Desde que empezó su gobierno, Joe Biden adoptó un enfoque diferente con el tema de la inmigración. Producto de ello, tomó varias medidas para dar marcha atrás con las políticas anti-migratorias impuestas por su predecesor, Donald Trump. Es así que los inmigrantes esperaban encontrar un ambiente más acogedor, que les permitiera establecerse en Estados Unidos y buscar un futuro con mejores condiciones.[1]
Sin embargo, desde inicios de este año, se reportó que el flujo de inmigrantes aumentó significativamente. Así las cosas, ingresaron muchos menores de edad, provenientes en su mayoría de Centroamérica, al territorio estadounidense. De hecho, la tasa de niños migrantes se incrementó en 31% en menos de una semana, ya que se incrementó de 3,200 a 4,200 en menos de una semana. El inconveniente de esto es que estos menores de edad estaban no acompañados, por lo que, conforme a las leyes americanas, eran retenidos y reubicados en campamentos de detención.[2]
El problema surgió, según lo reportó el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pues el Departamento de Salud no cuenta con la capacidad para reubicar a tantos niños, por lo que muchos permanecen en estos campamentos por periodos de hasta 120 días. Así las cosas, diversos medios informaron que estos menores viven en condiciones precarias. Por ejemplo, algunos fueron ubicados en una “ciudad” de tiendas de campaña, administrada por la ciudad de Donna, Texas, bajo condiciones de hacinamiento, y con escasez de artículos de saneamiento y alimentos.[3]
Esta información fue confirmada por el Secretario Mayorkas, quien señaló que reconoce que los campos “(…) no son espacios para niños”, pero están tomando medidas adicionales para manejar la situación.[4] No obstante, al 14 de marzo, se reportó que aproximadamente 13,000 niños se encontraban bajo custodia en estos campos, por lo que surgió una ola de críticas no sólo alrededor del mundo, sino también dentro de los Estados Unidos. Algunos miembros del partido Demócrata criticaron directamente a la administración Biden y a su lentitud para tomar acciones concretas.
La situación ha escalado, pues las cifras siguen aumentando. Ello ha causado que el presidente Biden pida que “Don’t come, we’re in a process of getting set up, don´t leave your town”.[5] Esto parece contradecirse con la política migratoria más “amable” que propuso Biden al llegar al gobierno. Y lo cierto es que esta situación ha derivado en varias violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Biden debe solucionar cuanto antes, para evitar exponerse a mayores críticas. Es así que en este artículo se analizará principalmente las violaciones al derecho a la vivienda y el derecho a la salud de los menores recluidos, así como se propondrá alternativas de solución para remediar la situación.
Es importante señalar que ambos derechos son parte de los derechos económicos sociales y culturales (DESC), por lo que los países están obligados a garantizarlos hasta el máximo de los recursos de los que dispongan. Por otro lado, siendo que este artículo toca temas específicos de menores de edad, se analizarán, principalmente, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño.
- Derecho a la vivienda digna:
La afectación al derecho a la vivienda parece bastante manifiesta, ya que, a raíz de las detenciones, se ha ubicado a los menores en campamentos que tienen condiciones no adecuadas.
Ahora bien, este derecho no se encuentra explícito en la Convención de los Derechos del Niño, ya que se enmarca dentro del derecho de todo niño a gozar de un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Sin embargo, al tratarse de un DESC, los alcances del derecho a la vivienda fueron desarrollados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC).
En su Observación General No. 4, el CDESC cita a la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, quienes señalan que “el concepto de “vivienda adecuada”… significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.[6]
Adicionalmente, señala que el derecho a una vivienda digna tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales, ya que no se refiere sólo a tener un techo bajo el cual vivir, sino que debe entenderse “(…) como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.[7]
Ahora bien, tal y como confirmó el Secretario Mayorkas, los niños si están viviendo en condiciones precarias. La BBC ha reportado que, si bien no se ha permitido que los periodistas ingresen a estas instalaciones, los abogados de los menores de edad han señalado que se encuentran en condiciones de hacinamiento. Ello representaría una afectación al derecho a una vivienda digna, ya que, al encontrarse hacinados, no cuentan con un espacio adecuado, lo que fue señalado por el CDESC como componente fundamental de este derecho.
Además, de los testimonios de los abogados de los menores, se desprende que, en el campamento en Donna, Texas, “(…) los niños se mantienen juntos tan cerca que hasta pueden extender la mano y tocar a su vecino”.[8] Claramente esto advierte que los niños no cuentan ni con espacio ni con infraestructura básica adecuadas, por lo que se puede afirmar que existe otra violación al derecho a una vivienda digna.
Así las cosas, los Estados Unidos estaría vulnerando el derecho a la vivienda. No obstante, hay que notar que el Secretario Mayorkas ha detallado las diversas medidas que se están tomando para manejar esta situación. Ha señalado que se utilizarán otros lugares tales como una base militar en Virginia y una base aérea de la NASA en California para reubicar a los menores, y ha garantizado que en estos lugares se les dará un trato humanitario. Así también, un campo para mineros en Midland, Texas, está siendo administrado por la Cruz Roja Americana.
