El pasado 27 de abril, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la incautación de cinco inmuebles en los distritos de Surco, La Molina, La Victoria y Lurín; cinco vehículos y catorce cuentas bancarias vinculadas al ex mandatario Ollanta Humala y Nadine Heredia. La disposición, no obstante, fue ejecutada recién el pasado 07 de mayo por el fiscal Germán Juaréz, que investiga a la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos.
De acuerdo a la resolución judicial de 157 páginas, el magistrado sustenta su decisión en el argumento fiscal siguiente: “las propiedades habrían sido adquiridas ilegalmente por los investigados. Esta vez, la fiscalía ubica a Heredia, su madre Antonia Alarcón y la amiga de la ex primera dama, Rocío Calderón Vinatea, como las principales protagonistas de haber incurrido en delitos”.
“Existen motivos razonables para sostener que se tratan de seis(cinco) bienes que constituyen objeto de delito de lavado de activos y, por ende, estaría justificado el allanamiento de los mismo”, manifiesta Concepción Carhuancho.
Según la imputación fiscal, Nadine Heredia, junto a Alarcón y Calderón, “habrían dado apariencia de legalidad” al presunto dinero ilícito proveniente del gobierno de Venezuela y de la empresa Odebrecht para financiar las campañas presidenciales de Humala de 2006 y 2011 respectivamente.
No obstante, para el fiscal Juárez lo más grave es que Heredia usó parte de estos recursos para incrementar su patrimonio y el de su esposo. De acuerdo con la investigación, “simuló” contratos con empresas para, de esa manera, conseguir hipotecas y préstamos y así adquirir sus propiedades. Señalando, en ese sentido, que Rocío Calderón y Antonio Alarcón contribuyeron con el cometido de la ex primera dama al abrir cuentas bancarias y “ocultar” el dinero que habría recibido de Venezuela y de las compañías brasileñas.
La fiscalía cita reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en los que se indica que Calderón, Alarcón y Cristina Velita Arroyo de Laboureix (embajadora del Perú en Francia durante el gobierno humalista) “habrían incrementado ostentosamente su patrimonio, adquiriendo propiedades y canalizando cuantiosas sumas de dinero a través de sus cuentas bancarias, patrimonio que sería producto del acopio de dinero de presunta fuente ilícita”. Incluso se indica que Rocío Calderón seguiría “ocultando” dinero de la ex pareja presidencial. Como prueba, se menciona una diligencia realizada en la vivienda de la amiga de Heredia, en el año 2015, en la que se halló en una caja fuerte la suma de US$ 44, 100.00 que sería propiedad de la cónyuge de Humala Tasso.
Ollanta Humala y Nadine Heredia abandonaron en la madrugada del pasado 08 de mayo su vivienda ubicada en Surco, la cual fue incautada por parte de la Fiscalía como parte de su investigación. El ex presidiente ha calificado la medida como un abuso y una venganza del Poder Judicial luego de que el Tribunal Constitucional ordene su liberación tras haber estado 6 meses con prisión preventiva.
La diligencia de incautación culminó alrededor de las 3:30 de la madrigada, tras lo cual Humala y Heredia salieron del inmueble a borde de un vehículo negro.
No tardó en dar su manifestación el ex presidente, cuestionando la medida autorizada por el juez Richard Concepción, a quien acusó de estar parcializado.
“¿Por qué no hicieron esta incautación cuando estábamos presos? ¿Por qué esperan que salgamos? Solo tenemos esta casa familiar como propiedad. Al final del caso le hemos señalado nuestra voluntad de seguir colaborando como siempre (…) Hemos señalado que es un juez parcializado(Richard Concepción) y lejos de apartarse ha tomado una medida de venganza (…)”, dijo Humala.
El proceso de incautación significa desposeer los inmuebles y entregarlos al Pronabi (Programa Nacional de Bienes Incautado), debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito.
El líder del partido nacionalista descartó pedir asilo político aunque dijo que se considera víctima de un “linchamiento”.
“No es una persecución porque no nos hemos corrido. Este ya es un linchamiento político. Acá tenemos que defender el estado de derecho. Soy el primer presidente después de más de 30 años que se queda en el país. Da la impresión de a quienes evaden las investigaciones los premian y los que nos quedamos a enfrentar nos castigan”, dijo Humala.
Además, criticó las resoluciones de Carhuancho considerando que generan inseguridad jurídica, reiterando que su casa ya era objeto de un embargo hace más de un mes y, por ende, no podría disponer de esta.
“La incautación involucra una medida que no era urgente, es una medida que tendrían que explicar por qué se hizo (…) siento que se ha perdido en este proceso la objetividad y la imparcialidad, requisitos indispensables para poder esperar la justicia y que el tratamiento de la ley sea para todos por igual”, manifiesta el líder nacionalista.
Luego que el Juez Richard Concepción Carhuancho fuera cuestionado por sus resoluciones respecto a la incautación de bienes a la ex pareja presidencial, este decidió pronunciarse y aclarar que “en ningún momento ha ido en marchas y contramarchas”. Según explicó Concepción Carhuancho, los bienes incautados estarían vinculados al delito de lavado de activos.
“Se sostiene que el pago de este inmueble, según lo que sostiene la Fiscalía y lo que sostiene mi despacho, estarían vinculados con dinero que sirvieron para hacer el pago de esta cada y que tendrían fuente ilícita”, dijo.
En ese sentido, detalló que la defensa de Ollanta Humala solicitó una entrevista con él y le solicito un plazo para que su familia pueda retirarse del inmueble.
Sin embargo, posteriormente el mismo Concepción Carhuancho suspendió por 30 días la ejecución de la incautación de la vivienda del ex presidente y su esposa en Surco. El abogado de Humala y Heredia, Julio César Espinoza, explicó que la resolución fue emitida ante un pedido de la defensa legal con el argumento de “la necesidad de proteger el interés superior de los niños que la ley de protección al menor le obliga”.
En la resolución de Concepción Carhuancho se aprecia la decisión de “declarar fundado el pedido de suspensión de la ejecución de la desposesión del bien inmueble”, ubicado en Surco, donde reside la ex pareja presidencial con su familia”.
“Se dispone la suspensión de la ejecución de la desposesión solo del inmueble antes anotado por el plazo de 30 días naturales”, señala la resolución.
Unas horas después de ordenar la suspensión por un período de 30 días de la incautación de la casa del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, el juez Richard Concepción Carhuancho dejó sin efecto esta medida. Es decir, el inmueble continuará bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
En una nueva resolución, Concepción Carhuancho explica que la suspensión de la incautación de la vivienda “carece de objeto”, porque la medida ya fue ejecutada, cuando al promediar la 1:50 de la mañana de este martes el ex presidente y la ex primera dama entregaron la propiedad junto a las llaves de acceso a las autoridades del Pronabi.
