Autor: Carlos Hakansson
Abogado constitucionalista por la Universidad de Lima, Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España), Docente y Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, Titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario Europeo reconocida por la Comisión Europea, Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, también ha realizado estancias e investigaciones en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Vigo y en la Universidad de California en San Diego.
Si el Rule of Law (imperio del derecho) es el alma de un gobierno constitucional, el presupuesto básico del Judicialismo anglosajón que garantiza un universo regido por el Derecho, un mismo juez para todos por igual en una sociedad democrática; en pleno Siglo XXI surge su némesis, pero ahora más
tecnificado y en tiempos de la llamada posverdad (léase, el imperio de la mentira), nos referimos al Lawfare. Se trata de una nueva palabra inglesa, todavía no reconocida por el Diccionario de Oxford, que alude a un estado o situación de guerra para atacar sistemáticamente a los opositores del gobierno
mediante un empleo arbitrario de las instituciones jurídicas, con la finalidad de responsabilizarlos ante la opinión pública y convertirlos en el centro de todos los problemas que aquejan al país, buscando empoderar a los gobernantes y facilitando sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.
El Lawfare opera desde una oposición sistemática y fuera del legislativo, donde el gobierno carece de mayoría propia y tampoco le interesa formarla con partidos más afines a su programa de gobierno. Digamos que resulta aplicado en democracias frágiles, con instituciones débiles, donde la prensa tradicional necesitada de subsidios de publicidad estatal alquila su línea editorial a los
intereses del partido de gobierno. Busca producir una opinión pública adversa a todo tipo de fiscalización, desacreditando a los políticos, al recinto parlamentario y, si fuese posible, capitidisminuido, mellando su autonomía funcional cada vez que decida ponerlas en ejercicio con desacuerdo del ejecutivo.
Por todo lo anterior resulta evidente que Rule of Law y Lawfare se oponen. Si el primero es un concepto propio de las democracias, el Estado constitucional de derecho y la igualdad de trato jurídico para gobernantes y gobernados; el segundo es la herramienta de las llamadas “dictablandas”, gobiernos que llegan al ejercicio del poder desde la urnas, pero que una vez instalados se tornan autoritarios sin respetar los principios del debido proceso, como paso previo para consolidarse en dictaduras disfrazadas de ropaje democrático (dudosos procesos electorales, propuestas de mejora política con participación ciudadana, entre otras).
El Lawfare es una nueva forma de producir un golpe de Estado desde el interior de las democracias, especialmente en países con instituciones débiles, por eso no resulta sencillo de percibir, a diferencia de las tanquetas y despliegue de soldados por las calles; todo lo contrario, primero se busca desacreditar a los opositores políticos, copar y controlar la administración de justicia para luego perseguirlos hasta llevarlos a la cárcel si fuese necesario; en segundo lugar y paralelo con lo anterior, propiciar un conjunto de reformas institucionales y legales argumentando la necesidad de un país más justo e igualitario.
Para culminar, llama la atención en el mundo constitucional anglosajón que no
exista una palabra inglesa para golpe de Estado, empleando su expresión
francesa “coup d´état” y que, curiosamente, como dijimos al inicio, el llamado Lawfare todavía no recibe un reconocimiento por el Diccionario de Oxford. Los gobiernos del llamado Socialismo del Siglo XXI han tecnificado el Lawfare en la región, no tiene porqué aplicarse del mismo modo, busca fisuras por dónde comenzar a instalarse y, en democracias formales con baja institucionalidad, encuentra más orificios para comenzar a operar. Sus iniciales signos distintivos son: usar la democracia para llegar al poder, predicar como dogma el medio ambiente para combatir la inversión extranjera y ser abanderados de los derechos humanos para perseguir a sus enemigos políticos. Tres procedimientos que desde el ejercicio del poder serán sistemáticamente aplicados bajo un doble estándar: para mis amigos todo, para los demás la arbitrariedad.
Publicación:
23/08/2020
Imagen extraida de:
https://blog.oup.com/2016/05/emergence-of-lawfare
