Autor: Juan Manuel Pazos
Durante el presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) viene ejerciendo un rol bastante activo dentro del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). Reflejo de ello es que ha aprobado una serie de manuales como el “Manual de fuentes de Estudios Ambientales” y el “Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) – Subsector Minería”, que contribuyen a uniformizar la elaboración de estudios de impacto ambiental y a facilitar y hacer más predecible su aprobación respectivamente. Asimismo, se han aprobado las denominadas “Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental del SENACE” con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana asociados a la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental.
Por otro lado, cabe resaltar que en términos generales, el SENACE viene resolviendo los expedientes a su cargo dentro de los plazos legales. Si bien esto no debe ser objeto de elogio, al ser un deber de las entidades del Estado respetar los plazos fijados para cada procedimiento, resulta destacable en una realidad como la nuestra debido a la excesiva lentitud con la que tradicionalmente otras autoridades han resuelto los procedimientos de evaluación de estudios de impacto ambiental. En efecto, a pesar de que el plazo máximo que establece el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM) para la evaluación y aprobación de los EIA-d es de 120 días hábiles, las autoridades usualmente han tardado entre uno y dos años para su aprobación, retrasando así la ejecución de los proyectos de inversión con el perjuicio que ello supone no sólo para los privados, sino también para la economía del país.
Dentro del contexto anterior, uno de los pronunciamientos del SENACE que merece atención es el que declara improcedente la solicitud de clasificación del proyecto denominado “Instalación de una Presa en la Cuenca del Río Ninahuisa para el Afianzamiento Hídrico de la Central Hidroléctrica San Gabán II” (en adelante, el “Proyecto”) (la Resolución Directoral N° 032-2016-SENACE/DCA del 10 de junio del 2016 que se pronuncia sobre el caso y el informe que le sirvió de sustento pueden ser revisadas en: https://www.senace.gob.pe/archivos/pti/normativa-2016/), ello debido a que, a mi entender, ha aplicado correctamente un principio que ha sido muchas veces ignorado por las autoridades ambientales: el principio de indivisibilidad.
Este fundamental principio del SEIA se encuentra previsto en el literal a) del artículo 3 del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y, en lo que respecta a la evaluación ambiental, establece que ésta debe realizarse “de manera integral e integrada sobre políticas, planes, programas y proyectos de inversión, comprendiendo de manera indivisa todos los componentes de los mismos”. Complementariamente, el artículo 16 de la mencionada norma señala que la certificación ambiental (acto administrativo que aprueba el instrumento de gestión aplicable a un determinado proyecto) implica “el pronunciamiento de la Autoridad Competente sobre la viabilidad ambiental del proyecto, en su integridad” y, consecuentemente, prohíbe bajo sanción de nulidad que se emitan certificaciones ambientales de forma parcial, fraccionada, provisional o condicionada.
Como puede observarse, conforme al principio de indivisibilidad, la evaluación ambiental debe necesariamente implicar un análisis integral y en conjunto de todos los componentes (principales y auxiliares) que conforman un determinado proyecto. Esto hará posible que la autoridad a cargo de su evaluación tenga una visión clara y completa de la real magnitud de sus impactos ambientales. Esto último es indispensable para la identificación, prevención, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de un proyecto así como para determinar su viabilidad ambiental, por lo que fácilmente se entiende la razón por la cual las autoridades ambientales competentes deben rechazar la evaluación de proyectos planteados de manera fraccionada.
Son numerosas las formas en las que puede fraccionarse un proyecto. En algunos casos, de manera involuntaria por desconocimiento de la normativa ambiental y; en otros, intencionalmente para eludir la evaluación ambiental de algún componente o para obtener una certificación ambiental a través de una evaluación menos rigurosa. Esta última es la más evidente cuando el titular de un proyecto solicita la evaluación ambiental independiente de un componente auxiliar. Lo antes mencionado sucedería siempre que se solicite la independiente evaluación ambiental de una planta de tratamiento de aguas residuales de un nuevo proyecto minero y, en paralelo, la evaluación de dicho proyecto. También sucedería y sería fácil de apreciar en caso que se solicite la evaluación ambiental independiente de la modificación de un componente o la adición de uno nuevo a un proyecto en marcha. En el primer caso, siguiendo el principio de indivisibilidad, lo que correspondería es que la planta de tratamiento se evalúe como parte del estudio ambiental del proyecto minero que se pretende desarrollar, mientras que, en el segundo, que se evalúe como parte de una modificación del estudio ambiental del proyecto, a través de un informe técnico sustentatorio (ITS) o de un procedimiento regular de modificación, dependiendo de la magnitud de los impactos de aquello que se pretende implementar.
En el caso del “Proyecto”, su objetivo es, en palabras de su titular, construir una presa para “aprovechar al máximo la capacidad instalada de la C.H. San Gabán II en la temporada de estiaje, y garantizar la generación de la mayor cantidad de energía”. En otras palabras, su propósito es contribuir directamente a la finalidad de la Central Hidroeléctrica San Gabán II: la generación de energía.
Es aquella declaración y otras más que efectuó el titular del “Proyecto” sobre la función que iba a cumplir la presa, las que sirvieron al SENACE para afirmar que “la presa que el titular pretende implementar constituye una obra que no encuentra su finalidad en sí misma; sino en relación a la Central Hidroeléctrica San Gabán II (toda vez que dicha presa se construirá para “servir” a la Central); por lo que, la razón de la construcción de aquella se entiende sólo cuando se relaciona con ésta, encontrándose por tanto, ambas infraestructuras intrínsecamente relacionadas” y, sobre esa base, concluye que “la presa en la cuenca del río Ninahuisa constituye un componente de la Central Hidroeléctrica San Gabán II”.
Habiendo el SENACE determinado que en realidad la presa constituía un componente de la Central Hidroeléctrica San Gabán II (no un proyecto independiente), concluye –en línea con el principio de indivisibilidad–que su evaluación debe realizarse considerando de manera integral e integrada todos los componentes de dicho proyecto hidroeléctrico a través de un ITS o de un procedimiento de modificación y, por tanto, que la solicitud de clasificación debe ser declarada improcedente.
Sin duda este pronunciamiento es relevante, pues, por un lado, es uno de los pocos casos en los que se ha aplicado el principio de indivisibilidad para evitar que se concrete una situación de fraccionamiento contraria al SEIA y, por otro lado, porque pone de manifiesto el criterio que va a emplear el SENACE para resolver casos similares, generando así predictibilidad.
