El viernes 5 de mayo, a las 00:02 am, el Pleno del Congreso derogó, con 63 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención, el decreto legislativo N° 1323 que agravaba las penas en los casos de feminicidio, violencia familiar, violencia de género y crímenes de odio contra la comunidad LGTBI.
Dicha norma fue promulgada el pasado 6 de enero y proponía modificar el Código Penal para endurecer las penas con estas nuevas causales como agravantes del delito de homicidio que tengan “móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, la raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural”.
Esta iniciativa fue presentada y respaldada por las bancadas de Fuerza Popular, el APRA y Alianza para el Progreso (APP). Estas bancadas argumentaron que el D.L. 1323 superaba las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo.
En diversos medios de comunicación, Miguel Torres Morales, congresista y presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, expresó lo siguiente: “Si quieren legislar sobre esa materia, vengan y presenten un proyecto de ley, no vamos a aceptar normatividad de contrabando”.
Frente a esta decisión, varios congresistas y ciudadanos dejaron ver su descontento. Entre ellos, el legislador Alberto de Belaunde, de Peruanos Por el Kambio, argumentó con anterioridad que el decreto en cuestión estaba dentro del tema de seguridad ciudadana; y por consiguiente, el Congreso poseía plenas facultades para legislar sobre ello. “Si podías legislar sobre discriminación y crímenes de odio, también podías incluir orientación sexual e identidad de género junto a otras categorías como libertad religiosa”, manifestó el parlamentario.
