Introducción
La transformación digital de los servicios jurídicos a nivel mundial ha impulsado el desarrollo de plataformas que permiten automatizar documentos, orientar a los usuarios y facilitar el acceso a profesionales del derecho. En este contexto, la aplicación Hello Divorce constituye un caso de estudio relevante: una plataforma estadounidense que busca simplificar los procedimientos de divorcio mediante herramientas digitales. ¿Podría implementarse un modelo similar en el Perú bajo el ordenamiento jurídico vigente? La respuesta exige examinar no solo las posibilidades tecnológicas de la plataforma, sino también las normas que regulan la disolución del matrimonio, las competencias de las autoridades intervinientes y los requisitos formales de los procedimientos aplicables.
El ordenamiento jurídico peruano contempla procedimientos judiciales y, bajo determinados presupuestos, una vía no contenciosa ante notarios y municipalidades. Esta última fue regulada por la Ley Nº 29227, que permite tramitar la separación convencional y el divorcio ulterior siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.
Por ello, el análisis no consiste en determinar si una plataforma puede reemplazar íntegramente el procedimiento peruano por una experiencia digital, sino en identificar qué actividades podrían desarrollarse mediante tecnología y cuáles deben continuar sujetas a las formalidades y competencias establecidas por ley.
La hipótesis que se desarrolla en este artículo es que un modelo como Hello Divorce podría adaptarse al mercado peruano como una plataforma de orientación, preparación documental y conexión con abogados, notarías y municipalidades competentes. Sin embargo, su implementación requeriría respetar los límites del procedimiento de divorcio, las reglas aplicables al ejercicio profesional del derecho y las obligaciones de protección de datos personales.
1. Hello Divorce y el modelo de servicios jurídicos digitales
Hello Divorce es una plataforma estadounidense que ofrece herramientas para gestionar diferentes etapas del divorcio, desde la preparación de documentos hasta el acceso a profesionales que pueden prestar servicios jurídicos específicos. Su propuesta busca ofrecer alternativas a la contratación tradicional de representación legal integral.
Una de las características de este modelo es la separación de tareas que habitualmente se concentran en un único prestador. La plataforma puede facilitar la recopilación de información, la organización documental y la comprensión de los pasos del procedimiento, mientras que la asesoría jurídica individualizada puede contratarse según las necesidades del usuario.
No obstante, los requisitos para disolver un matrimonio, las autoridades competentes y las formalidades de los documentos dependen de la legislación aplicable. En consecuencia, Hello Divorce debe entenderse como una referencia para evaluar un modelo de negocio jurídico digital, no como una solución que pueda implementarse directamente en el Perú.
2. Las vías de divorcio previstas en el ordenamiento jurídico peruano
El punto de partida para evaluar la viabilidad del modelo es distinguir las vías de disolución del matrimonio reconocidas por el ordenamiento peruano.
2.1. El procedimiento no contencioso ante notarios y municipalidades
La Ley Nº 29227 regula el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior ante notarios y municipalidades competentes. Conforme a su artículo 2, pueden acogerse a este procedimiento los cónyuges que, transcurridos dos años desde la celebración del matrimonio, deciden poner fin a su unión mediante separación convencional y divorcio ulterior.
La ley atribuye competencia a los alcaldes distritales y provinciales, así como a los notarios de la jurisdicción del último domicilio conyugal o del lugar donde se celebró el matrimonio. En el caso de las municipalidades, estas deben contar con la acreditación correspondiente para tramitar el procedimiento.
La solicitud debe presentarse por escrito, con la firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, y expresar de manera indubitable la decisión de separarse. El filtro decisivo está en el artículo 4 de la ley. Los cónyuges deben (a) no tener hijos menores de edad o mayores con discapacidad o, de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a ley respecto de los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas; y (b) carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales o, si los hubiera, contar con escritura pública inscrita en los Registros Públicos de sustitución o liquidación del régimen patrimonial.
Estos dos requisitos, junto con el plazo mínimo de dos años de matrimonio, son precisamente las preguntas que debería formular el cuestionario inicial descrito en la sección 3. Si alguno no se cumple, el procedimiento no contencioso no puede continuar; antes de solicitarlo, deberán satisfacerse, según corresponda, los requisitos relativos a los regímenes de los hijos o al régimen patrimonial.
Admitida la solicitud, el alcalde o notario convoca, en un plazo de quince días, a una audiencia única en la que los cónyuges manifiestan si se ratifican en su voluntad de separarse; en la vía municipal se requiere, además, el visto bueno del área legal o del abogado designado. Transcurridos dos meses desde la emisión de la resolución de alcaldía o del acta notarial, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la disolución del vínculo matrimonial, solicitud que debe resolverse en un plazo no mayor de quince días.
