A propósito del VIII Encuentro Ordinario de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria

En octubre de este año nuestro país acaba de tener la oportunidad de recibir a expertos de diferentes países, públicos y privados, así como de organismos internacionales en un encuentro que tiene como objetivo el intercambio de experiencias en temas claves de mejora regulatoria.

Como ya había comentado en mi artículo anterior, el Estado y el Consejo de Ministros están trabajando para remediar los problemas de gestión pública, habiendo optado por iniciar la política regulatoria por una revisión de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), una técnica de revisión de regulación ex post, es decir para lo que ya existe.

Asimismo, en el referido artículo resalté la necesidad de establecer una política regulatoria de obligatorio cumplimiento, que incorpore el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) como herramienta de calidad regulatoria ex ante, y de Análisis de Calidad Regulatoria, como herramienta ex post. En ese sentido, fue muy interesante la ponencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde resaltaron que la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, compuesta por miembros de la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), estableció la revisión del ACR como primer paso de la mejora regulatoria y que, como segundo paso, se encuentran desarrollando el manual para la implementación del RIA, con la capacitación respectiva para los funcionarios de las entidades públicas. Inclusive, el Osinergmin y la APN son dos entes que se han adelantado al mandato general y actualmente cuentan con requerimientos RIA aprobados.

Por otro lado, el encuentro tuvo ponencias de representantes de otros países, lo que permitió conocer más a fondo como otros países han establecido su sistema para evaluación de políticas regulatorias, por ejemplo Canadá, estableció su primera política regulatoria para evaluación RIA en los años 80, tiene mucho que enseñar.

A nivel federal, por ejemplo, tienen una agencia centralizada de supervisión regulatoria que tiene varios objetivos, entre ellos i) establece directivas y guías de cumplimiento para los requisitos regulatorios de las normas, ii) trabaja conjuntamente con las entidades públicas en la elaboración de sus proyectos normativos y, iii) reevalúan las normas cada cierto tiempo, usualmente periodos de 5 años para verificar su competitividad. Sería muy interesante que nuestra Comisión Multisectorial eventualmente mute a una Agencia Regulatoria con funciones similares y expertos en calidad regulatoria que trabajen directamente con las entidades públicas, destacándolos para entidades especificas, a fin de que puedan realizar la revisión dentro del marco de la política regulatoria y considerando la especificidad técnica que exija cada sector.

Dentro de la ponencia de la representante Canadiense, fue muy interesante conocer como dicho país, aún teniendo 30 años de experiencia regulatoria, siempre evalúa como mejorar e incrementar la competitividad del país a través de la mejora en regulación. De hecho, la última propuesta pionera del Gobierno Canadiense es la implementación de una oficina de innovación regulatoria, donde los actores del sector puedan acercarse a los funcionarios públicos para generar regulación para la nueva tecnología, a fin de que no se límite el desarrollo o la entrada al mercado de la misma por falta de un marco regulatorio para su desarrollo, algo que de acuerdo a la ponencia del representante de la Cámara de Comercio de Lima, no vendría a mal implementar en nuestro país, especialmente para el sector Salud.

Otro país invitado que resaltó las posibles mejoras regulatorias fue Inglaterra, quienes han optado por un enfoque de impulso económico y reducción de costos para el Estado y el empresario, siendo evidente que la prioridad no es la barrera burocrática, sino la competitividad nacional e internacional de las empresas. Sus representantes presentaron dos casos.

El primero para sistemas de producción, donde cambiaron el sistema de fiscalización por uno de acompañamiento, donde el regulador hace las veces de guía y trabaja con el privado para estandarizar sus sistemas y resolver problemas, conjuntamente con posibles acciones disuasivas, medidas correctivas y, excepcionalmente sancionador. El enfoque en este sistema es ser un guía al que acuda el empresario, y no un sancionador al que le oculten los problemas. Es más, comentaron que dicho sistema no es compatible con la idea de establecer metas de sancionados para los funcionarios públicos, una idea para algunos sectores de nuestro país.

El segundo caso que presentaron, involucra a los usuarios, por ejemplo en vez de realizar constantes inspecciones de sanidad a los restaurantes, trasladaron el esfuerzo al cliente, quien puede ponerle un “rating” del 1 al 5 a los locales que atiende, este ranking de higiene se encuentra pegado en la entrada del local. Esto redujo el costo de fiscalización posterior, trasladándolo al usuario “conocedor” y generando un incentivo a los empresarios para mejorar sus estándares de sanidad, pues la publicidad del ranking afecta directamente su negocio.

Dentro de las diferentes formas de  incorporar a los actores el mercado en la mejora de regulación, Canadá menciono que cuenta con un Comité externo de asesoría, compuesto por diferentes actores expertos en el mercado, incluyendo representantes de los consumidores, empresarios y académicos, que evalúen la competitividad de la regulación y como mejorarla para promover empresas. De hecho, esta propuesta ha sido implementada, a su modo, en México, donde los empresarios han creado el Observatorio de Mejora Regulatoria, un cuerpo que tiene los mismos objetivos principales. La diferencia principal de las versiones de estos países está en que el Comité canadiense realiza recomendaciones al Gobierno, que pueden ser incorporadas como rechazadas, mientras el Observatorio mexicano tiene voz y voto en la creación de medidas regulatorias. Indistintamente de la versión que hayan adoptado los diferentes países de la Red, la idea a destacar es que la política regulatoria es más completa, por no decir que solo puede ser eficiente, cuando incorpora a los privados en su generación y evaluación; ello porque finalmente el objetivo de la misma es mejorar la calidad de vida del ciudadano y reducir los costos y promover empresa y, ¿quien mejor para comentar sobre ello que los usuarios afectados?

Otra idea a rescatar del Encuentro fue la insistencia de todos los ponentes sobre lo necesario que es la transparencia y participación para los procesos de regulación, inclusive en la etapa RIA de evaluación de posibilidades normativas, antes de definir el sentido y elaborar el proyecto normativo. Por ejemplo, tanto Brasil como México comentaron que tienen un sistema de consulta pública electrónica para recopilar las opiniones de los actores para la elaboración de un proyecto normativo.

Finalmente, un punto adicional que resaltaron, sobre todo los ponentes del sector privado, fueron los esfuerzos de los diferentes países para incorporar la desregulación económica como parte de las políticas de mejora regulatoria, porque la simplificación y actualización de procedimientos, evaluando si realmente cumplen con el objetivo para el cual fueron creados, ayudan al crecimiento, indistintamente del sector en cuestión.

Durante todas las ponencias fue evidente que, indistintamente de los diferentes enfoques y sistemas normativos de los países participantes, todos veían la política regulatoria como una herramienta de mejora para la calidad de vida del ciudadano, fomento del desarrollo empresarial y competitividad de los países en un mundo globalizado.


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