9 de noviembre de 2026
I. LA RESPONSABILIDAD POR HECHO AJENO Y SU FUNDAMENTO EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
La responsabilidad civil por el hecho de los dependientes permite atribuir a una persona la obligación de resarcir el daño causado por otra que actúa bajo sus órdenes; en el ámbito empresarial, esta figura adquiere especial relevancia, en tanto la empresa desarrolla sus actividades mediante personas a quienes encomienda funciones y confía facultades para relacionarse con terceros.
Durante el desempeño de esas labores pueden producirse daños a terceros; ante tales supuestos, corresponde determinar si la obligación de resarcir comprende también a la empresa para la cual actuaba el colaborador.
Para abordar esta cuestión, resulta necesario examinar la relación que vincula a este colaborador con la empresa y, en particular, las facultades de dirección que esta tenía respecto de las labores encomendadas.
En dicha relación, la empresa tiene la facultad de encomendar funciones, impartir instrucciones y supervisar su ejecución; por tanto, recibe la denominación de principal; mientras que quien desarrolla esas labores es identificado como dependiente.
Al respecto, De Trazegnies Granda (2001a, T. I), al explicar el fundamento de la responsabilidad del principal por el daño causado por su dependiente, sostiene que:
“es responsable sólo por efecto de una disposición de la ley civil y no por sus hechos” (p. 510).
Esta afirmación permite situar el punto de partida del análisis en la obligación que impone la ley civil. En el ordenamiento peruano, el artículo 1981 del Código Civil, en adelante “c.c.”, obliga al principal a responder por el daño que su dependiente cause en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio encomendado; por consiguiente, cuando concurren los presupuestos legales, la empresa queda obligada al resarcimiento.
El carácter objetivo de esta responsabilidad significa que, para exigirla, no es necesario demostrar que la propia empresa actuó con dolo o culpa; esta interpretación encuentra respaldo en la Casación Nro. 2466-2021-San Martín (2023), que, al desarrollar el régimen general del artículo 1981 c.c., enfatiza:
“no es pertinente evaluar la culpa in eligendo ni la culpa in vigilando” (fundamento sexto).
Si bien la controversia se resolvió mediante el régimen especial de los establecimientos de salud, previsto en el artículo 48 de la Ley General de Salud, el fundamento sexto explica expresamente la naturaleza objetiva del artículo 1981 c.c.; ese es el razonamiento que se recoge para el presente análisis.
En esa línea, lo formulado por la doctrina y la jurisprudencia permite precisar que, para atribuir responsabilidad al principal, no es necesario acreditar una falta de cuidado en la elección o en la vigilancia del dependiente; por consiguiente, el principal puede quedar obligado al resarcimiento, aunque haya actuado diligentemente.
Aunado a ello, corresponde explicar por qué la empresa debe asumir esa obligación; De Trazegnies Granda (2001a, T. I) encuentra su justificación en la difusión social de los riesgos y señala que el principal tiene:
“la posibilidad de difundir más fácilmente a través del sistema de precios el costo de estos accidentes inevitables” (p. 524).
El planteamiento sitúa los accidentes propios de la actividad productiva entre los costos que la empresa puede incorporar a su funcionamiento; así, permite distribuir sus consecuencias económicas mediante la actividad de la que se benefician quienes participan en ella. Su aporte consiste en explicar por qué la reparación puede comprometer a la organización empresarial y no agotarse en la capacidad patrimonial del dependiente.
Desde otra perspectiva, Fernández Cruz (2019) desarrolla la teoría de la garantía, cuyo fundamento se encuentra en:
“la especial posición en la que se encuentra este respecto a su agente” (p. 189).
La referencia corresponde a la posición del principal frente al dependiente; la garantía expresa aquí el deber legal de responder ante el perjudicado derivado de esa relación, sin exigir culpa propia del principal.
Espinoza Espinoza (2024b, T. II), en cambio, vincula el fundamento con la actividad desarrollada y cuestiona la explicación basada en la garantía; al respecto, sostiene que:
“La responsabilidad del principal no es vicaria ni indirecta: es directa por su propia actividad (empresarial o no)” (p. 41).
De lo desarrollado por la atenta doctrina se advierte que, si bien los juristas explican de distinta manera las razones que justifican esta responsabilidad, coinciden en que la obligación del principal de resarcir el daño no exige acreditar una actuación negligente propia; estos aportes permiten comprender la responsabilidad de la empresa atendiendo tanto a la relación que mantiene con sus dependientes como a la actividad que organiza y desarrolla con la participación de sus colaboradores.