Este marco normativo es especialmente relevante para una plataforma como Hello Divorce. Una solución digital podría ayudar a los usuarios a identificar la vía aplicable, reunir los documentos requeridos, detectar omisiones y preparar la solicitud. Sin embargo, la plataforma no podría prescindir de las actuaciones que la ley exige.
2.2. El divorcio por vía judicial
El ordenamiento peruano también contempla la vía judicial, que no se reduce al divorcio por causal con controversia. El Código Civil regula la separación de cuerpos por las causales de su artículo 333, entre las que se encuentran la separación de hecho, incorporada por la Ley Nº 27495, y la separación convencional, que también puede tramitarse en sede judicial.
A diferencia del procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior, el divorcio judicial puede involucrar controversias sobre los hechos que sustentan la pretensión, cuestiones probatorias y consecuencias familiares o patrimoniales que requieren evaluación jurisdiccional.
Esta distinción tiene relevancia práctica para el modelo. Existe un segmento de parejas que están de acuerdo, pero que no califican para la Ley Nº 29227: por ejemplo, porque tienen hijos menores sin una sentencia o acta de conciliación sobre sus regímenes, o porque, si tienen bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, no cuentan con escritura pública inscrita de sustitución o liquidación del régimen patrimonial (Ley Nº 29227, 2008, art. 4). Para ellas, la separación convencional en sede judicial o la regularización previa de esos aspectos son alternativas naturales, y constituyen el espacio idóneo para un modelo híbrido en el que la plataforma prepara la documentación y un abogado asume el patrocinio.
En estos supuestos, una plataforma digital podría cumplir funciones de orientación inicial, recopilación de información y conexión con abogados. También podría facilitar la organización de documentos y el seguimiento de determinadas tareas administrativas.
No obstante, no sería jurídicamente adecuado presentar todos los divorcios como procedimientos estandarizados susceptibles de resolverse mediante formularios automatizados. La identificación de la causal aplicable, la evaluación de los medios probatorios y la determinación de la estrategia procesal requieren un análisis individualizado del caso.
Por ello, un modelo adaptado al Perú debería diferenciar desde el inicio entre los procedimientos no contenciosos que cumplen los requisitos de la Ley Nº 29227 y los casos que requieren acudir a la vía judicial.
3. ¿Qué actividades podría automatizar una plataforma de divorcio en el Perú?
La existencia de procedimientos legalmente regulados no impide, por sí misma, el desarrollo de herramientas tecnológicas para facilitar su gestión. La cuestión consiste en determinar qué tareas pueden digitalizarse sin alterar las competencias ni los requisitos previstos en las normas aplicables.
Una plataforma inspirada en Hello Divorce podría incorporar, en primer lugar, un cuestionario inicial que permita recopilar información sobre la duración del matrimonio, la existencia de hijos, los acuerdos alcanzados entre los cónyuges y la situación patrimonial. A partir de las respuestas, el sistema podría ofrecer una orientación preliminar sobre las vías que merecen ser evaluadas.
En segundo lugar, podría implementar herramientas para la preparación de documentos. Mediante formularios guiados, los usuarios podrían organizar sus datos y generar borradores de solicitudes, declaraciones y otros documentos, siempre que estos se ajusten a los requisitos legales correspondientes y sean revisados cuando resulte necesario.
En tercer lugar, la plataforma podría facilitar la gestión administrativa del procedimiento mediante listas de verificación, recordatorios de plazos, seguimiento del estado de los documentos y coordinación con el abogado o la entidad competente. También podría ofrecer información sobre los costos estimados de los servicios contratados.
Estas funcionalidades podrían reducir errores de recopilación documental y hacer más comprensible el procedimiento para personas que no cuentan con experiencia jurídica.
Sin embargo, la automatización debería incorporar mecanismos para identificar situaciones que excedan los supuestos estandarizados. La existencia de desacuerdos, problemas relacionados con los hijos, cuestiones patrimoniales complejas o circunstancias que requieran una evaluación jurídica especializada debería activar una derivación a un abogado, en lugar de producir automáticamente una recomendación definitiva.
Por tanto, la viabilidad de este modelo no depende de automatizar todo el divorcio, sino de identificar las actividades susceptibles de estandarización y establecer límites claros para las decisiones que requieren intervención profesional o de una autoridad competente.
4. Los límites legales de la digitalización del procedimiento
Una de las principales dificultades para implementar una plataforma de este tipo consiste en diferenciar entre digitalizar la preparación y gestión del procedimiento y sustituir las actuaciones que la legislación atribuye a una autoridad.