Esto último resulta fundamental ya que, según lo señalado en la Observación General No. 6, del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), los Estados Miembro deben garantizar que los menores migrantes no acompañados tengan un nivel de vida adecuado, proporcionando para ello programas asistenciales.[9] Pero, además, cuando su capacidad no sea suficiente, deberán aceptar la ayuda de las diferentes organizaciones de Naciones Unidas, así como de otras ONGs.[10] Es por ello que, la acción de los Estados Unidos debe orientarse no sólo a reubicar a los menores, sino a permitir que organizaciones como la Cruz Roja y Save the Children puedan apoyar en la administración y prestación de servicios en los campamentos en donde los menores de edad están retenidos, para así garantizar que cuenten con una vivienda adecuada.
- Derecho a la salud:
Como corolario de una afectación al derecho a la vivienda de los menores no acompañados que se encuentran retenidos, también ven su salud afectada. Además, los informes periodísticos han reportado que escasea el jabón y los alimentos.
El CRC ha señalado que el derecho a la salud implica derechos y libertades. Entre las libertades se encuentra el derecho a controlar el propio cuerpo y la salud. Y entre los derechos está no solamente el acceso a una gama de instalaciones y servicios que les permitan gozar del más alto nivel de salud, sino también el derecho a acceder a servicios sanitarios de calidad.[11]
Entonces, al no garantizar que los niños retenidos se encuentren en condiciones adecuadas, no sólo afectan su derecho a la vivienda, sino también a la salud. Al ubicarlos en instalaciones hacinadas que, conforme a lo detallado en los diversos reportes periodísticos, no cuentan con condiciones básicas de sanidad como el acceso a jabón, se materializa la afectación al derecho a la salud.
Por otro lado, las condiciones de hacinamiento en estos centros de detención pueden favorecer al contagio de la COVID-19, puesto que no se cuentan con medidas de bioseguridad, tales como mantener la distancia física, o el acceso a agua y jabón para la desinfección.
Finalmente, el CRC también ha señalado, en la Observación General No. 6, que los Estados Miembros deben tener en cuenta que, dado que un menor de edad no acompañado ha sido separado de su familia, es altamente probable que haya sufrido trauma u otro tipo de perturbaciones. Por ello, los Estados tienen la obligación de atender a los niños afectados con especial cuidado y sensibilidad.[12]
Habiendo analizado todas las obligaciones para los Estados Unidos, se observa una situación muy preocupante, ya que ningún funcionario americano se ha pronunciado acerca de las medidas concretas que están tomando para remediar la grave afectación a este derecho. Resulta fundamental que los funcionarios no sólo del Departamento de Seguridad Nacional, sino también del Departamento de Salud tomen medidas inmediatas para brindar elementos básicos de sanidad, y adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. Pero además es fundamental que brinden algún tipo de asistencia psicológica para tratar los traumas de estos menores.
Finalmente, y al igual que con el derecho a la vivienda, es fundamental que los Estados Unidos involucre a otros actores no estatales para garantizar la prestación de servicios de salud y sanidad para los menores detenidos.
III. Conclusiones:
Debido al incremento en la cantidad de migrantes, el gobierno de Biden ha debido tomar distintas medidas. Sin embargo, el recluir a menores de edad no acompañados en campamentos no ha sido la medida más afortunada. Claramente estas instalaciones no están equipadas para la cantidad de niños que actualmente albergan, por lo que se crearon condiciones de hacinamiento y, muy probablemente, de insalubridad.
Es así que todo derivó en una afectación a los derechos a la vivienda digna y a la salud, entre otros, de los menores. Si bien el gobierno de Biden ha tomado diversas medidas para reubicar a estos menores, debe ser más proactivo y actuar cuánto antes para solucionar esta crisis. Pero queda claro que no puede hacerlo solo, sino que necesita involucrar a otros actores, tales como ONGs e incluso a la misma sociedad civil.
[1] Montes, J., & Rivera, J. C. (2021, marzo 9). Young Central American Migrants See Biden Era as Chance to Enter U.S. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/young-central-american-migrants-see-biden-era-as-chance-to-enter-u-s-11615298419?page=1&mod=article_inline
[2] Yilek, C. (2021, marzo 17). More than 13,000 migrant children in U.S. custody, sources say. CBS News. https://www.cbsnews.com/news/immigration-migrant-children-border-patrol-custody/
[3] BBC News. (2021, marzo 17). What is happening with migrant children at the southern US border? https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56405009.
[4] Ibíd.
[5] Gittleson, B. (2021, marzo 17). Biden tells migrants «don’t come over» in ABC News exclusive interview. ABC News. https://abcnews.go.com/Politics/biden-tells-migrants-dont-abc-news-exclusive-interview/story?id=76490159
[6] Ibíd.
[7] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1991). Observación General No. 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto). ACNUDH | CESCR.
[8] BBC News (2021), Op. Cit.
[9] Comité de los Derechos del Niño (2005). Observación General No. 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen. ACNUDH | CRC.
[10] Ibíd.
[11] Comité de los Derechos del Niño (2013). Observación General No. 13: Sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24). ACNUDH | CRC.
[12] Comité de los Derechos del Niño (2005), Op. Cit.
