Redacción: Equipo Agnitio
En primer lugar, la realidad peruana refleja que la minería es uno de los principales motores de crecimiento económico del país: En los últimos diez años, aportó cerca del 9 % del PBI, 59 % de las exportaciones, 15 % de la inversión privada y 10 % de los ingresos tributarios.
No obstante, los crecientes conflictos sociales relacionados a la minería, concentrados en la segunda mitad del 2021, habrían frenado el crecimiento del sector en el último año y el inicio del 2022. Un ejemplo de esta situación lo constituye las paralizaciones que enfrentan las operaciones de Las Bambas (Apurímac) y Cuajone (Moquegua) y el caso más emblemático es el de Yanacocha en Cajamarca, que pasó de producir más de 90 millones de gramos de oro en el 2005 a solo 8 millones en el 2021, una reducción de 91%.
Ahora bien, según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los conflictos mineros le habrían costado al sector minero-metálico alrededor de 2,3 puntos porcentuales de crecimiento en el 2021. Es decir, la actividad minera se expandió 9.7 % en el 2021, pero pudo haberse expandido 12 % sin conflictos sociales. Ello habría significado un costo de más de S/ 1,500 millones, según cálculos del IPE.
El director asociado en Fitch Ratings, Héctor Collantes, confirma que la conflictividad social ha sido un problema recurrente en la minería. Sin embargo, el Gobierno actual se ha mostrado particularmente incapaz de conciliar las demandas de las comunidades con las de las empresas mineras.
Ante ello, Collantes comentó que un manejo adecuado de los conflictos sociales requiere una autoridad establecida, reglas claras y una intermediación oportuna. Adicionalmente, refirió que los conflictos mineros suelen aumentar alrededor de las elecciones subnacionales.
En segundo lugar, según Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas, la incertidumbre política sería el principal desincentivo a una mayor inversión en minería. Para este, la actitud negativa del Gobierno hacia el sector ha introducido un riesgo sistémico nunca antes registrado en la continuidad de las operaciones, además, retrasa los proyectos de exploración.
En esa línea, el BCRP estima una caída de la inversión minera de 15% hacia el 2023, mientras que la inversión en el resto de la economía crecería 4%.
Por ello, estando a pocos meses de los comicios regionales y municipales 2022, se advirtió que, de no adoptar soluciones adecuadas ahora, será más difícil manejar estos conflictos sociales e incertidumbre política en los próximos meses.
Fuentes consultadas:
Buglewicz, J. (28 de marzo de 2022). Conflictos sociales costaron más de S/1.500 millones a la minería. El Comercio.
Instituto Peruano de Economía (IPE). (marzo de 2022). Obtenido de Instituto Peruano de Economía (IPE): https://www.ipe.org.pe/portal/tag/conflictos_sociales/
Imagen extraída de:
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/snmpe-el-77-de-las-ganancias-de-las-empresas-mineras-se-queda-en-el-pais/