4.1. La audiencia única y los límites de un trámite íntegramente remoto
La Ley Nº 29227 establece requisitos específicos para la presentación de la solicitud, la documentación que debe acompañarla y la ratificación de la voluntad de los cónyuges. Además, el procedimiento contempla la intervención del notario o alcalde competente y, en la vía municipal, el visto bueno del área legal correspondiente o del abogado designado.
En consecuencia, una plataforma privada no podría declarar disuelto el vínculo matrimonial ni atribuir efectos jurídicos propios de la resolución o actuación correspondiente de la autoridad competente. Su función tendría que limitarse a las actividades que pueda realizar legalmente como prestadora de servicios tecnológicos, administrativos o jurídicos.
El punto más sensible para un modelo LegalTech es la audiencia única. El Reglamento de la Ley Nº 29227 la concibe como un acto que se realiza en un ambiente privado y adecuado y cuyo desarrollo consta en un acta suscrita por los intervinientes, en la que se deja constancia de la ratificación o no de la voluntad de separarse. Esta exigencia puede plantear límites operativos a un modelo íntegramente remoto, aunque el Reglamento no establece expresamente que la audiencia deba ser presencial. El régimen de acreditación de municipalidades les exige contar con un ambiente privado y adecuado y presentar documentación sobre la ubicación y distribución de los ambientes destinados a sala de audiencias.
En consecuencia, bajo el marco vigente de la Ley Nº 29227, las disposiciones citadas no especifican si la audiencia única puede realizarse íntegramente a distancia. La plataforma puede facilitar digitalmente las actuaciones compatibles con los requisitos aplicables antes y después de la audiencia, pero la ratificación debe constar en el acta de la audiencia, suscrita por los intervinientes; los cónyuges pueden actuar mediante apoderado con poder por escritura pública inscrito en los Registros Públicos.
4.2. Firma electrónica y formalidades del procedimiento
La digitalización de documentos tampoco supone que cualquier formalidad pueda reemplazarse automáticamente por un formulario electrónico. Conviene distinguir dos categorías. La Ley Nº 27269 define la firma electrónica como cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita, mientras que la firma digital es la especie de firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica basada en un par de claves. Su Reglamento precisa que la firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia que la firma manuscrita, pero aclara que ello no excluye el cumplimiento de las formalidades específicas de los actos jurídicos ni el otorgamiento de fe pública.
Esta precisión es determinante para el diseño del producto. La solicitud de la Ley Nº 29227 exige la firma y huella digital de cada cónyuge, y la audiencia requiere un acta suscrita por los intervinientes, de modo que una firma electrónica simple por sí sola no sustituye la huella digital exigida. La plataforma puede emplear firma electrónica para sus propios contratos, y firma digital, según los requisitos y efectos jurídicos aplicables a cada documento; pero la Ley y su Reglamento exigen una audiencia ante el notario o alcalde y un acta suscrita por los intervinientes, sin establecer expresamente en estas disposiciones que la suscripción deba ser presencial.
5. La prestación de servicios legales mediante plataformas digitales
Otro aspecto central es determinar qué actividades puede desarrollar directamente la empresa que administra la plataforma y cuáles requieren la participación de un abogado.
No todas las funcionalidades de LegalTech constituyen necesariamente asesoramiento jurídico. Facilitar información general, organizar documentos, ofrecer herramientas de gestión o coordinar citas son actividades que deben analizarse según su naturaleza concreta. En cambio, evaluar los derechos de una persona, recomendar una estrategia legal o emitir una opinión individualizada sobre las consecuencias jurídicas de un acuerdo exige examinar las reglas profesionales aplicables.
Para el mercado peruano, una estructura posible sería separar la prestación tecnológica de los servicios de asesoramiento jurídico. La plataforma podría encargarse de la interfaz digital, la gestión documental y la coordinación administrativa, mientras que los abogados habilitados asumirían la asesoría y el patrocinio que corresponda dentro del alcance de sus encargos.
Esta separación debería reflejarse con claridad en los contratos y en la información proporcionada al usuario. Sería importante identificar quién presta cada servicio, cuál es el alcance de la intervención profesional, qué tareas quedan a cargo del cliente y qué limitaciones tiene la herramienta automatizada.
6. Protección de datos personales y confidencialidad
Una plataforma de divorcio trataría información personal relacionada con la identidad de los cónyuges, su situación familiar, sus ingresos y su patrimonio. Dependiendo de las circunstancias, también podría recopilar información particularmente sensible sobre la vida privada y las relaciones familiares.
En el Perú, el tratamiento de estos datos debe evaluarse conforme a la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 016-2024-JUS. Este reglamento actualizó el marco normativo aplicable e incorporó disposiciones relevantes para el tratamiento de datos en entornos digitales.
