Nuestro País, desde la remota época del Incario, tradicionalmente, ha tenido como principal actividad económica la Minería. Esta ha sido un motor de desarrollo a lo largo de los siglos, y hay que entenderla en función a la visión que se tenía de ella en cada etapa de la historia.
En efecto, esta actividad que desde hace algunos años viene generando una serie de controversias, por supuestos como que es altamente contaminante, no colabora con el desarrollo social de las zonas de influencia, genera mayor pobreza, y otros adjetivos. Ciertamente, no hay actividad económica más cuestionada que la Minería; es así, que muchos proyectos de desarrollo minero se han visto afectados, y muchas veces truncados, por la oposición radical de diversos grupos, privando con ello que se concreten programas de inversión que implican el ingreso de miles de millones de dólares; y, la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, así Casos como el de Tambo grande en Piura, Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, o Santa Ana en Puno, entre otros.
El Estado, de acuerdo con lo establecido en el art. 66º de la Constitución Política, es propietario de los recursos naturales; y, de acuerdo a leyes especiales para cada recurso, son otorgados en concesión a particulares para su aprovechamiento. Es así, que el Estado, por acto administrativo, otorga derechos reales a un particular, a través de concesiones de zonas mineralizadas para el desarrollo de actividades mineras de exploración, explotación y beneficio. Pero no por ello el Estado pierde su condición de propietario de los recursos naturales, lo sigue siendo; y, el concesionario, es propietario solo de los recursos que extrae, para ello debe cumplir los requisitos a que se obliga de acuerdo a ley, esto es invertir en el desarrollo del proyecto, cumpliendo los estándares ambientales establecidos.
Es el caso, que durante los últimos años hemos venido observando reclamaciones hechas por terceros que van desde centros poblados, municipalidades, Comunidades Campesinas, y otros terratenientes, respecto del desarrollo de las actividades mineras, y esto se ha visto incrementado a raíz del crecimiento del precio internacional de los metales.
Los críticos de la actividad minera piensan que no es compatible con otras actividades, como la agricultura o la ganadería, que no genera desarrollo en sus zonas de influencia, que daña el medio ambiente y afecta la calidad de vida de la población.
Estas afirmaciones afectan a toda una industria que genera, en muchos casos, entre el 25% y 50% del PIB. Estos opositores, principalmente, se enfocan en la mediana y gran minería formal, que se encuentra enmarcada dentro de las normas vigentes, pero, curiosamente, no prestan gran atención a la minería informal, que sí afecta sensiblemente el medio ambiente, con escasas o nulas condiciones de trabajo; e inexistentes medidas de seguridad, entre otros.
Las empresas extractivas que deseen mantenerse, tienen a la RSE como una prioridad ineludible en el desarrollo del negocio. Sin embargo, muchas van por el camino no adecuado de la RSE. No hacen ningún esfuerzo por mejorar las consecuencias sociales y ambientales de las operaciones. Enfrentamiento entre la empresa y la sociedad. Presión a la empresa a pensar de forma genérica en la RSE, en lugar de hacerlo según los lineamientos estratégicos empresariales.
La RSE tiene enfoques fragmentados y desconectados de los negocios y una mala estrategia oscurece muchas de las mejores oportunidades que tienen las mineras de beneficiar a la sociedad. La Responsabilidad Social Empresarial no es: Asistencialismo en las comunidades; Reemplazar las obligaciones del estado; Aceptar las solicitudes de los Stakeholders; Donar recursos; o, marketing ante la sociedad. Debe ser el producto de un análisis de las alternativas de la RSE dentro del Plan de Negocios de la empresa, sin considerarla de ninguna manera como un costo o una limitación, o un problema, o un acto de beneficencia, y mucho menos como el pago por operar en países del tercer mundo. La RSE debe ser considerada como una de las ventajas competitivas de la organización para operar.
Como surge la RSE; evidentemente no como un acto VOLUNTARIO DE LAS EMPRESAS. Es la respuesta a la Presión Pública de los Stakeholders, no es planificada y por lo general no aporta valor a la empresa. Ante la presión del Estado y los Stakeholders, se termina aceptando convenios que son un problema en el largo plazo. Lamentablemente, los ejemplos de iniciativas no coordinadas y planes no estructurados, son la mayoría en el sector.
Usualmente, las unidades mineras están ubicadas en lugares en medio de la Cordillera de los Andes, donde existe una mínima presencia del Estado, por ello la Mina se convierte en el eje propulsor de la localidad, donde acuden los trabajadores y pobladores y muchas veces las propias autoridades locales y regionales, para buscar solución a sus problemas.
Hasta hace poco, el concepto de Responsabilidad Social estaba asociado a un paternalismo mal planteado consistente en una simple entrega de bienes y servicios, sin que ello implique un desarrollo real y sostenido para la población; lo que implicaba una política absolutamente asistencialista.
Esta situación, refiriéndonos específicamente a la minería formal, ha sufrido un cambio, el mismo que involucra una seria preocupación por el destino de esas poblaciones. Ese cambio consiste en el desarrollo sostenible de las localidades, donde se encuentran las operaciones viene siendo adoptado por muchas empresas como Política; ello mediante el apoyo a programas que impliquen prácticas sociales, medio ambientales, de seguridad e higiene, simplificando las relaciones con las comunidades aledañas, gobiernos locales y regionales, así como con nuestros trabajadores y sus familias; en un contexto de respeto a las costumbres, cultura y sociedad de cada localidad.