A criterio del autor del presente artículo, en el ámbito empresarial, resulta razonable que quien organiza una actividad y encomienda su ejecución a colaboradores asuma las consecuencias dañosas vinculadas con las funciones que les confía; en ese sentido, la participación del dependiente permite desarrollar la actividad de la empresa y compromete su responsabilidad cuando concurren los presupuestos del artículo 1981 c.c.
La obligación de resarcir comprende, además, a ambos responsables de manera solidaria; por consiguiente, la víctima puede exigir la totalidad del resarcimiento a la empresa, al dependiente o a ambos, sin que ello permita obtener dos reparaciones por un mismo daño.
Sin embargo, el carácter objetivo de esta responsabilidad no convierte a la empresa en responsable de cualquier daño causado por sus colaboradores; su alcance debe determinarse atendiendo a la relación de dependencia y a la vinculación de la actuación dañosa con las funciones encomendadas.
En consecuencia, acreditar una elección cuidadosa o una supervisión diligente no basta para descartar la obligación de resarcir; lo decisivo será establecer si concurren las condiciones que la ley exige para atribuir responsabilidad a la empresa.
Por tanto, explicado el fundamento de esta responsabilidad civil objetiva, corresponde desarrollar separadamente sus presupuestos: la relación de dependencia, el daño atribuible al dependiente y su conexión con el ejercicio del cargo o el cumplimiento del servicio. Precisar el contenido de cada uno permitirá determinar cuándo responde la empresa y, posteriormente, examinar si la desobediencia del colaborador afecta alguna de esas condiciones.
II. LOS PRESUPUESTOS DEL ARTÍCULO 1981 DEL CÓDIGO CIVIL
Establecido el carácter objetivo de la responsabilidad del principal, corresponde precisar los presupuestos que permiten exigirle el resarcimiento; al respecto, Espinoza Espinoza (2024b, T. II) señala:
“a) Una relación de subordinación. […]
b) Que el subordinado ocasione daños. […]
c) Que exista una relación de causalidad o de ocasionalidad necesaria entre el ejercicio de las funciones y el daño” (pp. 42-43).
La concurrencia de estos requisitos delimita los supuestos en los que el principal debe responder; en consecuencia, la sola relación de subordinación resulta insuficiente para exigir a la empresa el resarcimiento. Corresponde, entonces, desarrollar el contenido y el alcance de cada presupuesto.
2.1. LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA
El primer presupuesto exige establecer que la empresa tenía la facultad de dirigir las labores encomendadas a quien ocasionó el daño. Al respecto, Espinoza Espinoza (2024b, T. II), al recoger el planteamiento de Cesare Salvi, señala que:
“es suficiente la abstracta posibilidad de ejercitar un poder de supremacía o de dirección, no siendo necesario el ejercicio efectivo de tal poder” (p. 43).
Esta precisión permite distinguir entre la facultad de dirigir el trabajo y su ejercicio mediante órdenes concretas; la dependencia puede subsistir, aunque la empresa no intervenga en cada decisión del colaborador.
En ese sentido, el dependiente puede decidir cómo ejecutar determinados aspectos de su labor y continuar obligado a atender las instrucciones que la empresa se encuentra facultada para impartirle. Referida exigencia encuentra también respaldo en la Casación Nro. 2466-2021-San Martín (2023), que, al desarrollar el régimen general del artículo 1981 del Código Civil, establece como presupuesto:
“que el responsable directo esté bajo sus órdenes -relación de verticalidad-” (fundamento sexto).
Por consiguiente, la ausencia de una orden específica para la actuación que ocasionó el daño no basta para descartar la subordinación; lo relevante es que el colaborador permaneciera sujeto a la dirección de la empresa respecto de las labores encomendadas.
2.2. EL DAÑO ATRIBUIBLE AL DEPENDIENTE
El segundo presupuesto exige acreditar el daño y establecer su relación causal con la actuación del dependiente; vale decir, debe precisarse qué daño sufrió la víctima y cómo la conducta del colaborador contribuyó a producirlo.
Al desarrollar este presupuesto, Espinoza Espinoza (2024b, T. II) sostiene que:
“Uno de los supuestos de la responsabilidad civil (objetiva) del principal es que el dependiente incurra en responsabilidad subjetiva (dolo o culpa). Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que también se configure, por parte del dependiente, una responsabilidad objetiva, por ejemplo, ex art. 1970 c.c.” (p. 43).
Conforme a esta precisión, la responsabilidad del dependiente puede sustentarse en el dolo o la culpa, de acuerdo con el artículo 1969 c.c., o en el riesgo de un bien o de una actividad, cuando corresponda aplicar el artículo 1970 c.c.; en ambos supuestos, resulta indispensable establecer la relación entre su actuación y el daño reclamado.
