Autora: Claudia Seminario Gómez
Todo aquel que ha visto de cerca una inspección laboral a cargo de la SUNAFIL, que involucra a una empresa principal y a los trabajadores de una contratista, sabe que cuando la misma se origina a consecuencia de un accidente de trabajo, es casi imposible que este procedimiento concluya sin que ambas empresas sean multadas. Respecto de la multa que se impone al empleador, es fácil encontrar alguna causa imputable a éste. Sin embargo, ¿hasta qué punto puede ser responsable la empresa que es dueña de las instalaciones por el accidente de trabajo de un tercero?
Al respecto, el artículo 68° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N°29873, dispone que el empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas o subcontratistas, es quien garantiza, entre otras obligaciones, la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las contratistas o subcontratistas que presten servicios en su centro de trabajo. De lo contrario, la empresa principal es solidariamente responsable por los daños e indemnizaciones que pudieran generarse ante el incumplimiento de las obligaciones sobre la materia por parte de la contratista.
Sin embargo, ¿cuál es el límite del deber de vigilancia? Lamentablemente, la ley no prevé límite alguno, lo que convierte este deber en un “cajón de sastre”, en el cual los inspectores de trabajo encuentran el argumento ideal para sancionar a la empresa principal por los incumplimientos de la contratista e, inclusive, podría ser el sustento de una demanda judicial contra ambas empresas, para que asuman de manera solidaria, una indemnización por daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo.
Ante ello, ¿qué debería hacer un empleador diligente para estar prevenido en una eventual inspección laboral a consecuencia de un accidente de tercero? Entre otras cosas, antes de la contratación del servicio, debería verificar que la contratista tenga implementados los documentos obligatorios de seguridad y salud en el trabajo y, durante la prestación del servicio, realizar auditorías periódicas.
De este modo, se debería verificar que los trabajadores de las contratistas cuenten, cuando corresponda, con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y que dichas contratistas tengan implementados los documentos obligatorios en materia de seguridad y salud en el trabajo, en medio físico o digital; tales como la Política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo; los cargos de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; las constancias de capacitación y de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo; los registros obligatorios; las Actas que acrediten la elección, instalación y reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y entro otros, respecto de todos los trabajadores destacados o desplazados a sus instalaciones.
Con ello, cuando se produzca una inspección, como consecuencia de un accidente de un trabajador de contratista, y los inspectores nos soliciten información referida al deber de vigilancia, podamos tener la información a la mano, sin perjuicio de coordinar con la contratista la entrega de información complementaria.
Asimismo, cuando durante la ejecución del servicio, el empleador verifique que la empresa contratista no está cumpliendo o ha dejado de cumplir una obligación de seguridad y salud en el trabajo, debería requerir por escrito su cumplimiento a la contratista e inclusive impedir la ejecución del servicio si el incumplimiento supone un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.
Sin embargo, la complejidad de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo hace que sea prácticamente imposible su cumplimiento absoluto. En ese sentido, el deber de vigilancia del empleador debe ser valorado durante la inspección laboral de manera razonable y atendiendo al caso concreto.
De este modo, si el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa principal donde están destacados o desplazados los trabajadores de una contratista cumple todos los requisitos legales para su funcionamiento, no resultaría razonable multar a la empresa principal por no haber verificado que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la contratista no cumpla únicamente con un requisito formal.
Sin perjuicio de ello, cuando se solicite el cumplimiento del deber de prevención, es conveniente solicitar al inspector una precisión sobre la información que se solicita, atendiendo a que dicho deber de vigilancia comprende la verificación de diversos temas de seguridad y salud en el trabajo.
En todo caso, mientras no exista una reforma legislativa o, por lo menos, un límite a los alcances del deber de vigilancia, el “cajón de sastre” debería utilizarse con prudencia y evitando ser el sustento de sanciones abusivas.
