Autor: Dr. Freddy Rojas López
El presente comentario tiene como propósito realizar algunas reflexiones respecto de los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema en la Casación Nº 661-2016-Piura, al contener aspectos importantes para nuestra jurisprudencia y la doctrina sobre el delito de colusión, su distinción entre el delito de colusión simple y colusión agravada, y los requisitos que requiere cada una de las referidas modalidades.
El caso que resuelve dicho recurso de casación es sobre un proceso seguido contra la Alcaldesa y algunos funcionarios de la Municipalidad de Castilla –Piura- por la comisión del delito de colusión agravada al señalar que ha habido un acuerdo colusorio en la ejecución de la obra denominada “ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado de los Asentamientos Humanos del Sector Noroeste de Castilla”, habiendo generado un perjuicio para la referida Municipalidad y el Estado.
Es importante mencionar que el 21 de julio de 2011 se publicó la Ley Nº 29758 que establece el delito de colusión en sus dos modalidades: i) colusión simple –primer párrafo-, ii) colusión agravada –segundo párrafo-; cabe precisar que en ambos supuestos el núcleo del comportamiento típico es defraudar al Estado mediante la concertación con los interesados en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, obras y servicios para el Estado, con la salvedad que en la colusión agravada se agrega la frase “defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado”.
Al respecto, el magistrado Ramiro Salinas Siccha [2] hace notar la diferencia que existe entre el delito de colusión simple y colusión agravada, indicando que si la concertación es descubierta antes que se defraude patrimonialmente al Estado, estaremos ante una colusión consumada, pero por voluntad del legislador será simple; en cambio, si la concertación es descubierta, luego que se causó perjuicio patrimonial efectivo al Estado, estaremos ante una colusión consumada, pero por voluntad del legislador será agravada.
En tal sentido, podemos decir que la colusión simple se consuma con la sola concertación, sin necesidad que la administración pública sufra un perjuicio patrimonial ni que se verifique la obtención de ventaja del funcionario, pues el peligro de afectación al patrimonio estatal es potencial, siendo suficiente que la conducta colusoria tenga como propósito defraudar; mientras que para configurarse la colusión agravada es necesario que mediante concertación con los interesados, se defraude patrimonialmente al Estado, esto es, causando un perjuicio real o efectivo al patrimonio estatal.
Respecto al delito de colusión agravada, como hemos mencionado se requiere que el agente perjudique o defraude de modo efectivo el patrimonio del Estado, es decir, que nos encontramos ante un delito de resultado lesivo, donde el desvalor de la acción, esto es, la concertación idónea, no es suficiente para configurar el delito, sino, se exige la efectiva lesión o perjuicio al patrimonio del Estado, para esto la prueba idónea que permite establecer el perjuicio patrimonial concreto en una determinada entidad es la pericia contable, en tanto, permita establecer el menoscabo que se ha producido al Estado y determinar el quantum del daño patrimonial.
Notas:
[1] Socio Senior del área Penal con más de 30 años de abogado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Trabajó 10 años en el Ministerio Público como Fiscal Provincial. Master en Derecho Penal y Doctor en Derecho. Posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España. Cursos y diplomados en Litigación Oral y Derecho Procesal Penal en Chile y Colombia (Universidad Santo Tomas). Reconocido por Ranking Leader League en los años 2019, 2020 y 2021.
[2] Salinas Siccha, Ramiro. Delitos cometidos por funcionarios públicos. Lima. Grijley. 2011. Pág. 251.
Imagen extraída de:
- https://elperuano.pe/noticia/85688-el-recurso-de-casacion