La naturaleza objetiva de la responsabilidad del principal permite prescindir de acreditar su propia culpa; no obstante, mantiene la exigencia de comprobar el daño y su origen; además, al determinar la responsabilidad del dependiente, deben considerarse también las circunstancias que podrían excluirla.
En ese sentido, corresponde valorar las causas de justificación previstas en el artículo 1971 c.c. y la eventual ruptura del nexo causal, según el régimen aplicable. En particular, cuando la responsabilidad del dependiente se funde en el artículo 1970 c.c., resultarán aplicables los supuestos previstos en el artículo 1972 c.c.
En cuanto a la relación causal entre la actuación del dependiente y el daño, la Corte Suprema, en la Casación Nro. 4333-2011-Puno (2013), referida a una pretensión indemnizatoria por daños producidos durante una intervención policial, enfatiza la necesidad de probar:
“la relación de causalidad entre el acto de los sujetos demandados y el resultado dañoso producido” (fundamento sexto).
La Corte declaró infundado el recurso de casación al advertir que no se había acreditado que los efectivos demandados fueran responsables del daño invocado; en consecuencia, tampoco correspondía atribuir responsabilidad al Ministerio del Interior conforme al artículo 1981 c.c. Si bien el caso involucra a una entidad pública, su razonamiento permite advertir que la existencia del perjuicio y la relación de dependencia resultan insuficientes cuando falta acreditar la conexión causal con la actuación que se atribuye a los dependientes.
Por tanto, este presupuesto exige sustentar cómo se produjo el daño y cuál fue la intervención del dependiente; una vez establecida esa relación, corresponde determinar si la actuación se encontraba vinculada con las funciones que la empresa le había confiado.
2.3. LA RELACIÓN ENTRE EL DAÑO Y LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS
El tercer presupuesto exige establecer la vinculación del daño con el cargo o servicio confiado al dependiente; a tal efecto, el artículo 1981 c.c. dispone que la responsabilidad del principal comprende el daño producido:
“en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo”
En concordancia con esta disposición, Espinoza Espinoza (2024b, T. II) identifica como requisito:
“Que exista una relación de causalidad o de ocasionalidad necesaria entre el ejercicio de las funciones y el daño” (p. 43).
En el apartado anterior se examinó si la actuación del dependiente produjo el daño sufrido por la víctima; en este punto, corresponde determinar si la actuación que ocasionó ese daño guardaba relación con las funciones encomendadas por la empresa. Esta vinculación permite explicar por qué la obligación de resarcir puede comprender también al principal.
La ocasionalidad necesaria permite considerar aquellos supuestos en los que las funciones encomendadas proporcionaron las facultades o las condiciones que hicieron posible la actuación dañosa; su análisis requiere una conexión con el servicio que trascienda la mera coincidencia de tiempo o lugar; en ese orden de ideas, Espinoza Espinoza (2024b, T. II) señala:
“La jurisprudencia italiana ha atribuido responsabilidad al principal por daños ocasionados por el dependiente, no obstante este se encontraba fuera del horario de trabajo […]” (p. 49).
En la jurisprudencia nacional, la Casación Nro. 498-2019-Cajamarca (2020), al desarrollar los alcances del artículo 1981 c.c. para examinar la incorporación de una empresa como tercero civil, exige:
“que el hecho dañoso esté inscrito dentro del ejercicio normal o anormal de las funciones desarrolladas por el autor directo” (fundamento tercero).
El criterio citado permite sostener que el dependiente puede ocasionar el daño mientras ejecuta las labores encomendadas incumpliendo instrucciones o excediendo las facultades recibidas; estas formas de actuación no determinan, por sí solas, que el daño quede desvinculado del servicio.
La referencia a este pronunciamiento se circunscribe a la vinculación del daño con las funciones encomendadas; aunque su fundamento tercero también alude a la culpa in eligendo, el presente artículo adopta la interpretación objetiva desarrollada en el fundamento sexto de la Casación Nro. 2466-2021-San Martín.
En el ámbito empresarial, corresponde precisar qué función debía cumplir el dependiente, qué conducta ocasionó el daño y qué relación conservaba esa conducta con el encargo recibido. A partir de estas circunstancias podrá determinarse si el perjuicio se produjo con ocasión de las funciones encomendadas o mediante una actuación ajena al servicio.
El autor del presente artículo sostiene que la aplicación del artículo 1981 c.c. requiere que la decisión judicial explique la concurrencia de los tres presupuestos desarrollados; así, deberá establecer la relación de dependencia, acreditar el daño atribuible a la actuación del colaborador y justificar su vinculación con las funciones encomendadas. Precisado este contenido, corresponde examinar cómo puede acreditarse la dependencia en la actividad empresarial.
