Desde que, el 1 de julio de este año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela convocó a elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre, surgieron múltiples controversias. Se dio un cambio en algunas normas electorales, así como en la composición del CNE, lo que llevó a fuertes críticas por parte de la OEA y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
Por ello, un sector de la oposición, encabezado por la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD), anunció que no serían parte de las elecciones. Alegaban que todas estas irregularidades iban a derivar en que las elecciones probablemente fueran fraudulentas. En un principio, otro sector de la oposición, encabezado por Henrique Capriles Radonski, llamó a todos partidos a presentarse a las elecciones, pero luego se retiraron para exigir mejores condiciones electorales.
En este contexto, el 6 de diciembre, el resultado de las elecciones fue abrumadoramente favorable para el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, puesto que la coalición oficialista obtuvo el 67.6% de votos, con lo que sumaba un total de 256 de 277 escaños. Sin embargo, la participación electoral solo fue de 31%, lo que, sumado a la escasa participación de la oposición, derivó en fuertes cuestionamientos a la legitimidad y legalidad de las elecciones. El Grupo de Lima, la Unión Europea y los Estados Unidos emitieron pronunciamientos rechazando el resultado de las elecciones, llegando incluso a tildarlas de ilegales e ilegítimas.
En las siguientes líneas, analizaré a detalle cuáles fueron los principales cambios en las condiciones electorales de Venezuela, para luego determinar si las críticas del Grupo de Lima, la UE y Estados Unidos estaban justificadas. Luego, haré un ejercicio de prospección para determinar los posibles escenarios luego de esta elección.
- El panorama previo a la elección:
- Elección irregular del CNE:
Desde el 2018, el presidente Nicolás Maduro había planteado la idea de realizar elecciones parlamentarias, que estaban programadas para fines de este año. Sus propuestas, no obstante, no prosperaron. Pero lo que Maduro sí logró, en septiembre de 2019, fue la firma de un pacto con un grupo minoritario de partidos de oposición para la elección de un nuevo CNE.
Es aquí donde empezó una nueva controversia con la oposición. El 30 de octubre de dicho año, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, controlada por la oposición), Juan Guaidó[1], sometió a votación una moción para elegir a los nuevos directivos del CNE, misma que fue aprobada. Sin embargo, no lograron un consenso para nombrarlos. Todo se complicó aún más cuando, en mayo de este año, el Comité de Postulaciones de la AN suspendió sus funciones a causa de la Covid-19.
La noche del 12 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que hubo una omisión legislativa inconstitucional, por lo que procedió a nombrar a los nuevos directores del CNE. La jueza Indira Alfonzo[2] fue designada como la nueva presidente, en reemplazo de Tibisay Lucena. Este hecho generó muchísimas reacciones. Por supuesto, Juan Guaidó rechazó el procedimiento del TSJ, argumentando que solo la AN podía nombrar a los nuevos directores del CNE.[3] En la misma línea se pronunció Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la AN, quien desconoció la elección de los miembros del CNE.
La comunidad internacional también manifestó su rechazo. El Grupo de Lima señaló que dicha elección era ilegal, ya que “(…) vulnera abiertamente la Constitución venezolana y socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela”.[4] En la misma línea se pronunció la OEA, quien, mediante una resolución del Consejo Permanente, rechazó enérgicamente la designación de los miembros del CNE y recordó que se requiere de organismos libres e independientes para la realización de elecciones transparentes.[5] Finalmente, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló que la decisión del TSJ “(…) disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.[6]
Por todo lo expuesto, es posible afirmar que esta situación supuso una ruptura de uno de los principios de la Carta Democrática Interamericana, contemplados en el artículo 3°, que consagra “(…) la separación e independencia de los poderes públicos”.[7] En este sentido, al nombrar personas vinculadas al oficialismo, y que además presentan serios cuestionamientos en materia de derechos humanos, se ha socavado la garantía de imparcialidad en los comicios, por lo que los resultados de dicha elección no serían del todo fiables. Es así como coincido con las críticas señaladas tanto por el Grupo de Lima como por la OEA y la Alta Comisionada.
