Desde el 2004 se han presentado, sin éxito, proyectos de ley en busca de que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por una entidad que no sea su propia federación. En este período parlamentario van tres iniciativas, todas dictaminadas, pero varias decisiones retrasaron su discusión en el pleno.
El primer proyecto presentado en este período fue el de Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), en setiembre del 2016. Este planteó que las cooperativassean “reguladas y supervisadas” por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), ya que considera como un conflicto de intereses que estas sean fiscalizadas por su federación.
Casi cuatro meses después, la misma SBS presentó otro proyecto. Su iniciativa iba en el mismo camino: establecer un régimen de sanciones y que la supervisión esté a su cargo, de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ambos proyectos fueron dictaminados en la Comisión de Economía y llevados al pleno en agosto del 2017. La fórmula estableció una supervisión de la SBS gradual en los siguientes cuatro años. En tanto no entre en vigencia, estas continuarán rigiéndose por la actual ley. Es decir, supervisadas por su federación.
El primer proyecto presentado en este período fue el de Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), en setiembre del 2016. Este planteó que las cooperativas sean “reguladas y supervisadas” por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), ya que considera como un conflicto de intereses que estas sean fiscalizadas por su federación.
Casi cuatro meses después, la misma SBS presentó otro proyecto. Su iniciativa iba en el mismo camino: establecer un régimen de sanciones y que la supervisión esté a su cargo, de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ambos proyectos fueron dictaminados en la Comisión de Economía y llevados al pleno en agosto del 2017. La fórmula estableció una supervisión de la SBS gradual en los siguientes cuatro años. En tanto no entre en vigencia, estas continuarán rigiéndose por la actual ley. Es decir, supervisadas por su federación.
El pleno del Congreso de la República decidió el pasado jueves 24 de mayo que el dictamen de ley que establece que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), con la finalidad de evitar el lavado de activos en este sector, vuelve a ser revisado por las comisiones de Economía y Producción.
Horas antes del debate, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés Belaunde habían cuestionado a su colega de Fuerza Popular Úrsula Letona por presentar un dictamen en la Comisión de Constitución, que ella preside, para que se cree una superintendencia exclusiva para las cooperativas.
“La señora Letona ha aceptado que ella, sin ser cooperativista, ha recibido un préstamo de 75 mil soles de una cooperativa que está presente en el Congreso para sus gastos de campaña. Osea, Odebrecht no puede financiar a congresistas pero sí una cooperativa“, dijo.
Según comentó García Belaunde, Letona hace lobbies a favor de cooperativas informales que pueden lavar dinero del narcotráfico por falta de fiscalización de la SBS.
En su defensa, Úrsula Letona dijo a Canal N que luego de presentar un proyecto de reforma constitucional que crea una superintendencia de entidades solidarias, “lo único que he recibido son insultos, ataques y mentiras, nunca de parte de mis colegas un argumento de fondo que cuestione el proyecto”.
El tema fue puesto en agenda luego de que los voceros de casi todas las bancadas coincidieran en que la SBS debía ser empoderada con la facultad de fiscalizar a las cooperativas. El debate se extendió por más de cuatro horas. Antes de que finalice la jornada, el congresista fujimorista, Héctor Becerril, sugirió que el dictamen retorne a los mencionado grupos parlamentarios, pedido que fue aprobado por 46 votos a favor y 42 en contra (del total de 89 asistentes), requiriéndose la mitad más uno para su aprobación.
Esta medida fue criticada por la mayoría de las bancadas del Parlamento, ya que el proyecto se puso en agenda luego de que los voceros de todas las agrupaciones del Congreso a excepción de Fuerza Popular coincidieran en que la SBS debía ser empoderada con la facultad de fiscalizar a las cooperativas.
Durante su intervención en el pleno, el titular de la Comisión de Economía, Guido Lombardi, sostuvo que la medida no solo trata de proteger el dinero de los ahorristas, sino también evitar que a través de esas entidades se puedes efectuar mecanismos de lavado de activos.
“No es eso un secreto y por eso pongo énfasis sin señalar la enorme cantidad de cooperativas que han aparecido en el Vraem, donde se reportan lavanderías de narcotráfico, minería ilegal y delitos de enriquecimiento ilícito”, sostuvo.
Tras esto, el legislados fujimorista Dalmiro Palomino señaló que en la región Apurímac se han presentado casos de estafa por parte de algunas cooperativas de ahorro y crédito que, amparándose en los vacíos legales sobre fiscalización en el tema, han realizado actividades ilícitas.
En otro momento, el congresista fujimorista Juan Carlos Del Águila indicó que la Comisión Lava Jato ha dado muestras de que la SBS no ha estado a la altura de las exigencias de la coyuntura
“La SBS no es una institución impoluta. Todos queremos transparencia,(las cooperativas) tiene que ser supervisadas, pero no le creemos a la SBS, este tema debe ser más analizado”, dijo.
Letona –cuyo proyecto se dictaminó en cinco días– criticó que la supervisión efectiva de la SBS en la actual propuesta demorará mucho y que no tipifica responsabilidad penal. “Dicen que los bancos quieren comprar las cooperativas”, afirmó.
“Hay una campaña para presionar al Congreso para que le dé una nueva atribución de SBS”, dijo Becerril durante el debate.En tanto, Mercedes Araoz consideró innecesario que el debate siga dilatándose.
