Hace casi cinco años el profesor Saul Levmore –quien enseña en la facultad de leyes de la Universidad de Chicago– dio una conferencia titulada “Addictive Law”. En dicha conferencia, el profesor Levmore sugirió que los individuos nos estamos volviendo adictos al derecho en el sentido de que, a medida que pasa el tiempo, estamos delegando al sistema legal la solución de cuestiones que tiempo atrás estábamos más dispuestos a arreglar sin mayor intervención legal.
La razón de esta tendencia tiene que ver con la forma en la que el sistema legal modifica la preferencia de los individuos. No es usual que en las escuelas de derecho se enfatice en una enseñanza crucial para los futuros abogados: identificar el límite sano para una intervención jurídica. He empleado la expresión “límite sano” en lugar de “límite eficiente” –aunque ciertamente creo que existe tal frontera– porque quiero sugerir que esta tarea de identificación es en varios ámbitos más intuitiva que económica.
En general, no esperaríamos que algún funcionario gubernamental intervenga como mediador cuando tenemos un malentendido en nuestra relación de pareja o en la relación con nuestros padres. Pero en la medida que el sistema legal o cualquier figura a la que se le atribuya autoridad mete su nariz en un nuevo terreno, se abre el espacio para el reconocimiento de esa intervención como válida. Cuando era estudiante de derecho, era impensable para mi contemplar la idea de que ciertas cuestiones podían escalar eventualmente hasta alguna autoridad de la facultad. Si, por ejemplo, no te gustaba algo que un docente dijo, pues asumías que era parte de la dinámica o, eventualmente, hablabas con el docente. Hoy, es perfectamente posible imaginarse a un estudiante involucrando instancias mayores o incluso a algún estudiante involucrando a sus padres para que, como si fuera colegio, los asistan de cara a alguna autoridad.
En la medida que en el diseño de las reglas legales o en la configuración de las atribuciones de una autoridad, cruzamos el “límite sano” e involucramos al derecho en la atención de problemas que podríamos atender de forma más barata de forma individual, vamos desarrollando una adicción a favor de la solución legal. La consecuencia de ello es que los ciudadanos esperan que el Estado atienda todos sus problemas incrementando la chance de decepciones sistemáticas. Esta adicción presiona a los creadores de derecho a fortalecer incluso más su intervención profundizando el empleo de recursos en la solución de cuestiones que podrían ser mejor atendidas mediante arreglos privados voluntarios.
En términos prácticos, un comportamiento adictivo respecto de la intervención legal promueve el empleo de recursos de la sociedad de forma ineficiente, empodera a las autoridades que intervienen de modo en que difícilmente retrocederían cediendo atribuciones ya obtenidas, incentiva mayor litigación entre individuos con las consecuencias económicas que ello implica y, finalmente, afecta el sentido de responsabilidad de los ciudadanos convirtiéndolos en sujetos pasivos que asumen con flojera antes que proactividad la necesidad de arreglos en sus propias vidas.
En términos académicos, esta conversación podría servir de punto de partida para una exploración sobre posibles “puntos medios”. Quizás podríamos imaginar casos en los que el sistema legal podría regresar la delegación hacia los privados. De alguna manera, la promoción de programas de cumplimiento normativo representa una apuesta en la dirección correcta: devolver a los privados la responsabilidad por la prevención y mitigación. Un empleador con una política de tolerancia cero hacia ciertas prácticas puede ayudar a retrasar una delegación de ciertas cuestiones al sistema legal. En suma, la próxima vez que analice una regla legal o una decisión, piense un momento si estamos dentro de los “límites sanos” o quizás el derecho fue demasiado lejos. Estoy convencido de que un buen abogado reconoce cuando detenerse en su apuesta por la intervención legal.
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