- Intervención en los partidos de oposición:
Desde el 2019, el TSJ ya había tomado diversas medidas para intervenir a distintos partidos de oposición. En diciembre de dicho año, se revisó un fallo respecto de la inscripción de la directiva del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), un partido de oposición que recientemente había elegido a sus nuevas autoridades. En esta revisión, se removió a los directivos elegidos y se nombró a una mesa temporal ad hoc.[8]
Sin embargo, las acciones más fuertes por parte del oficialismo llegaron en junio de 2020, cuando, el 15 de junio, el TSJ intervino al partido opositor Acción Democrática, que tenía la mayor cantidad de curules de la Asamblea Legislativa, nombrando a una directiva ad hoc presidida por Bernabé Gutiérrez, quién es bastante cercano al chavismo.[9] De igual manera, el 17 de junio, el TSJ suspendió a la directiva del partido Primero Justicia, al que pertenecen Henrique Capriles y Julio Borges, nombrando a una directiva ad hoc presidida por José Brito, quien era uno de los parlamentarios que firmó el acuerdo con Maduro para elegir una nueva directiva del CNE.[10]
El golpe de gracia lo asestó el fiscal general Tarek William Saab al pedir al TSJ declarar al partido Voluntad Popular, del que forma parte Leopoldo López, como una organización terrorista, y que se nombre a una directiva ad hoc. El TSJ accedió a esta petición el 7 de julio, nombrando a una directiva presidida por José Gregorio Noriega, quien había sido expulsado del partido.[11]
Claramente esto vulnera la estabilidad democrática, puesto que se contradice con el principio de pluralidad de partidos, consagrado en el artículo 3° de la Carta Democrática Interamericana.[12] Coincido con la opinión de Michelle Bachelet, quien señala que estas decisiones del TSJ afectan la credibilidad del proceso democrático.[13]
- Nuevas reglas electorales:
Al ser elegidos, los nuevos directivos del CNE se dispusieron a trabajar para el proceso electoral, y fijaron como fecha para el mismo el día 6 de diciembre.
El 30 de junio, sólo días después de haber sido elegidos, decidieron aumentar el número de escaños de la Asamblea Nacional, pasando de 167 diputados a 277. Esto representaba un incremento del 66%, que, según Indira Alfonzo, estaba justificado para garantizar mayor representatividad, conforme con la realidad venezolana.[14] Además, anunció cambios en el sistema de elección de los parlamentarios, dando mayor peso al voto por lista que al voto nominal.[15]
Por otro lado, se modificó el sistema de elección de los representantes indígenas, a través de la inaplicación de, al menos, 10 artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. A través de esta inaplicación, se eliminó el sistema de voto directo, reemplazandolo por un sistema de delegados que votarían en representación de las comunidades indígenas.[16]
En opinión del jurista venezolano Juan Manuel Raffalli, estas modificaciones son inconstitucionales, ya que vulneran las provisiones referidas al derecho al voto, que establecen que éste debe ser secreto y directo. Señaló que todos estos cambios afectan la legitimidad de las elecciones, y, a la larga, la estabilidad del país.[17]
Considero que, además de vulnerar la constitución venezolana, también atentan contra el derecho al voto universal e igual, reconocido en el literal b del artículo 25° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[18] Este también es un principio fundamental de la democracia, consagrado en el artículo 3° de la Carta Democrática Interamericana.[19]
- Las Elecciones y lo que viene después: Reacciones a las elecciones:
En el contexto antes descrito, el 6 de diciembre pasado se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela. El triunfo del Gran Polo Patriótico fue abrumador, pues obtuvieron el 67.6% de votos, es decir, 256 de 277 escaños. Sin embargo, este triunfo se vio opacado por el hecho de que la participación electoral fue sólo del 31% de electores hábiles. Esto presenta dos problemas. Primero, el panorama preelectoral estuvo marcado por varias irregularidades que vulneraron múltiples normas del derecho internacional, por lo cual las elecciones bien podrían ser consideradas como fraudulentas, y por ello, nulas. Segundo, la poca participación electoral deriva en una crisis de representatividad y da un matiz de ilegitimidad a las elecciones.
Aunado a ello, hay un problema adicional. La nueva Asamblea Nacional conformada casi en su totalidad por parlamentarios afines a Maduro debería instalarse el 5 de enero de 2021, reemplazando a la Asamblea presidida por Guaidó. Por ello, tal como señaló Farid Kahhat, su pretensión de prolongar su mandato interino de forma indefinida se ve seriamente comprometida.[20]
¿Qué caminos quedan entonces para Venezuela? Considero que aquí sólo queda un camino: la salida diplomática de la negociación. Es claro que han habido múltiples violaciones a los principios democráticos y a los derechos humanos. Por ello, el Grupo de Lima, así como la Unión Europea y Estados Unidos deben continuar presionando al régimen de Maduro, apelando a un esfuerzo diplomático multilateral, tal como propone el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Es decir, debe ofrecerse levantar sanciones económicas a cambio de la realización de elecciones.[21]
Así las cosas, ¿cómo debería llevarse a cabo estas nuevas elecciones? En primer lugar, debe prorrogarse excepcionalmente el período de la actual Asamblea Nacional, para que pueda elegirse a un CNE independiente que cuente con la asistencia técnica de la ONU para la implementación no sólo de las elecciones, sino también para la elaboración de las normas de estas. Además, debe presionarse también a Juan Guaidó para que, desde la presidencia de la Asamblea, convoque a elecciones en el más breve plazo. Finalmente, también debe presionarse al TSJ para que levante la presión judicial hacia los partidos de oposición, para que puedan participar libremente de las elecciones.
