If you wanna make the world a better place
take a look at yourself and then make a change
(“Man in the Mirror”, Michael Jackson)
Estas últimas semanas hemos visto la peor cara de la justicia. Audios que prueban cómo se negocian las sentencias, la procedencia de los recursos y hasta criterios jurisprudenciales. Magistrados (Jueces y Fiscales) y litigantes como “hermanitos” en la inmundicia. Ninguno acepta que ha hecho algo malo. ¿Tan normalizada está la conducta anti-ética? ¿Es tan común pensar que los favores obtenidos de forma ilícita son solo “deferencias”?
La ciudadanía ve eso y confirma lo que siempre sospechó: hay corrupción en todos lados. Muchas personas honestas pueden sentir que cuando son demandantes, sus procesos no avanzan. Cuando son demandados, el proceso empieza y ya tienen una cautelar en contra. ¿Mala suerte, mala defensa o algo “extraño” en los operadores de justicia? Ahora todos tienen motivos para pensar que es lo último.
Los Magistrados involucrados no solo han cometido actos ilícitos, sino anti-éticos. Han desanimado y desmoralizado al país y a los abogados y abogadas, así como a estudiantes de Derecho que ven cómo su profesión continua siendo desprestigiada por malos operadores de justicia. Y lo peor de todo es que huele a “impunidad”, a que nada va a pasar. En este escenario, ¿qué hacemos con el sistema de justicia?
El 25 de julio de 2018, la “Comisión Consultiva para la reforma del sistema de justicia” presentó un informe titulado “Hacia un Sistema de Justicia honesto y eficiente“. Contiene diez (10) recomendaciones, incluyendo una propuesta para modificar los artículos 155° y 156° de la Constitución, relacionados con el Consejo Nacional de la Magistratura.
El actual artículo 155° de la Constitución señala que el CNM tiene siete (07) miembros, todos elegidos o designados por distintos sectores del sistema de justicia o la sociedad civil (como las universidades que, como veremos líneas abajo, no tienen cursos de Ética y Responsabilidad Profesional). La propuesta de reforma constitucional indica que serán cinco (05) ‒procurando igual número de hombres y mujeres‒ elegidos por concurso público.
Sería un gran paso, pues el CNM está encargado de: (i) nombrar jueces y fiscales; (ii) ratificarlos (o no ratificarlos); y, (iii) aplicación de sanciones. La actual manera de conformar el CNM no garantiza que estas funciones sean ejercidas debidamente, como lo han recordado los famosos audios de estas semanas, en los cuales quedaba claro que el CNM favorecía o desfavorecía a candidatos según tengan un “padrino” o un “verdugo” interesado en que se involucren (o alejen) del sistema de justicia.
Otra de las recomendaciones de la Comisión es importantísima, pues propone atacar un problema de raíz: la formación en las universidades y el rol de los colegios de abogados en cuanto al ejercicio profesional (ya en la cancha).
Para los que somos abogados egresados de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el curso de “Ética y Responsabilidad Profesional” es obligatorio (en el actual Plan de Estudios se han incorporado más cursos o actividades al respecto). También es obligatorio en la Universidad de Lima. No obstante, no lo encuentro, por ejemplo, en la malla curricular de la Universidad César Vallejo ni en la de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Esta búsqueda rápida que hice no es aleatoria. El día de mi colegiatura en el Colegio de Abogados de Lima, nos indicaron que el 60% de los colegiados eran de la UCV, el 20% de la UIGV y el 20% restante de diversas universidades (principalmente de la PUCP y de la UL). Eso quiere decir que el 80% de mis colegas no recibieron formación sobre ética y responsabilidad profesional durante su estancia universitaria. Eso es preocupante.
Es por ello que la Recomendación N° 09 del Informe antes citado propone una proyecto de ley “para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía“, a fin de contar con formación ética y de responsabilidad profesional en:
- Estudiantes de Derecho (universidades);
- Miembros del sistema de justicia (Academia de la Magistratura);
- Abogados y abogadas en ejercicio (Colegios de Abogados).
Estas recomendaciones deben ser acompañadas (“vividas”) por todos nosotros, sea como litigantes, como magistrados, como estudiantes, como sociedad civil. El sistema de justicia no va a cambiar si no cambiamos nosotros también.
Como reflexión final, creo que debemos dejar de pensar si tenemos a un “conocido” en alguna entidad de la Administración Pública o en alguna entidad privada, pues ese pensamiento ‒aunque inocente en principio‒ puede terminar en una distorsión de nuestra capacidad para diferenciar lo malo de lo que es bueno (como los “hermanitos”). Entonces, más allá de cambios radicales en los “otros” (que son sumamente necesarios), empecemos por casa, por nosotros. Por nuestro ejercicio profesional y por nuestra formación.
