenfield que suman una inversión de US$ 51,100 millones, mientras que los 10 restantes son de tipo brownfield con una inversión conjunta de US$ 5,058 millones.
[13] Para un sector tan profesional, técnico y especilizado como el minero, se precisa de personas competentes y calificadas en los puestos claves, de avanzada y con poder de decisión; Más aun, en un ministerio como el de Energía & Minas.