[1] Es importante resaltar que, el 11 de enero de 2019, Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, aplicó el artículo 233° de la Constitución venezolana para convocar a elecciones, alegando que Nicolás Maduro había hecho “abandono del cargo”. Por ello, el 23 de enero del mismo año, fue juramentado como Presidente Encargado de Venezuela, debiendo llamar a elecciones en el plazo de 30 días, es decir en febrero de 2019 (cosa que no ocurrió).
[2] Es fundamental recordar que Indira Alfonzo fungía como Primera Vicepresidenta del TSJ, y presidenta de la Sala Electoral, antes de ser nombrada presidenta del CNE. Además, a inicios del 2018, el gobierno canadiense la incluyó en su lista de funcionarios venezolanos sancionados por atentar contra los derechos humanos y la democracia, ya que fue la magistrada poniente en el caso que dejó al Estado de Amazonas sin representación en la AN, alegando que las elecciones en este Estado estuvieron viciadas por compra de votos de la MUD.
[3] Buitrago, D. (2020, 13 junio). Máximo tribunal de Venezuela designa autoridad electoral, oposición rechaza nombramiento. Reuters. https://lta.reuters.com/article/venezuela-politica-cne-idLTAKBN23K001-OUSLT
[4] Grupo de Lima (2020, 16 junio). Comunicado Conjunto 010 – 20. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/187339-comunicado-del-grupo-de-lima
[5] La OEA rechaza la designación «ilegal» del CNE de Venezuela y pide unas elecciones «justas y transparentes». (2020, 27 junio) Europa Press. https://www.europapress.es/internacional/noticia-oea-rechaza-designacion-ilegal-cne-venezuela-pide-elecciones-justas-transparentes-20200627051155.html
[6] Bachelet: la posibilidad de procesos electorales democráticos en Venezuela disminuye. (2020, 7 julio). Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2020/07/1476902
[7] Carta Democrática Interamericana, Art. 3.
[8] Sala Constitucional del TSJ designó nueva junta directiva Ad Hoc de Copei. (2019, 3 diciembre). TalCual. https://talcualdigital.com/sala-constitucional-del-tsj-designo-nueva-junta-directiva-ad-hoc-de-copei/
[9] Lozano, D. (2020, 16 junio). Venezuela: el Tribunal Supremo entrega el partido opositor Acción Democrática a un aliado del chavismo. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/venezuela-tribunal-supremo-entrega-partido-opositor-accion-nid2380241
[10] El Supremo suspende también a la cúpula de Primero Justicia en su ofensiva contra la oposición venezolana. (2020, 17 junio). Europa Press. https://www.europapress.es/internacional/noticia-supremo-suspende-tambien-cupula-primero-justicia-ofensiva-contra-oposicion-venezolana-20200617131224.html
[11] RTVE. (2020, 21 julio). El Supremo venezolano suspende a la directiva del partido de Leopoldo López. RTVE.es. https://www.rtve.es/noticias/20200707/supremo-venezolano-suspende-directiva-del-partido-leopoldo-lopez/2026181.shtml
[12] Carta Democrática Interamericana, ibid.
[13] Noticias ONU, ibid.
[14] Souquett Gil, M. (2020, 1 julio). CNE aumenta a 277 número de diputados para la Asamblea Nacional. Efecto Cocuyo. https://efectococuyo.com/politica/cne-aumenta-a-277-numero-de-diputados-para-la-asamblea-nacional/
[15] Ver Antolínez, H. (2020, 30 junio). CNE aumentó cantidad de diputados a elegir de 167 a 277. Crónica Uno. https://cronica.uno/cne-aumento-cantidad-de-diputados-a-elegir-de-167-a-277/
[16] Antolínez, H. (2020a, junio 30). CNE acabó con el voto directo para elegir a los diputados indígenas. Crónica Uno. https://cronica.uno/cne-acabo-con-el-voto-directo-para-elegir-a-los-diputados-indigenas/
[17] Ibid.
[18] Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art. 25°.
[19] Carta Democrática Interamericana, ibid.
[20] Kahhat, F. (2020, 20 diciembre). Guaidó en su laberinto. El Comercio. https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/guaido-en-su-laberinto-por-farid-kahhat-noticia/?ref=ecr
[21] Ver Lozano, D. (2020, diciembre 19). Joe Biden quiere negociar con Nicolás Maduro elecciones por sanciones. El Mundo.
https://www.elmundo.es/internacional/2020/12/19/5fde3dea21efa0f9058b45f9.html
Imagen extraída de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55212032
