Desde hace un tiempo atrás en diferentes foros vengo escuchando un pedido que los empresarios de diferentes sectores económicos vienen realizando, la simplificación administrativa y la ventanilla única.
La administración actual y nuestros legisladores deben ser conscientes que nuestro país cuenta una posición privilegiada al tener una serie de recursos naturales que pueden y deben ser aprovechados eficiente y responsablemente por las empresas, y, que producto de la actividad desarrollada por éstas últimas se generarán una serie de beneficios a diferente escala.
Haciendo un repaso muy rápido de los beneficios que trae por ejemplo la actividad petrolera, tenemos el pago de regalías, la generación de canon, la creación de puestos de trabajos directos e indirectos, la generación de riqueza que se traduce en el pago de impuesto a la renta por parte de todos aquellos trabajadores y empresas que se encuentran involucradas en la prestación de servicios, suministros, transferencia de tecnología, capacitación, campañas y actividades sociales, entre otros puntos.
Como puede verse, el efecto multiplicador de un proyecto relacionado con la extracción de un recurso natural es vasto.
Sin embargo, todos los efectos positivos que he mencionado anteriormente caen en saco roto cuando las empresas se enfrentan a procedimientos y trámites engorrosos que lo único que hacen, es alargar la obtención de un permiso, como es le caso de la aprobación del instrumento de gestión ambiental, cual punta del iceberg, es el primer hito dentro muchos otros más permisos que se requerirán para poder desarrollar las operaciones de las empresas.
Nótese que para la elaboración de un instrumento de impacto ambiental una empresa tendrá que (dependiendo del tamaño del proyecto) invertir aproximadamente entre unos 8 a 12 meses en su elaboración, y luego, esperar un periodo similar hasta poder obtener la aprobación del mismo.
Sumado a ello, cual maratón, deberá gestionar los permisos conexos que se requerirán para poder realizar las actividades preliminares que le permitirán ingresar en un área determinada, realizar trabajos exploratorios, entre otros (por ejemplo, uso de explosivos, permisos de desbosque, vertimientos, etc.).
Cuando ya se llegó a la meta, en aproximadamente a los 3 o 4 años de haberse suscrito el Contrato de Licencia nos encontramos que las condiciones y variables económicas pueden ser totalmente distintas a las premisas planteadas al inicio del proyecto, las cuales pueden hacer que el mismo sea inviable en determinado contexto (bajo precio del barril), que la inversión se difiera a otros ejercicios o que el capital asignado paras las operaciones en el Perú se destine a otro, cuyas condiciones de inversión son más amigables para el inversionista.
Esto último, debe hacer que nuestros gobernantes reflexionen y se tome una política de Estado que se encuentre dirigida a ser más eficientes y menos burocráticos, considerando que se trata de un sector en el que los costos logísticos son altos debido a inaccesibilidad de las operaciones, entre otros factores.
Por ejemplo, someto a debate la siguiente idea ¿Por qué no pensar en una aprobación preliminar de los instrumentos ambientales? De esta forma, podrían desarrollarse proyectos (previo cumplimiento de un check list y suscripción de una declaración jurada), los cuales en fase de evaluación por parte de la autoridad podrían mejorarse o corregirse ciertos aspectos, mientras el mismo no se encuentra en stand by, esperando ver la luz al final del túnel.
Propongo esta idea, pues al final del día los instrumentos ambientales son elaborados por consultoras ambientales que se encuentra previamente se registradas ante las entidades del Estado y en base a determinados lineamientos.
Como puede verse, es cuestión de tomar una Política de Estado que nos permita no solo atraer inversión, sino proteger la misma con procedimientos que respondan a factores económicos, los cuales al final del día terminan marcando nuestro crecimiento como país.
(***)
