El pasado viernes 9 de febrero del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el procedimiento de acusación constitucional interpuesta por el Congreso de la republica contra los magistrados del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, a causa del caso el Frontón sea archivado.
Como se recuerda, estos cuatro magistrados emitieron una resolución de aclaración que cambió el voto de Juan Vergara Gotelli, ex magistrado del Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón, al considerar que había un “error material” en el conteo de votos que corregir. Ante dicha resolución, fue que once altos oficiales marinos en situación de retiro presentaron la acusación constitucional contra los magistrados del TC ante el Congreso cuyo proceso se inició en noviembre del año pasado.
Cabe señalar que la acusación constitucional está contenida en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú que señala: “Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.
Los oficiales consideran que los magistrados habrían violado el precepto constitucional de “inmutabilidad de cosa juzgada”, al haber resuelto dejar sin efecto el enunciado de una sentencia del 2013, en la que se decía que los hechos ocurridos durante el debelamiento de un motín en el penal de El Frontón, en 1986, no constituyen delitos de lesa humanidad. En respuesta, en octubre de 2017 los miembros del TC acudieron a las instancias internacionales (CIDH) con la finalidad de denunciar que el Congreso peruano amenazaba la independencia de sus funciones.
Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que se archive el procedimiento de acusación constitucional seguido ante el Congreso contra los citados magistrados; así como, resuelve que el Estado peruano presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de la resolución, a más tardar el 15 de abril de este año.
Dicho fallo ha causado diferentes opiniones en el ámbito político de nuestro país. De esta manera, el Presidente del Congreso, Luis Galarreta, a través de una carta exhorto al Presidente de la Republica de no acatar el fallo de la CIDH, pues, en su opinión, se estaría transgrediendo la soberanía del país y ello, sentaría un precedente nefasto que configuraría una intervención ilegítima de un organismo internacional en los asuntos internos de un Estado. Por otro lado, el ex primer ministro, Pedro Canteriano señaló que es sumamente importante esta resolución porque preserva los derechos constitucionales de los cuatro magistrados amenazados abusivamente por la mayoría que hoy controla el Congreso de la República.