Actualmente, se debe entenderse por Relaciones Comunitarias en la minería a la generación de espacios de diálogo y concertación para desarrollar agendas de trabajo sobre temas de interés común, generando lazos de confianza y acuerdos formales de mutuo beneficio. Es así que invertir en salud, educación y en proyectos productivos es factor clave para el crecimiento sostenido de la población.
El Desarrollo Sostenible, entonces, consiste en que la población participe activa y directamente en su propio desarrollo; a través de la capacitación en actividades productivas que generen una mejora en sus condiciones de vida, con oportunidades de trabajo. Y para ello, debe involucrarse activamente a los actores locales, mediante convenios con Universidades e instituciones privadas, para la preparación de las líneas de base, y los estudios sociales de desarrollo sostenible, proyectos alternativos ocupacionales y capacitación.
Esta forma de ver la RSE y el Desarrollo Sostenible permite mejorar substancialmente la calidad de vida de los pobladores, optimizando los servicios de Educación y Salud, preservando los valores socioculturales de cada región; mejorar los conductos de distribución de los productos locales, ampliando la capacidad de respuesta de la pequeña y micro empresa, desarrollar la agricultura y la ganadería; impulsando el desarrollo del capital en cada zona.
Porque la RSE: es una obligación moral, que genera paz social, eso le otorga una licencia social a la Empresa para operar sin mayores problemas; brindándole sostenibilidad en el tiempo; y, finalmente contribuye positivamente a mejorar la imagen empresarial.
Para ello, es necesario establecer el tipo de impactos que genera la actividad en la zona de influencia, y estos impactos pueden catalogarse de la siguiente manera:
a.- Impactos Directos: Aquellos que presentan consecuencias directas respecto las acciones de la empresa en el curso normal de vida de las localidades cercanas
b.- Impactos Indirectos: Cuando existen consecuencias en el entorno externo que afectan significativamente a localidades de nuestra zona de influencia.
c.- Impactos Generales: En este último caso, la operación no afecta significativamente a las comunidades de la zona de influencia.
La intervención activa de los actores locales, mediante convenios con Universidades e instituciones privadas, para la preparación de estudios sociales de desarrollo sostenible, proyectos alternativos ocupacionales y capacitación, genera un compromiso por parte de la poblaciòn, que se convierte en respeto por el accionar de la entidad generadora.
Este esquema de Responsabilidad Social de Desarrollo Sostenible permite mejorar substancialmente la calidad de vida de los pobladores, optimizando los servicios de Educación y Salud, preservando los valores socioculturales de cada región; mejorando los conductos de distribución de los productos locales, ampliando la capacidad de respuesta de la pequeña y micro empresa, desarrollo de la agricultura y la ganadería; impulsando finalmente el desarrollo del capital en cada zona.
Para ello es imprescindible respetar a los valores sociales y culturales, las tradiciones, las creencias de la población a beneficiar, comprendiendo su idiosincrasia; convirtiéndose en un aliado y socio estratégico. Principalmente, lo que debe generar la organización es Confianza, sin la existencia de este valor, a cualquier entidad le resultará imposible lograr un acercamiento a la población. La Confianza es muy difícil de ganar, pero muy fácil de perder; en efecto, el incumplimiento de acuerdos, la falta de diálogo, el maltrato a las personas, generan situaciones que a mediano plazo traerán desconfianza, y, por lo tanto, situaciones de conflicto que finalmente provocarán una ruptura en el orden establecido. Y recuperar eso será sumamente complicado.
No hay que olvidar que el Gobierno funciona como entidad fiscalizadora y reguladora. Las leyes emanadas del Estado, norman la manera en que opera la Empresa. Y, en caso de presentarse conflictos, el Estado debe asumir un Rol Mediador en los conflictos entre la Empresa y las Comunidades.
Es el caso que con frecuencia se presentan conflictos entre sectores del Estado, principalmente, Gobiernos locales e incluso regionales, que demandan a la Empresa bienes o servicios de apoyo, o entrando en apoyo a pedidos de la población, dejando de lado su Rol mediador. Estos casos, debemos manejarlos dentro de los marcos que las leyes nos facultan, inclusive exigir la presencia de Autoridades de otro nivel; o, en caso de abusos flagrantes, debemos acudir a los tribunales de Justicia.
Es necesario resaltar, que todas las políticas, acciones y manejo de la Empresa en estas materias deben encuadrarse dentro de las prácticas anticorrupción.
Las buenas relaciones mejoran la reputación, reduciendo a su vez los costos internos monetarios y sociales.
El uso eficiente de la tierra, el agua, la energía y otros recursos naturales hacen más productivas a las empresas y mejora sustancialmente la imagen de responsabilidad de las mismas. El buen gobierno, el obedecimiento de la ley y los derechos de propiedad son esenciales para la eficiencia, innovación y sostenibilidad de la empresa. Cualquier negocio que persiga sus fines a expensas de la sociedad en la que opera es solo ilusorio y temporal.