III. LA ACREDITACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Conforme a lo desarrollado en el acápite anterior, la subordinación constituye uno de los presupuestos de la responsabilidad del principal; para acreditarla, debe establecerse quién tenía la facultad de dirigir las labores vinculadas con el daño.
Cuando intervienen varias empresas o el servicio se presta mediante un contrato distinto del laboral, resulta especialmente relevante examinar qué facultades correspondían a cada empresa respecto del personal encargado de ejecutar la prestación.
Al respecto, De Trazegnies Granda (2001a, T. I) sostiene que resulta determinante que:
“el principal tenga efectivamente la dirección y la autoridad ya sea sobre el cargo, ya sea con relación al servicio específico” (p. 528).
Conforme a este planteamiento, debe acreditarse que la facultad de dirección correspondía realmente a la empresa respecto de las labores encomendadas, para lo cual resulta pertinente examinar tanto el contenido del contrato como la forma en que se organizaba el servicio.
Esta exigencia guarda concordancia con lo desarrollado sobre la subordinación; lo relevante es acreditar que la empresa tenía la facultad de dirigir las labores encomendadas al dependiente, sin que sea necesario demostrar que impartió una orden específica para la actuación que ocasionó el daño.
La Casación Nro. 498-2019-Cajamarca (2020) permite apreciar la importancia de acreditar quién tenía la facultad de dirigir al personal que prestaba el servicio; al examinar si un convenio de servicios policiales justificaba incorporar a Minera Yanacocha como tercero civil, la Corte Suprema precisó que:
“las relaciones con la empresa […] son de mera coordinación” (fundamento quinto).
Los mandos policiales conservaban la facultad de disponer del personal y dirigir sus actuaciones; en consecuencia, el convenio no acreditaba que los efectivos estuvieran sujetos a la dirección de la empresa. Sobre esa base, la Corte declaró fundado el recurso de casación, casó el auto que había dispuesto su incorporación y, actuando en sede de instancia, confirmó la decisión que la había rechazado.
Este razonamiento reafirma la postura del autor del presente artículo y permite distinguir la facultad del principal para dirigir las labores encomendadas al dependiente de las coordinaciones necesarias para recibir una prestación; en ese sentido, acordar el resultado esperado de un servicio y verificar su cumplimiento no implica, por sí solo, que quien lo contrata tenga la facultad de impartir instrucciones al personal encargado de prestarlo y exigir que las cumpla.
En esa línea, cada medio probatorio debe valorarse atendiendo a lo que permite acreditar; vale decir, el contrato puede establecer quién estaba facultado para asignar los encargos y supervisar su ejecución; las comunicaciones y las órdenes de servicio pueden revelar quién impartía las instrucciones; mientras que los registros de trabajo pueden mostrar cómo se distribuían y realizaban las labores. De este modo, la valoración conjunta de estos medios permite explicar en qué se sustenta la facultad del principal para dirigir las labores del dependiente respecto del encargo vinculado con el daño.
Por consiguiente, la acreditación de la dependencia requiere sustentar una relación concreta de dirección; la denominación del contrato, el pago del servicio o el beneficio obtenido mediante la prestación deben apreciarse junto con las facultades que correspondían a la empresa. De este modo, la conclusión sobre la subordinación encuentra respaldo en la organización del trabajo y en los medios probatorios que permiten conocerla.
Establecida la relación de dependencia, corresponde examinar qué sucede cuando el dependiente incumple una instrucción recibida; en particular, si esa desobediencia basta para considerar que la conducta que ocasionó el daño dejó de guardar relación con las funciones encomendadas y si, por esa razón, corresponde excluir la responsabilidad del principal. Para abordar esta cuestión, debe atenderse al contenido del encargo y a las circunstancias en que se produjo el daño, conforme se desarrolla a continuación.
IV. LA DESOBEDIENCIA Y SU RELACIÓN CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS
Para resolver esta cuestión, resulta necesario distinguir la ejecución indebida del encargo de una conducta ajena al servicio; esta distinción permitirá valorar el efecto de la desobediencia sobre la responsabilidad del principal, atendiendo a las funciones confiadas al dependiente y a la forma en que se produjo el daño.
4.1. EL INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO
El encargo identifica la actividad que debe realizar el dependiente, en tanto que las instrucciones del principal establecen las condiciones de su ejecución; por consiguiente, el dependiente puede incumplir una instrucción mientras continúa desempeñando la función encomendada. Corresponde determinar, entonces, si la conducta que ocasionó el daño conservaba relación con el servicio confiado por el principal.
