El Perú ha tenido una década de avance económico importante, debido en gran parte a la minería y los altos precios de los minerales. Decimos avance económico y no crecimiento pues en realidad hemos estado acortando distancias en términos económicos respecto de décadas pasadas y este “crecimiento” no vino de la mano de cambios estructurales que permitan un real y efectivo crecimiento económico.
Hoy vivimos una etapa inversa, de desaceleración económica. En realidad, un etapa de “decrecimiento” o crecimiento negativo. Significa que el 2015, al igual que el 2014, el porcentaje de crecimiento del PBI será menor que la inflación. Se espera un modesto crecimiento de 3% y una inflación anualizada de 3.4%, con lo cual neteando las cifras el crecimiento para el 2015 será negativo en -0.4%.
El crecimiento económico no es más que el resultado de una serie de acciones tanto públicas como privadas, como fomentar la inversión, bajar los costos de transacción (laborales, tributarios y administrativos), generar confianza, generar mecanismos adecuados de incentivos a la inversión y generación de empleo de calidad. Todos estos factores deben confluir en una misma dirección y deben ser compartidos por el Estado y los privados para generar un crecimiento económico sostenido en el tiempo y, ante una situación económica adversa en el frente externo, tener los mecanismos legales suficientes que permitan un mayor dinamismo en el mercado para que la economía siga un natural proceso de crecimiento.
¿Qué ha estado pasando en el Perú? El Estado, lejos de generar confianza, fomentar la inversión, reducir los costos de transacción y generar incentivos, se ha empecinado en hacer todo lo contrario. Un liderazgo débil, sumado a los escándalos políticos y una tardía reacción ante la inevitable desaceleración propia de todo ciclo económico, ha generado una merma de la confianza en el inversionista. Sin entrar a analizar si los factores externos afectan directamente o no el crecimiento en el Perú, esta situación económica ha sido producida en gran parte por el Estado, por ese errático comportamiento que hemos mencionado.
El inversionista privado se ha contagiado de ese discurso hostil para los negocios y, sintomáticamente, ha retraído la inversión pues la coyuntura económica actual aunada a la coyuntura política, prefiere administrar mejor sus recursos financieros, limitando el gasto y la inversión, adoptando políticas económicas más conservadoras. Dinero tienen, dinero hay en la Banca, lo que no hay es un adecuado clima para asumir riesgos que en un escenario económico favorable serían asumibles.
¿Qué debería hacer el Estado? En primer lugar, realizar los cambios estructurales que permitan que el modelo económico se consolide, sobre la base de los derechos de propiedad. Los mercados no funcionan adecuadamente si no funciona a plenitud los derechos de propiedad. Ello involucra, por un lado, realizar como Estado una eficiente labor en la administración de justicia y haciendo que las dependencias estatales cumplan y protejan los derechos de propiedad. En segundo lugar, luchar abiertamente contra la informalidad, cuyo efecto negativo lo asumimos todos, erosionando la base de los derechos de propiedad. Y en tercer lugar, mejorar los mecanismos legales para proteger la propiedad inmueble, de una manera más eficaz.
Siendo la tierra uno de los factores de producción, el Estado debe poner especial celo en brindar seguridad jurídica a los propietarios de que su inmueble no será agredido y, en caso de serlo, tener los mecanismos legales rápidos, eficientes y de bajo costo que permita su recuperación y/o indemnización.
El derecho de propiedad no solo es un mecanismo de mercado sino también eje fundamental de la libertad de las personas. Ella se expresa en el libre albedrío cuyo señorío sobre el inmueble permite realizar actividades económicas en el mercado generando valor y riqueza. Una persona libre sin derechos de propiedad es como una persona privada de su libertad que añora todo aquello que podría hacer estando en libertad. Se vuelve una quimera, una vana ilusión.
Hoy el derecho de propiedad existe en el papel más no en la realidad. Usurpaciones a terrenos en todo el país en los últimos años, alentado por una pasividad cómplice del Estado, un catastro poco confiable, un sistema registral inexacto, múltiples autoridades y altamente corruptas, abogados cuyas corruptelas legales privaban legalmente de su propiedad a terceros es de todos los días. Estas y otras circunstancias, como la falta de seguridad en nuestro país, no hacen sino preveer un panorama muy sombrío de cara al aumento de la inversión. Por tanto, el crecimiento económico impulsado por el Estado no se vislumbra como algo real en el corto y mediano plazo.