En concreto, parte de la información que podría recopilar una plataforma de divorcio puede calificar como datos sensibles, categoría en la que la ley incluye los ingresos económicos y la información relacionada con la salud o la vida sexual. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, este debe ser previo, informado, expreso e inequívoco y, tratándose de datos sensibles, otorgado por escrito, sin perjuicio de las excepciones legales aplicables. La información sobre los hijos menores está sujeta a las medidas especiales previstas en el reglamento.
La plataforma también debe informar, antes de recopilar los datos, la finalidad del tratamiento, sus destinatarios, el banco de datos, la identidad del titular y de los encargados, las transferencias y el plazo de conservación; cuando la recopilación se realiza en línea, este deber puede cumplirse mediante una política de privacidad fácilmente accesible. Si la infraestructura tecnológica se encuentra fuera del Perú, el flujo transfronterizo puede realizarse si el país receptor cuenta con un nivel adecuado de protección o, si no cuenta con él, el emisor o exportador debe otorgar garantías adecuadas para asegurar el tratamiento conforme a la Ley y el Reglamento, salvo las excepciones legales.
La implementación de una plataforma requeriría identificar las finalidades del tratamiento, establecer las bases jurídicas que correspondan, informar adecuadamente a los usuarios y adoptar medidas de seguridad apropiadas. También sería necesario determinar qué información se comparte con abogados, notarías, municipalidades y proveedores tecnológicos, así como las condiciones en que se realiza dicha comunicación.
El diseño del servicio debería incorporar criterios de minimización de datos, controles de acceso y mecanismos para prevenir divulgaciones no autorizadas. Si se utilizan herramientas automatizadas para clasificar información o generar documentos, también habría que evaluar los riesgos que estas operaciones representan para la confidencialidad y los derechos de los usuarios.
En este ámbito, la confianza constituye una condición esencial para el funcionamiento del modelo. Una plataforma que simplifique el trámite, pero no ofrezca garantías suficientes sobre la protección de la información, podría generar riesgos incompatibles con la naturaleza de los datos que procesa.
7. Viabilidad del modelo en el Perú: oportunidades y condiciones
Del análisis anterior se desprende que la oportunidad más inmediata se encontraría en los procedimientos de separación convencional y divorcio ulterior que cumplen los requisitos de la Ley Nº 29227. En estos casos, una plataforma podría ayudar a los usuarios a comprender el procedimiento, reunir la documentación exigida, preparar borradores y coordinar la intervención de los profesionales y autoridades competentes.
En los casos que requieren un proceso judicial, la plataforma podría funcionar como un canal de orientación inicial y conexión con abogados, sin presentar la automatización documental como sustituto de la evaluación jurídica y la estrategia procesal.
Para desarrollar el modelo, sería conveniente considerar al menos cuatro condiciones.
Primero, adaptar el sistema a la normativa peruana, distinguiendo las vías judiciales y no contenciosas y verificando los requisitos aplicables a cada una.
Segundo, establecer una delimitación clara entre las funcionalidades tecnológicas, los servicios administrativos y el asesoramiento jurídico prestado por profesionales.
Tercero, diseñar los flujos digitales de manera compatible con las formalidades documentales y las actuaciones que deban realizarse ante las autoridades competentes.
Cuarto, incorporar desde el diseño las obligaciones de protección de datos personales, seguridad de la información y transparencia frente al usuario.
El desarrollo de estas condiciones permitiría evaluar una implementación gradual, empezando por las tareas de orientación y preparación documental.
Conclusiones
El ordenamiento peruano permite plantear el desarrollo de soluciones LegalTech para facilitar la gestión de determinados procedimientos de divorcio, pero la digitalización no habilita por sí misma una tramitación íntegramente virtual ni la sustitución de las competencias legales existentes. El desafío consiste en diseñar una plataforma que aproveche las ventajas de la tecnología sin desnaturalizar el procedimiento jurídico ni comprometer los derechos de quienes recurren a ella.
Referencias
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- Congreso de la República del Perú. (2001). Ley Nº 27495, Ley que incorpora la separación de hecho como causal de separación de cuerpos y subsecuente divorcio. https://www.leyes.congreso.gob.pe/DetLeyNume_1p.aspx?xNorma=6&xNumero=27495&xTipoNorma=0
- Congreso de la República del Perú. (2008). Ley Nº 29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/1792690-29227
- Congreso de la República del Perú. (2011). Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=23
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- Ministerio de Justicia. (2008). Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29227. https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatnacional_separacionhecho_y_divorcio/4_DSupremo_009-2008-JUS.pdf
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- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). Decreto Supremo Nº 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-n-016-2024-jus
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