Al respecto, De Trazegnies Granda (2001a, T. I), al examinar las soluciones del derecho norteamericano, señala que:
“el empleador no puede sostener que el empleado está fuera del marco de sus funciones […] sólo porque actúa en contra de una prohibición expresa del patrón” (p. 536).
El planteamiento ofrece un argumento pertinente para interpretar el artículo 1981 c.c.; la existencia de una prohibición permite establecer qué conducta debía observar el dependiente; no obstante, su incumplimiento requiere examinar si el daño conserva relación con el servicio. En el ámbito jurisprudencial, la Casación Nro. 498-2019-Cajamarca (2020), al desarrollar esa vinculación, se refiere al:
“ejercicio normal o anormal de las funciones desarrolladas por el autor directo” (fundamento tercero).
Para apreciar esta distinción, se plantea un supuesto hipotético que servirá de referencia en los apartados siguientes: una empresa dedicada a la pintura de inmuebles, en calidad de principal, encomienda a uno de sus trabajadores, como dependiente, pintar una fachada. Antes de iniciar el trabajo, le ordena colocar lonas de protección para que la pintura no alcance a los vehículos estacionados junto al inmueble; aunque conoce la instrucción y dispone de los materiales necesarios, el dependiente decide comenzar sin instalarlas. Durante la ejecución del encargo, la pintura cae sobre el automóvil de un vecino y deteriora su acabado; el propietario del vehículo no mantiene una relación contractual con la empresa.
Para delimitar el supuesto, se considera que el automóvil estaba correctamente estacionado, los materiales de trabajo se encontraban en buen estado y el daño se produjo exclusivamente por la ejecución del encargo sin las protecciones indicadas; no concurrió una conducta del perjudicado, la intervención de otro tercero ni un acontecimiento externo que contribuyera a producirlo.
A criterio del autor, la instrucción incumplida por el dependiente establecía una precaución que debía observar durante la ejecución del encargo; haber omitido las protecciones no altera que continuaba realizando la labor de pintura confiada por el principal.
En consecuencia, el daño conserva su relación con las funciones encomendadas y, acreditados los demás presupuestos del artículo 1981 c.c., el principal deberá responder, aunque hubiera ordenado expresamente adoptar la medida que habría evitado el perjuicio.
4.2. LA CONDUCTA AJENA AL SERVICIO Y LOS LÍMITES DE LA ATRIBUCIÓN
La conclusión anterior exige precisar cuándo falta la vinculación entre el daño y las funciones encomendadas; esta delimitación permite establecer hasta dónde responde el principal por la actuación de su dependiente. Sobre este límite, De Trazegnies Granda (2001a, T. I) sostiene que:
“Parecería claro que el principal no responde cuando el daño ha sido producido por el que se encuentra bajo sus órdenes, en circunstancias que no tienen relación alguna con el encargo” (p. 535).
Para apreciar esta diferencia, puede plantearse una variante del supuesto desarrollado: el mismo dependiente, durante un día de descanso, daña deliberadamente el automóvil de un vecino con quien mantiene un conflicto de convivencia ajeno a su encargo. El hecho ocurre en un lugar distinto del inmueble cuya fachada debía pintar, sin desempeñar funciones encomendadas por el principal ni emplear los materiales que recibió para realizar ese servicio.
En estas circunstancias, el daño proviene de una conducta personal desvinculada de la labor de pintura; por consiguiente, no corresponde exigir al principal el resarcimiento con fundamento en el artículo 1981 c.c. El día de descanso y el lugar del hecho deben valorarse junto con la ausencia de relación con el encargo; encontrarse fuera de la jornada no demuestra, por sí solo, que la conducta sea ajena al servicio.
Sin embargo, la existencia de un propósito personal requiere una valoración distinta cuando el daño se produce durante la ejecución del propio encargo. Así ocurriría si el dependiente, mientras continúa pintando la fachada, omite deliberadamente las lonas para que la pintura deteriore el automóvil de una persona con quien mantiene una enemistad; en este supuesto, el propósito de perjudicar al propietario concurre con la realización del trabajo confiado por el principal.
A criterio del autor, el propósito personal de causar el daño no elimina, por sí solo, la vinculación con las funciones encomendadas; el dependiente continúa pintando la fachada y ocasiona el deterioro del automóvil al omitir deliberadamente la protección exigida para esa labor. En consecuencia, el dolo del dependiente no basta para excluir la responsabilidad del principal, quien deberá responder si concurren los demás presupuestos del artículo 1981 c.c.
Para sustentar esta conclusión, debe acreditarse que la pintura cayó sobre el automóvil durante la ejecución del encargo y que el deterioro se produjo por la omisión deliberada de las lonas; la sola circunstancia de que los materiales pertenezcan al principal o de que el dependiente se encuentre en el inmueble no demuestra esa vinculación.
Por tanto, la desobediencia o el propósito personal de perjudicar a un tercero no liberan, por sí solos, al principal; si el daño proviene de la ejecución indebida del encargo y concurren los demás presupuestos del artículo 1981 c.c., deberá responder. Cuando la conducta sea enteramente ajena al servicio, faltará la vinculación necesaria para atribuirle responsabilidad conforme a esta disposición.
Precisado este límite, corresponde examinar la relevancia de la experiencia del dependiente y de las medidas adoptadas por el principal para prevenir el daño.
V. LA DILIGENCIA DEL PRINCIPAL, LA SOLIDARIDAD Y EL DERECHO DE REPETICIÓN
Delimitado el alcance de la desobediencia, corresponde examinar la relevancia de la experiencia del dependiente y del cuidado observado por el principal al seleccionarlo, capacitarlo o supervisarlo. Ambos aspectos requieren una valoración diferenciada; la experiencia permite apreciar los conocimientos del dependiente, mientras que las medidas adoptadas por el principal permiten examinar cómo organizó y supervisó la ejecución del encargo.
Respecto del dependiente, la experiencia no demuestra que haya actuado diligentemente cuando produjo el daño; puede contribuir, en cambio, a establecer qué riesgos conocía y qué precauciones le eran exigibles. En el supuesto desarrollado, la capacitación para pintar una fachada y colocar las protecciones correspondientes permite valorar si el dependiente conocía el riesgo de deteriorar los vehículos cercanos y sabía cómo evitarlo; esos conocimientos deben relacionarse con la conducta que efectivamente desplegó al ejecutar el encargo.
En esa línea, cuando corresponda examinar la culpa conforme al artículo 1969 c.c., deberán considerarse las circunstancias concretas de la actuación. En el ejemplo, el conocimiento de la instrucción, la disponibilidad de las lonas y su omisión durante la ejecución del trabajo permiten sustentar la falta de cuidado del dependiente; la ausencia de intención de deteriorar el automóvil no descarta, por sí sola, esa responsabilidad. Asimismo, una trayectoria satisfactoria tampoco sustituye el examen de la conducta que ocasionó el daño.
Respecto del principal, Patrón (2005) cuestiona que la responsabilidad prevista en el artículo 1981 c.c. dependa de acreditar una culpa propia; al explicar por qué esa exigencia volvería innecesaria la disposición, señala que:
“idéntico resultado podría perfectamente alcanzarse sobre la base de la cláusula general de responsabilidad subjetiva contenida en el artículo 1969 del Código Civil” (p. 292).
En otras palabras, el artículo 1969 c.c. permite exigir al principal el resarcimiento cuando su propia falta de cuidado contribuye a causar el daño; por su parte, el artículo 1981 c.c. lo obliga a responder por el daño causado por su dependiente, aunque el principal haya actuado diligentemente, siempre que concurran los presupuestos de esta responsabilidad. En consecuencia, demostrar que seleccionó cuidadosamente al dependiente o que supervisó adecuadamente sus labores no basta para liberarlo de la obligación de resarcir prevista en el artículo 1981 c.c.
Aplicado al ejemplo, incluso si el principal acredita que seleccionó a un dependiente experimentado, le explicó la necesidad de colocar las lonas, le entregó los materiales y adoptó las medidas de supervisión exigibles, esas precauciones no desvirtúan la vinculación del daño con el encargo. Si se encuentran acreditadas la dependencia, la responsabilidad del dependiente por el deterioro del vehículo y la relación de ese daño con la labor de pintura, el principal deberá responder; su diligencia puede quedar demostrada sin que desaparezca la obligación de resarcir.
La capacitación y los protocolos conservan relevancia para prevenir daños y precisar cómo debía ejecutarse el encargo. En el ejemplo referido, el protocolo puede establecer la obligación de colocar lonas antes de pintar; su comunicación al dependiente, la capacitación efectivamente brindada y la disponibilidad de los materiales deben apreciarse mediante las pruebas correspondientes. La sola presentación del protocolo escrito no demuestra que el dependiente conociera la instrucción y contara con los medios necesarios para cumplirla.
A juicio del autor del presente artículo, la orden de colocar las lonas establecía una precaución que el dependiente debía cumplir al realizar la pintura; admitir que el principal queda liberado de responder con solo demostrar que impartió esa instrucción, aunque el dependiente la haya incumplido, supondría que acreditar su diligencia basta para excluir su responsabilidad. De aceptarse ese razonamiento, para exigirle el resarcimiento sería necesario demostrar que dio instrucciones inadecuadas o que no supervisó debidamente al dependiente, pese a que el artículo 1981 c.c. permite atribuir responsabilidad al principal sin acreditar su propia culpa.
En este sentido, los medios probatorios presentados por el principal deben valorarse atendiendo al hecho que permiten demostrar; acreditar que se ordenó utilizar las lonas demuestra una precaución exigida al dependiente, mientras que acreditar que la conducta que produjo el daño era enteramente ajena al servicio desvirtúa su vinculación con las funciones encomendadas. Tal distinción resulta indispensable; en el sentido que, demostrar la diligencia del principal y desvirtuar un presupuesto de su responsabilidad conducen a conclusiones diferentes.
Una vez acreditados los presupuestos del artículo 1981 c.c., el principal y el dependiente quedan obligados solidariamente al resarcimiento; conforme al artículo 1186 c.c., la víctima puede exigir su cumplimiento a cualquiera de ellos o a ambos.
En consecuencia, reclamar al principal no requiere acreditar previamente la insolvencia del dependiente; los pagos efectuados deberán considerarse para evitar que la víctima obtenga dos reparaciones por el mismo daño. Sobre la obligación que asume el principal, Fernández Cruz (2019) precisa que:
“Responder por el «hecho ajeno», no significa asumir una deuda ajena” (p. 195).
Conforme a esta explicación, el principal queda sujeto a una obligación propia impuesta por la ley; sin embargo, su cumplimiento frente a la víctima debe distinguirse de la determinación de cuánto corresponde asumir finalmente a cada responsable. Referida distinción permite examinar el derecho de repetición del principal que paga íntegramente la indemnización y la relevancia que puede adquirir la desobediencia al determinar el reembolso correspondiente.
Al respecto, la parte final del artículo 1981 c.c. establece que el principal y el dependiente responden solidariamente por el daño; en concordancia, el artículo 1983 c.c. reconoce que quien pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los demás responsables. En tal supuesto, corresponde al juez determinar la proporción que cada responsable debe asumir, atendiendo a la gravedad de la falta que le sea atribuible; cuando no sea posible diferenciar sus grados de responsabilidad, el importe se distribuirá por partes iguales.
Por consiguiente, el principal que satisface íntegramente el resarcimiento puede reclamar al dependiente el reembolso que corresponda, cuyo alcance deberá justificarse conforme a las circunstancias acreditadas.
Esta posibilidad también es reconocida en la Casación Nro. 2466-2021-San Martín (2023), que, al explicar las consecuencias de la responsabilidad civil solidaria, precisa que:
“la acción de repetición está habilitada y se regula por el artículo 1983 del Código Civil” (fundamento quinto).
En el supuesto de la pintura, la instrucción impartida, la entrega de las lonas y la decisión del dependiente de comenzar sin colocarlas pueden resultar relevantes para sustentar la pretensión de reembolso. Al respecto, la posición que defiende el autor del presente artículo es que estos hechos permiten valorar las consecuencias del incumplimiento entre ambos responsables; su acreditación no libera al principal frente a la víctima ni determina automáticamente que pueda recuperar la totalidad de lo pagado.
En cuanto a su tratamiento procesal, si la víctima demanda únicamente al principal, el artículo 102 del Código Procesal Civil, en adelante “c.p.c.”, permite formular denuncia civil para solicitar la incorporación del dependiente como responsable adicional, indicando su nombre y domicilio; si el juez admite la denuncia, el dependiente será emplazado conforme al artículo 103 c.p.c. y podrá ejercer su defensa; su incorporación no elimina la obligación solidaria del principal.
Cuando el principal pretende, además, que se resuelva el reembolso de lo que deba pagar en ejecución de sentencia, corresponde atender específicamente al aseguramiento de pretensión futura previsto en el artículo 104 c.p.c.; esta disposición permite solicitar el emplazamiento del tercero para que, en el mismo proceso, se resuelva también la pretensión formulada contra él; la incorporación del tercero al proceso se sujeta al trámite y a los efectos previstos en el artículo 103 c.p.c. En tal caso, deberá formularse y sustentarse expresamente la pretensión de reembolso, cuya procedencia corresponde evaluar al juez.
De este modo, la denuncia civil y el aseguramiento de pretensión futura permiten abordar la intervención del dependiente y la reclamación que el principal pueda ejercer contra él; estas posibilidades procesales deben mantenerse diferenciadas del derecho de la víctima a exigir el resarcimiento. La discusión sobre cuánto corresponde asumir finalmente a cada responsable no convierte la obligación del principal en subsidiaria ni obliga a la víctima a reclamar primero al dependiente.
En consecuencia, la experiencia del dependiente, la capacitación recibida y la diligencia del principal deben valorarse conforme a los hechos que permiten acreditar; en el supuesto desarrollado, las instrucciones impartidas y las protecciones proporcionadas no alteran que el daño se produjo durante la ejecución de la pintura encomendada.
Acreditados los presupuestos del artículo 1981 c.c., el principal deberá responder frente a la víctima; la desobediencia conservará relevancia para sustentar, en la relación con el dependiente, el alcance del reembolso que jurídicamente corresponda.
VI. CONCLUSIONES
La problemática planteada debe responderse señalando que la desobediencia del dependiente no excluye, por sí sola, la responsabilidad civil de la empresa; la posición que defiende el autor en estas líneas se sustenta en que, cuando el daño se produce durante la ejecución del encargo que dirige el principal y concurren los presupuestos del artículo 1981 c.c., el principal debe responder, aunque hubiera impartido instrucciones orientadas a evitarlo; el incumplimiento de esas instrucciones no elimina necesariamente la vinculación del daño con las funciones encomendadas.
Esta conclusión exige distinguir la ejecución indebida del encargo de una conducta enteramente ajena al servicio; en este último supuesto, faltará la vinculación necesaria para exigir responsabilidad al principal conforme a dicha disposición. El propósito personal del dependiente, el horario y el lugar del hecho deben valorarse atendiendo a la forma en que se produjo el daño, sin atribuirles un efecto excluyente automático.
Asimismo, la experiencia del dependiente y la diligencia del principal conservan relevancia para valorar la conducta y las medidas adoptadas; no obstante, una selección cuidadosa, la capacitación o la supervisión no bastan para liberar al principal cuando se encuentran acreditados los presupuestos de su responsabilidad objetiva.
El propio principal puede cuestionar la concurrencia de los presupuestos del artículo 1981 c.c., incluida la relación de dependencia o la vinculación del daño con las funciones encomendadas; también puede invocar y acreditar una eximente de la conducta antijurídica del dependiente o una ruptura del nexo causal, cuando resulten aplicables conforme al régimen de responsabilidad correspondiente. La decisión judicial debe explicar qué acredita cada medio probatorio y cómo incide en los requisitos de la obligación de resarcir.
Finalmente, la responsabilidad solidaria permite a la víctima reclamar el resarcimiento al principal, al dependiente o a ambos, sin obtener una doble reparación; esta protección debe distinguirse del derecho de repetición de quien paga íntegramente la indemnización. En esa relación interna, la desobediencia puede contribuir a determinar el reembolso correspondiente, sin que su acreditación garantice la recuperación de todo lo pagado ni altere la obligación del principal frente a la víctima.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LIBROS CONSULTADOS
- De Trazegnies Granda, F. (2001a). La responsabilidad extracontractual (7.ª ed., t. I). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- De Trazegnies Granda, F. (2001b). La responsabilidad extracontractual (7.ª ed., t. II). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Espinoza Espinoza, J. (2024a). Derecho de la responsabilidad civil (10.ª ed., t. I). Instituto Pacífico.
- Espinoza Espinoza, J. (2024b). Derecho de la responsabilidad civil (10.ª ed., t. II). Instituto Pacífico.
- Fernández Cruz, G. (2019). Introducción a la responsabilidad civil: Lecciones universitarias. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS ACADÉMICOS CONSULTADOS
- Aranda Rodríguez, A. M. (2008). Alcances sobre la responsabilidad civil en el caso de las sociedades mercantiles. Revista Oficial del Poder Judicial, 3(3), 109–122.
- Patrón, C. A. (2005). ¿Amo o sirviente? Consideraciones funcionales en torno a la responsabilidad vicaria a propósito del artículo 1981 del Código Civil. THEMIS Revista de Derecho, (50), 283–294.
- Salvador Coderch, P., & Gómez Ligüerre, C. I. (2002). Respondeat Superior II: De la responsabilidad por hecho de otro a la responsabilidad de la organización. InDret, (3), 1–22.
JURISPRUDENCIA
- Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Permanente. (2013, 06 de junio). Casación Nro. 4333-2011-Puno [Sentencia de casación].
- Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente. (2020, 17 de septiembre). Casación Nro. 498-2019-Cajamarca [Sentencia de casación].
- Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente. (2023, 11 de octubre). Casación Nro. 2466-2021-San Martín [Sentencia de casación].
